La recaudación de las CCAA por la compraventa de viviendas se hunde un 33%

La crisis del coronavirus dejará un profundo agujero en las cuentas de las administraciones públicas que tardará años en recuperarse. Durante el mes de abril, la actividad económica se redujo al mínimo y muchos sectores permanecieron cerrados durante la mayor parte del mes. Es el caso, por ejemplo, del sector inmobiliario. Las medidas de confinamiento paralizaron las nuevas operaciones, que solo se han retomado con la desescalada.

Con el mercado de la vivienda congelado también se paró en seco la recaudación de las comunidades autónomas como consecuencia del hundimiento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD). Esta figura tributaria es una de las principales fuentes de ingresos de las regiones con los impuestos cedidos. Durante las épocas de crecimiento económico es un tributo muy ‘generoso’, ya que grava las compraventas de inmuebles de segunda mano. Sin embargo, su elevada 'prociclicidad' hace que durante las crisis sufra fuertes contracciones.

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En esta ocasión, las medidas de confinamiento paralizaron las nuevas operaciones, de modo que en abril simplemente se remataron las ventas iniciadas antes del estado de alarma. El resultado es que la recaudación obtenida por las comunidades autónomas del Régimen Común a lo largo del mes no llegó a 450 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

Se trata de la recaudación más baja de este tributo en un mes de abril desde el año 2013, cuando España todavía estaba saliendo de la crisis provocada por el boom del ladrillo. Si se tiene en cuenta que los precios de la vivienda acumulan siete años de crecimiento continuado, se comprende perfectamente la magnitud de la caída.

En comparación con el mes de abril de 2019 la caída de la recaudación asciende al 33%. Y eso que en abril de 2019 ya sufrió una importante caída, superior al 14%, como consecuencia de la modificación de la ley hipotecaria. Esto significa la pérdida de más de 220 millones de euros de ingresos tributarios para las comunidades autónomas. Si se compara con la recaudación lograda en marzo, la caída es del 22%.

Las regiones se han preparado para recopilar datos muy negativos en mayo y junio, ya que el sector tarda un tiempo en reactivarse tras la entrada en la nueva normalidad. No solo eso: la caída de la confianza de los hogares y la pérdida de rentas podría prolongar la caída de la demanda y de los precios del sector inmobiliario, lo que pasará factura a este tributo. En 2019 lograron unos ingresos gracias a esta figura tributaria que superaron los 9.200 millones de euros. Si este año no mejora rápidamente tras el estado de alarma, será complicado que supere los 7.000 millones, cifras que no se veían desde el año 2007.

Las comunidades autónomas están sufriendo un auténtico desplome de la recaudación. En algunos casos es consecuencia de la caída de la actividad económica, como es el caso del ITP y AJD; pero en otros responde a la paralización de los procedimientos administrativos. Es el caso de uno de los impuestos autonómicos más polémicos, el de sucesiones y donaciones. Su recaudación en abril fue de apenas 73 millones de euros, un 62% menos que en el mismo mes de 2019.

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Para contrarrestar la caída de los ingresos así como el aumento de los gastos derivados del coronavirus (las CCAA tienen transferidas las competencias sanitarias), el Estado realizó una importante transferencia de recursos en abril. En concreto, las regiones ingresaron casi 14.500 millones de euros a lo largo del mes, lo que supone un tercio más que en 2019. Por el contrario, sus gastos ascendieron a 13.800 millones de euros, un 15% más.

Sin embargo, este incremento de los ingresos tiene trampa, ya que fue consecuencia de unas entregas a cuenta muy generosas que no respondían a la caída de la recaudación tributaria. Estas entregas a cuenta infladas se corregirán cuando entre la financiación extraordinaria aprobada por el Ministerio de Hacienda a través del Fondo Covid-19. En ese momento, el Gobierno podrá actualizar las entregas a cuenta para ajustarlas a los ingresos reales y así evitar que tengan que devolver todo el exceso de financiación en 2022 cuando se liquide el sistema de financiación.