CEOE PIDE AL GOBIERNO CAMBIAR LA LEY

Presión para que Hacienda y Seguridad Social pierdan privilegios tras una quiebra

Los empresarios quieren que tanto la Seguridad Social como Hacienda pierdan privilegios a la hora de cobrar tras una quiebra. La CEOE ya se lo ha pedido formalmente al Gobierno

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. (EFE)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. (EFE)
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La patronal CEOE ha abierto un nuevo frente de negociación con el Gobierno. En concreto, ha planteado al Ejecutivo la necesidad de que la Administración pierda sus actuales privilegios a la hora de cobrar cuando una empresa se acoja al concurso de acreedores.

Los empresarios, en concreto, reclaman una modificación del artículo 280 de la nueva Ley Concursal, cuyo texto refundido se publicó el pasado 5 de mayo en el BOE, y que vuelve a situar a la Seguridad Social y a Hacienda como acreedores preferentes para actuar contra el patrimonio existente de la empresa que ha entrado en situación de quiebra.

La ley precisa que son créditos con privilegio general los salarios de los trabajadores afectados por el concurso, hasta el triple del salario mínimo interprofesional (2.850 euros mensuales), y las retenciones del IRPF y de las cuotas a la Seguridad Social impagadas. Es decir, que la ley sitúa la Administración en los primeros lugares a la hora de actuar contra la masa patrimonial que sobreviva en la empresa. Por detrás quedan los acreedores privados.

María Jesús Montero, junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi. (EFE)
María Jesús Montero, junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi. (EFE)

Lo que la CEOE pretende es que esta posición de privilegio la pierda la Administración en favor del sector privado con un argumento: en la actual coyuntura, muchas empresas a las que se les debe dinero irán a la quiebra, ya que cuando estén en condiciones de cobrar, el patrimonio de la empresa en concurso se habrá esfumado. Es decir, se teme que por los problemas de la empresa deudora acabe el acreedor en situación de insolvencia, lo cual significaría multiplicar por dos el problema.

Los impagos, de hecho, son hoy la gran amenaza que pende sobre la tesorería de muchas empresas, como acaba de poner de manifiesto el Banco de España en un informe en el que revela que una de cada tres empresas corre el riesgo de ser morosa.

La reivindicación de la patronal ya se puso de manifiesto en la cumbre empresarial celebrada antes de las vacaciones de verano por algunos participantes. Algo que debe interpretarse como un aviso a navegantes. Como se sabe, la presentación ante los juzgados de lo mercantil de los concursos de acreedores está hoy congelada por una moratoria que aprobó el Gobierno en los momentos más duros de la pandemia, cuando los tribunales estaban cerrados.

Las cicatrices de la crisis

En concreto, un real decreto-ley publicado en abril estableció que, hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma. Eso quiere decir que las cicatrices de la crisis sobre el tejido productivo no se dejarán ver con claridad hasta 2021, cuando los tribunales empiecen a tramitar las peticiones de quiebra.

Es más, el real decreto-ley, en aras de proteger las empresas con mayores dificultades de tesorería, estableció que, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, es decir, hasta el próximo 14 de marzo, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal.

La CEOE entiende que esta ‘hiperprotección’ de los deudores puede poner en riesgo el futuro de empresas que hoy son solventes, pero que entrarían en zona de riesgo si no son capaces de ponerse al día con sus deudores. De hecho, la ley aclara que el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación, aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso.

Este asunto, junto a la regulación del teletrabajo y, sobre todo, la extensión de los ERTE hasta más allá del 30 de septiembre, forma parte del paquete de reivindicaciones de la CEOE ante el Gobierno.

Moncloa ha previsto una nueva cumbre el próximo 4 de septiembre, a celebrar en Palma de Mallorca, pero como dicen fuentes de la patronal, esa reunión tiene un carácter más formal que de fondo. Se ha elegido la capital balear no por casualidad, sino porque se quiere visualizar la preocupación del Gobierno por el turismo, de ahí que en CEOE se hable más de una ‘foto’ que de un encuentro formal de trabajo. Las negociaciones sobre la duración de los ERTE se prologarán durante el mes de septiembre.

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