NO HA TRASPUESTO LA DIRECTIVA

Bruselas pide multar a España por incumplir normas europeas de registro de pasajeros

La CE lleva a España ante la justicia europea y pide una multa por no trasponer la directiva europea PNR de control de nombres de los pasajeros, una norma con fines antiterroristas

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España es el único país de la Unión Europea que todavía no ha traspuesto la directiva comunitaria sobre el registro de datos de los nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves, una normativa europea que España debería haber traspuesto en mayo de 2018. Esa es la razón por la que la Comisión Europea ha decidido llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo.

La norma europea, conocida como Directiva PNR, establece reglas para la transferencia de datos de los nombres de pasajeros, la información que estos dan a las aerolíneas, para el procesamiento de estos datos por parte de los miembros de la UE “exclusivamente con fines policiales y en pleno respeto de las salvaguardas de protección de datos”. La Comisión Europea lo considera “es una herramienta vital en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave, ya que ayuda a rastrear patrones de viaje sospechosos e identificar posibles delincuentes y terroristas, incluidos aquellos previamente desconocidos por las autoridades policiales”.

En 2016 el Parlamento Europeo dio luz verde a la Directiva PNR a la que, durante mucho tiempo, se había estado oponiendo. Pero todo había cambiado. Los atentados de París y Bruselas pusieron en marcha todos los mecanismos para que la Unión Europea reforzara su lucha antiterrorista, y uno de los puntos que incluyó ese intento por reforzar la agenda europea de seguridad fue el control de datos de los viajeros.

En julio de 2018 el Ejecutivo comunitario abrió un procedimiento de infracción contra España y otros países, enviando un dictamen motivado en enero de 2019. Pero más de dos años después del 25 de mayo de 2018, la fecha límite con la que contaban todos los Estados miembros para trasponer la directiva, España es el único país que todavía no ha comunicado “la adopción de todas las medidas necesarias”. De hecho, la Comisión Europea ha cerrado este jueves los expedientes de los otros dos países que todavía no cumplían: República Checa y Austria.

El 11 de junio el Congreso de los Diputados dio el visto bueno para iniciar el trámite para aprobar la ley de registro de pasajeros después de que en febrero el Gobierno aprobara un proyecto de ley para su tramitación parlamentaria urgente.

La Comisión Europea pide ahora a la alta corte de Luxemburgo que imponga sanciones financieras sobre España. A la hora de calcularlas se tiene en cuenta la gravedad y la duración de la infracción, así como otros elementos, como el PIB del país y el número de eurodiputados con el que cuenta. La Comisión Europea propone a la corte una sanción, que se compone de una parte que España debe pagar por el retraso acumulado, y una multa diaria que debe abonar por cada día que se siga sin subsanar la infracción después de la sentencia del TJUE.

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