¿Pelotazo o trampolín anticrisis? Empieza la batalla autonómica por la construcción

Empieza la batalla entre comunidades autónomas por atraer a los constructores y a los promotores urbanísticos como receta para salir de la crisis. Lo que hace un mes eran casos individuales, hoy es una cascada. Andalucía, Comunidad de Madrid, Baleares, Murcia, Castilla y León… Todas han redactado (y aprobado ya en algunos casos) proyectos de ley para aligerar drásticamente las trabas administrativas para edificar, ya sea una segunda residencia en el campo o un gran polígono industrial.

Nadie quiere perder el tren del ladrillo. O el tren de la inversión, como subrayan los gobiernos regionales. Ambas descripciones son ciertas y por eso se ha abierto el melón de la polémica. ¿Estamos ante una nueva oleada de especulación inmobiliaria impulsada por la desregulación o ante una palanca imprescindible para reactivar la economía?

La construcción ha de ser uno de los motores para salir de esta crisis

“Llevábamos mucho tiempo reclamando estas medidas, es un paso muy necesario para estimular la inversión. No podíamos seguir con este nivel de carga burocrática y retrasos en los proyectos que lo único que hacían era encarecer el precio final para el comprador”, afirma Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). “El concepto ‘ladrillo’ está muy estigmatizado y es un término que ya no define la realidad del sector inmobiliario”.

Y subraya: "Como todos los sectores, hemos aprendido de los errores. Quien quiera buscar la polémica en estas iniciativas autonómicas es por mala intención o por desconocimiento de la estructura económica de este país. Hay 1,8 millones de personas en este sector, todas tan decentes como cualquier otra. Fabricantes de suelos, ventanas, puertas, tabiques, electricistas, fontaneros… Ninguno se merece que se le descalifique con lo de ‘ladrillazo’. Ya hemos pagado los errores del pasado. La construcción es una actividad fundamental de nuestra economía y es lógico que se fomente como se hace con otros pilares clave. Ha de ser uno de los motores para salir de esta crisis".

En algunos casos, más que el ladrillo el problema es la desregulación ambiental. Castilla y León, el último en anunciar la presentación de un decreto ley en su parlamento, ha puesto los pelos de punta a los colectivos ecologistas por poner la alfombra roja a cualquier tipo de industria, incluidas las macro explotaciones ganaderas.

“En la práctica, Castilla y León se carga los informes de impacto ambiental. Un ejemplo lo tenemos en Soria, donde se está tramitando una granja de 20.000 cabezas de bovino en el pueblo de Noviercas. Con este nuevo decreto, podrían empezar a construir mañana mismo con una simple licencia de obras del ayuntamiento. Es una barra libre espeluznante”, indica Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción en dicha comunidad. Ceballos se refiere al Decreto-ley 4/2020, “de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León”, que debe ser aprobado por el parlamento autonómico.

La tercera ola desreguladora

“Estamos ante la tercera corriente desreguladora para salir de una crisis, primero para salir de las crisis de los noventa mediante la ley del suelo de Aznar, la del ‘todo es urbanizable’ que fue el origen de la burbuja inmobiliaria, y luego la siguiente oleada para salir de la crisis de 2008, que con la aprobación de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental dio un golpe a la sostenibilidad urbanística. Y ya sabemos cómo terminan estas iniciativas”, advierte Jaime Doreste, abogado especialista en derecho ambiental. “La diferencia es que las dos anteriores fueron impulsadas por la legislación estatal y esta última está impulsada por los gobiernos autonómicos, ya que tienen las competencias para hacerlo. No esperamos ver ahora las salvajadas de antaño, si consideramos, claro, que la operación Chamartín y otras del estilo que están surgiendo no son tal. Lo que sí sabemos es que con estos movimientos al final quien pagará el pato es el de siempre: nuestro medio ambiente”.

No esperamos ver ahora las salvajadas de antaño, pero quien paga el pato siempre es el medio ambiente

“En una misma semana, en Aragón y Castilla y León se han publicado 10 anuncios de información pública en los correspondientes boletines oficiales para autorizaciones ganaderas, proliferan a una velocidad tremenda”, prosigue Doreste. “Unas comunidades autónomas se van copiando a las otras para no quedar rezagadas en un momento tan delicado. No puedes sustituir, por ejemplo, todas las licencias urbanísticas por declaraciones responsables por parte del promotor, eso atenta contra la ley estatal del suelo y se está haciendo en todo el país. Con la excusa del covid se están perpetrando decretos y cambios de normativa muy preocupantes. Por ejemplo, en Andalucía, anteriormente, para construirte un chalé en terreno rústico, te obligaban al menos a comprarte un burro para justificar que tienes una actividad agropecuaria, pero ahora ya ni eso, puedes construir lo que te dé la gana a calzón quitado. Esto provocará una dispersión territorial enorme”.

Las declaraciones responsables son la medida estrella para reactivar la construcción. La Comunidad de Madrid ha insistido mucho en este punto para “agilizar los procedimientos de gestión de trámites y creación de empresas”. Una vez aprobada la nueva ley de suelo a finales de año, ya no habrá que esperar hasta 18 meses para obtener una licencia de obra, o hasta cinco meses para una licencia de primera ocupación. El promotor rellena una declaración responsable y puede acometer el proyecto. En muchos países europeos es una práctica normalizada desde hace años. No solo es Madrid, también Baleares, Canarias, Andalucía y Valencia, entre otros, apuestan fuerte por esta medida. Cataluña ya la venía aplicando mediante el ‘acto comunicado’.

Debemos quitarnos el estigma del ‘ladrillazo’, de pensar que miles de profesionales buscan dar un pelotazo para lucrarse

“Es cierto que varias medidas de agilización administrativa han coincidido en el estado de alarma, aunque otras ya estaban sobre la mesa antes”, indica el secretario general de APEC. “Canarias, Cataluña, también Zaragoza, venían aplicando ya las declaraciones responsables y eso no ha provocado ningún abuso por parte del promotor, no se ha tenido que derribar ningún edificio por ser ilegal. Los cambios autonómicos mantienen la misma seguridad jurídica pero adaptándose a las nuevas necesidades. Por eso insisto en que debemos quitarnos el estigma del ‘ladrillazo’, de pensar que miles de profesionales inmobiliarios lo único que buscan es dar un pelotazo o saltarse la ley para lucrarse. Estas personas dan empleo a miles de trabajadores y aportan valor a la sociedad. ¿Si ellos no regeneran los barrios, si no construyen vivienda e instalaciones industriales, quién lo hace?”.

El suelo rústico en la diana

“La flexibilización de suelo rústico, que es una parte importante de los decretos que estamos viendo, nos aboca a un panorama paisajístico parecido al de Galicia o Canarias, donde no dejas de ver casas en ningún momento cuando vas por la carretera. Antes quien quería una casa en el campo tenía que echar mano de alguna triquiñuela, pero ahora no. No niego que algunos trámites deben ser agilizados, pero no de este modo. ¿Y si un promotor hace una declaración responsable para una obra y destruye un elemento digno de protección patrimonial con el que no contaba? Ya será tarde. Los legisladores autonómicos contemplan la legislación ambiental como un capricho de ricos cuando vienen tiempos duros, y esa desprotección tiene afectaciones sobre la salud pública”.

Un ejemplo de que la construcción puede repuntar en tiempo récord en mitad del batacazo económico es la adquisición de 250 hectáreas en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) por parte de David y Simon Reuben, una de las mayores fortunas del Reino Unido. Planean un gran desarrollo urbanístico en uno de los enclaves ambientales más privilegiados de la Comunidad de Madrid para levantar 650 viviendas y un hotel de 7.350 m2. Es ante este tipo de proyectos en que los grupos ecologistas y los abogados en derecho ambiental tuercen el gesto al ver la desregulación que promueven de casi todos los gobiernos autonómicos, sean del color que sean.

“Los decretos ley aprobados por un parlamento autonómico están muy blindados, hay que acudir al Tribunal Constitucional para impugnar un decreto y no cualquier colectivo puede hacerlo. Deben ser 50 senadores quienes lo soliciten”, apunta Ceballos, de Ecologistas en Acción. “Aun así, vamos a intentar que el Constitucional anule un abuso como el ‘decretazo’ de Castilla y León”, adelanta. Los grupos ecologistas ya están moviendo los hilos para detener los cambios normativos en varias comunidades autónomas.