El coste de oportunidad de la incertidumbre

Malas noticias para el empleo: las empresas temen un golpe fiscal y una reforma laboral

Las políticas económicas del Gobierno se cuelan entre las principales preocupaciones de los empresarios de cara a los próximos meses, a la altura de la morosidad o la financiación

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
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La incertidumbre legislativa siempre es mala compañera para la economía, pero lo es mucho más si se produce en una coyuntura de crisis, ya que retrae las decisiones de inversión y la creación de empleo. En los últimos meses el Gobierno ha lanzado muchos mensajes contradictorios sobre los dos pilares fundamentales de la legislación económica: la laboral y la tributaria, lo que ha generado una profunda preocupación en el tejido productivo.

Así lo muestran los datos de la encuesta extraordinaria que ha realizado el INE para conocer la opinión de las empresas sobre el impacto de la crisis del coronavirus. Uno de los apartados recoge las preocupaciones de los gestores de las compañías de cara a los próximos meses, que es cuando debería asentarse la recuperación. El pesimismo todavía es generalizado y la gran inquietud sigue siendo la caída de la facturación. Sin embargo, entre las principales preocupaciones se cuela la política económica que pueda seguir el Gobierno de cara a los próximos meses. ¿Hasta qué punto puede asumir España en la actualidad un coste de oportunidad derivado de la incertidumbre normativa?

El 27% de las empresas señala que la fiscalidad es uno de los factores que puede tener un impacto negativo en su negocio durante los próximos seis meses. El nivel de preocupación por la tributación es el mismo que por la morosidad, lo que muestra hasta qué punto es una cuestión que está generando inquietud en las empresas.

El Gobierno ha sido muy claro en los últimos meses respecto a la fiscalidad de las empresas: quiere un endurecimiento generalizado de los impuestos para elevar la recaudación. Unos planes que se han reforzado desde el estallido de la pandemia del coronavirus, dado el nivel de déficit público que se está alcanzando. Entre las medidas más importantes que pondrá en marcha se encuentra la fijación de un tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades del 15% sobre el resultado contable positivo, que permitirá recaudar unos 1.800 millones de euros anuales, según las estimaciones de Hacienda.

El Gobierno también ha puesto en marcha dos nuevas figuras tributarias que afectarán a las empresas y que están ya en fase parlamentaria: el impuesto sobre servicios digitales ('tasa Google') y el impuesto sobre transacciones financieras ('tasa Tobin'), con los que pretende recaudar unos 2.000 millones de euros. Además de los impuestos específicos a las empresas, el Gobierno está estudiando endurecer la fiscalidad verde o elevar la base máxima de las cotizaciones a la Seguridad Social.

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La preocupación por el futuro de la fiscalidad es común a todos los sectores, de modo que siempre figura entre los principales retos para los próximos meses. En el caso del comercio, la fiscalidad es la segunda preocupación y en la hostelería es la tercera. En ambos casos se trata de sectores en los que la rentabilidad empresarial es muy baja, de modo que un endurecimiento en cualquier impuesto que aumente los costes puede ser la diferencia entre mantenerse en beneficios o caer en pérdidas.

Si se tiene en cuenta el tamaño de las empresas, la fiscalidad es la tercera preocupación para las microempresas de menos de 10 trabajadores. A medida que las empresas aumentan de tamaño están menos preocupadas por la fiscalidad, ya que son más rentables y tienen más capacidad para asumir un incremento de los costes tributarios.

Las vueltas de la reforma laboral

Junto con la fiscalidad, la normativa laboral se sitúa también entre las principales preocupaciones de las empresas (es la quinta), llegando a afectar a más del 23% de las firmas encuestadas por el INE.

En el caso de la normativa laboral, los planes del Gobierno no están tan claros. El Grupo Parlamentario Socialista firmó con EH Bildu la derogación total y antes de fin de año de la reforma laboral del año 2012, lo que estuvo a punto de romper el diálogo social con la CEOE. El Gobierno rectificó rápidamente y ha aparcado las propuestas de derogación total de la norma, pero algunos responsables de Unidas Podemos todavía aseguran que derogarán la reforma laboral en un plazo corto de tiempo.

Para las empresas, el riesgo a un cambio en la regulación laboral supone una gran incertidumbre en un momento que ya es muy complicado como consecuencia de todas las normativas aprobadas para paliar la crisis del coronavirus. Este es el motivo por el cual la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, calificó de “absurdo y contraproducente abrir este debate [de la derogación de la reforma laboral]”.

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La normativa laboral todavía tiene por delante meses muy complicados y suficiente incertidumbre como para añadir más. El primer reto es regular el teletrabajo después del ‘boom’ provocado por el confinamiento. Pero después del verano, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales tendrán que decidir qué pasará con los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) extraordinarios aprobados para proteger las rentas de empresas y trabajadores. Estos expedientes vencen el próximo 30 de septiembre y a finales de junio todavía quedaban 377.000 empresas acogidas a un ERTE y más de 1,8 millones de trabajadores protegidos.

Al contrario de lo que ocurre con la fiscalidad, la preocupación por la regulación laboral es creciente en las empresas con más asalariados. Para todas las empresas de más de 50 trabajadores, los cambios en la normativa del empleo son la segunda preocupación más importante, solo por detrás de la caída de la demanda interna. Esto demuestra hasta qué punto la reforma laboral es una cuestión capital para la parte más importante del tejido productivo y cómo puede afectar al empleo.

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