¿Hacienda nos roba? La rebelión de los alcaldes por gestionar su superávit

Cuando la clase política decide ignorar un problema económico, lo normal es que acabe estallando tarde o temprano. Ocurre con la temporalidad del mercado laboral cada vez que empieza una crisis, ocurrirá con las pensiones en los próximos años y está ocurriendo ahora con el remanente de los ayuntamientos. Desde el año 2012, los ayuntamientos acumulan superávit que no pueden gastar y que se ha quedado estancado en forma de depósitos en los bancos que, además, cuestan dinero. Al cierre del segundo trimestre habían acumulado más de 26.000 millones de euros.

Diversos economistas e instituciones llevan años alertando de esta situación insostenible, pero nada se ha hecho para solucionarlo. Mientras la economía iba bien, los problemas quedaban ocultos, ya que los ayuntamientos no sentían una gran presión por elevar su gasto. Sin embargo, todo estalló con la llegada de la crisis. Ahora los regidores tienen prisa por utilizar todos los recursos que han acumulado, y también el Gobierno central, que quiere utilizar todos los recursos disponibles para estimular la economía. Sin embargo, la ley de estabilidad lo impide y esto ha generado un conflicto político que era previsible desde hace años.

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Este problema surge por la confluencia de dos leyes incompatibles entre sí. La primera es la ley de estabilidad (LOEPSF) que obliga desde el año 2013 a contener el aumento del gasto público a través de la famosa regla de gasto. Los ayuntamientos partían entonces de un nivel de gasto muy reducido, ya que habían realizado un ajuste de más del 20% durante la crisis. El resultado es que la regla de gasto obligó a los consistorios a controlar los presupuestos partiendo de una posición muy baja.

La segunda es el sistema de financiación actual, que cede a los ayuntamientos los impuestos y tasas más estables, como es el caso del IBI o las tasas de basuras. Esto hace que sus ingresos oscilen muy poco durante las crisis, por lo que no existe aquí un estabilizador automático que sí tienen otras administraciones. Por ejemplo, en el caso del IVA o del IRPF (principal vía de financiación del Estado y las CCAA), la recaudación se reduce cuando cae el consumo o los salarios, lo que supone una inyección de fondos a empresas y familias. Los ayuntamientos no tienen estos estabilizadores automáticos, y si quieren bajar los impuestos, la ley de estabilidad los obliga a reducir los gastos en la misma cuantía.

De esta forma, la suma de las dos normativas provoca que ante una crisis, los ayuntamientos no puedan realizar una gestión anticrisis. Y claro, desde el punto de vista de la política, esto genera graves problemas que acaban estallando tarde o temprano. La solución propuesta por el Gobierno y aprobada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) con los votos de los regidores del PSOE es un apaño para que los consistorios puedan esquivar la regla de gasto. Un parche que no soluciona el problema, pero que permitiría movilizar los remanentes de los ayuntamientos.

En concreto, su propuesta consiste en que los ayuntamientos presten esos remanentes al Ministerio de Hacienda, que tiene una necesidad de liquidez tan elevada que podría utilizar esos fondos. A cambio, el ministerio crearía un fondo extraordinario de hasta 5.000 millones de euros que transferiría a los ayuntamientos de forma proporcional a la aportación que haya realizado cada uno. Este fondo se canalizaría a través de transferencias, no préstamos, lo que significa que aumentaría los ingresos disponibles de los ayuntamientos y así podrían elevar su presupuesto en la misma cuantía sin incumplir la regla de gasto. Además de este fondo extraordinario, el Ministerio devolverá el préstamo que haya realizado cada ayuntamiento en un plazo de 10 años ampliables a 15 años.

¿Hacienda nos roba?

Muchos alcaldes han protestado por esta solución acordada por el PSOE y podría acabar tumbada en el Congreso si la formación no encuentra aliados. Los regidores del PP han protestado con vehemencia acusando al Gobierno de realizar una "incautación", un "atraco a mano armada" y una "expropiación de los ahorros". Otros regidores han sido más comedidos en sus palabras, pero igualmente críticos, como es el caso de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, quien ha calificado el acuerdo del PSOE como "una falta de respeto".

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¿Está haciendo realmente una expropiación de los remanentes el Ministerio de Hacienda? En absoluto. De hecho, una expropiación de los remanentes sería ilegal y los diversos alcaldes podrían recurrir ante la justicia. Si no lo han hecho es porque realmente esta vía es legal y no una expropiación. Ahora bien, el Ministerio de Hacienda ha ideado una fórmula acorde a sus intereses, pero que podría ser más generosa con los ayuntamientos. En lugar de crear un fondo extraordinario de 5.000 millones, podría elevar esta cuantía, incluso llegando hasta la cifra que aporte cada municipio. De esta forma, los ayuntamientos podrían utilizar todo su remanente de forma íntegra y no solo los 5.000 millones que ofrece Hacienda.

Una expropiación de los remanentes sería ilegal y los diversos alcaldes podrían recurrir ante la justicia

Esta solución generaría un segundo problema: además de la transferencia del fondo extraordinario, Hacienda tendría que devolver el préstamo de los municipios. Sin embargo, esa liquidación podría abordarse a futuro, una vez superada la crisis, cuando habrá tiempo para reordenar la situación de las distintas administraciones sin las urgencias actuales.

En definitiva, la solución propuesta por el Ministerio de Hacienda podría ser más generosa, pero en ningún caso es una expropiación de los remanentes. Con la normativa actual, los ayuntamientos tienen vetado el uso de estos fondos, de forma que sería necesario cambiar la ley orgánica para que pudieran hacerlo. Abrir este 'melón' también tiene riesgos importantes. El primero, y más evidente, que la solución se retrasaría justo lo opuesto a lo que necesitan los ayuntamientos en este momento.

El segundo es que desde el punto de vista político es una reforma delicada porque muchos partidos quieren modificar esta ley que dejó aprobada el exministro Cristóbal Montoro. Sin ir más lejos, Unidas Podemos fue la primera formación que puso en marcha una iniciativa parlamentaria para tumbar la ley. Todo ello generaría un cisma en el Gobierno y dificultaría enormemente que el cambio de la norma llegara a producirse, volviendo otra vez al punto de partida con varios meses perdidos.

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En cualquier caso, la propuesta del ministerio no deja de ser un parche. La reforma del sistema de financiación y de la ley de estabilidad es inevitable, como ha quedado demostrado. Una opción es flexibilizar la regla de gasto y los objetivos de estabilidad para que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes en periodos de crisis. Sin embargo, el verdadero problema que existe actualmente no es que los ayuntamientos no puedan gastar todos sus recursos, sino que están sobrefinanciados. Año a año, durante casi una década, están ingresando más de lo que gastan (salvo casos concretos de municipios muy endeudados), lo que provoca un exceso de recursos para las competencias que tienen transferidas.

Una de las soluciones a este problema la propuso Escrivá cuando era presidente de la AIReF. En su opinión, si se tiene en cuenta que los ayuntamientos están sobrefinanciados y las comunidades autónomas están infrafinanciadas, tendría sentido rediseñar el reparto de competencias. Por ejemplo, los municipios podrían asumir algunos costes de la dependencia y así descargarían de gasto a las CCAA. Otra opción es reducir la financiación de los ayuntamientos para transferir una parte de esos fondos a las comunidades. Lo que no es sostenible desde el punto de vista político es que los ayuntamientos acumulen miles de millones de euros en tesorería que nunca puedan utilizar mientras otras administraciones tienen problemas de pago.