SEGÚN EL 'FINANCIAL TIMES'

Bruselas planea actuar contra los países de la UE con prácticas fiscales agresivas

Estas prácticas distorsionan la competencia en el mercado único y perjudican al resto de países del bloque, según informa el periódico británico 'Financial Times'

Foto: Parlamento Europeo (Efe)
Parlamento Europeo (Efe)

La Comisión Europea planea medidas para forzar cambios en los sistemas fiscales agresivos de algunos socios de la UE, como Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo, argumentando que estas prácticas distorsionan la competencia en el mercado único y perjudican al resto de países del bloque, según informa el periódico británico 'Financial Times'.

Los detalles de la iniciativa se conocerán este miércoles en una rueda de prensa por el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombvrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

Esta comparecencia tendrá lugar, precisamente, horas después de que la Justicia europea se pronuncie sobre las supuestas ventajas fiscales concedidas a Apple por parte de Irlanda, por las que Bruselas reclamó a Dublín que exija a la multinacional la devolución de 13.000 millones de euros.

Además, la Comisión Europea expondrá sus planes para combatir la evasión fiscal dentro del bloque tres días antes de la cumbre en la que los jefes de Estado y de Gobierno intentarán lograr un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción que relance la economía europea tras la pandemia de Covid-19.

En la actualidad, cualquier intento de armonización fiscal en la UE tiene que ser aprobado con la unanimidad de los Veintisiete, lo que da a cualquier país en la práctica el derecho a veto. Por eso se estancaron, por ejemplo, las negociaciones en 2019 para poner en marca un impuesto a las multinacionales digitales o el proyecto de directiva para impulsar una base armonizada del impuesto de sociedades.

116 del Tratado de Funcionamiento

Para sortear esta situación, y según el diario 'Financial Times', Bruselas planea recurrir al artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite "celebrar consultas" entre la Comisión Europea y los Estados miembros ante situaciones de "falseamiento de las condiciones de competencia en el mercado interior" que provoquen una "distorsión que deba eliminarse".

Con este instrumento, el Ejecutivo comunitario también podría proponer una directiva que le permita acabar con estas distorsiones y exigir cambios en los sistemas fiscales de países como Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda o Bélgica, que ya han sido señalados en el pasado por las autoridades comunitarias por su planificación fiscal agresiva.

Esta directiva tendría que ser aprobada por una mayoría cualificada de Estados miembros (y no por unanimidad) además de recibir el respaldo del Parlamento Europeo.

El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, no ha dado detalles sobre la iniciativa que será desvelada este miércoles pero sí ha apuntado que se trata de una "contribución importante" en la lucha evasión fiscal que Bruselas "desea poner en marcha para los próximos años" para apoyar las transiciones verde y digital.

Ayudas públicas

La Comisión Europea ha pedido este martes a los gobiernos de la UE que no concedan ayudas públicas en el marco de sus medidas de estímulo ante la crisis del coronavirus a empresas vinculadas con países incluidos en la lista europea de paraísos fiscales, que en la actualidad está integrada por doce jurisdicciones.

En la misma línea, Bruselas también aboga por aplicar restricciones en el caso de empresas que han sido condenadas por "delitos financieros graves", como fraude, corrupción o impago de impuestos y cotizaciones sociales, entre otros.

Se trata, sin embargo, de una recomendación por parte del Ejecutivo comunitario, puesto que corresponde a los Estados miembros decidir, en primer lugar, si destinan fondos públicos a ayudar a su tejido empresarial y, en segundo lugar, establecer condiciones para conceder este tipo de apoyo excepcional.

"Estamos en una situación sin precedentes, en la que se conceden a las empresas volúmenes excepcionales de ayuda pública en el contexto de la pandemia de coronavirus. Resulta particularmente inaceptable que las empresas receptoras de ayudas públicas mantengan prácticas de elusión fiscal en las que intervengan paraísos fiscales", ha defendido la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea. (EFE)
Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea. (EFE)

En particular, las orientaciones de la Comisión sugieren que "no deben recibir apoyo público las empresas que tengan vínculos con países y territorios" que estén considerados como paraísos fiscales. Para identificarlos, Bruselas aboga por utilizar la lista europea de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, creada en 2017.

En la actualidad, esta lista 'negra' está compuesta por Samoa Americana, Islas Caimán, Fiji, Guam, Omán, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas, Vanuatu y Seychelles.

Se trata de una recomendación por parte del Ejecutivo comunitario, puesto que corresponde a los Estados miembros decidir sobre las ayudas

El Ejecutivo comunitario aboga también por establecer una serie de condiciones a las que debería supeditarse la ayuda financiera, así como una serie de excepciones "estrictas" al criterio general para "proteger a contribuyentes honrados".

De esta forma, propone que empresas que mantengan vínculos con paraísos fiscales puedan acceder a las ayudas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si demuestran que han abonado los impuestos correctos o acreditan una presencia económica real en el país que forma parte de la lista 'negra'.

Aun así, las autoridades comunitarias aconsejan a los Estados miembros que introduzcan "sanciones adecuadas" para evitar que las empresas que soliciten ayudas faciliten información falsa e inexacta con el objetivo de beneficiarse de estas excepciones.

Los gobiernos europeos que adopten medidas en línea con estas recomendaciones tendrán que informar a la Comisión Europea, que elaborará un informe de impacto sobre las mismas en el plazo de tres años.

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