Dos millones de trabajadores en vilo

La brecha entre Gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE asciende a 4.000M

El Gobierno no esperaba destinar más de 2.300 millones a financiar las cuotas de los trabajadores en ERTE, pero la prolongación durante todo el verano tendría un coste muy superior

Foto: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)
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“En este momento, el problema está en el tejado del Ministerio de la Seguridad Social”. Con esta frase, describió Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, el obstáculo en las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para cerrar la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. El Ejecutivo ha rechazado hasta en dos ocasiones la propuesta conjunta de los sindicatos y los empresarios, para prorrogar los expedientes tal y como están actualmente.

El motivo no es otro que el excesivo coste presupuestario que tendría la medida. Las cuentas públicas están ya en una situación límite y tendrían muy difícil enfrentarse a un rebrote del virus en el futuro. De ahí que el Ejecutivo quiera ser prudente con las medidas expansivas durante los próximos meses de desescalada. El Ministerio de Seguridad Social estimó que el coste de las exoneraciones en las cuotas tendría un impacto presupuestario de 2.200 millones de euros y así se lo comunicó a la Comisión Europea cuando presentó su Programa de Estabilidad.

Sin embargo, esa cifra solo permite el sostenimiento de las exoneraciones durante el estado de alarma, pero es claramente insuficiente para financiar las exoneraciones durante el verano. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también realizó una estimación del coste de esta medida, pero en su caso estimó que la duración media de los ERTE no sería inferior a tres meses y medio, anticipando que no se podrían retirar de forma temprana a pesar de la desescalada. Si se tiene en cuenta que hasta junio se ha levantado en torno a un tercio de los expedientes, es posible que su estimación también se haya quedado corta.

La AIReF prevé que el coste en cotizaciones oscilará entre 6.200 y 6.800 millones en función de la duración media de los mismos: 3,5 meses o cuatro meses respectivamente. Esto significa una desviación respecto a las previsiones iniciales del Gobierno de, al menos, 4.000 millones de euros. Un desfase muy importante si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el coste del ingreso mínimo vital durante un año completo se estima en 3.000 millones de euros.

La prórroga de los ERTE de fuerza mayor generaría una desviación de 4.000 millones respecto a las previsiones de la Seguridad Social

Las previsiones de la Seguridad Social se asentaban sobre la base de que los ERTE se levantarían con el fin del estado de alarma. No será así, ya que seguirán en vigor, al menos, hasta el 30 de junio, como acordó con sindicatos y patronal. Esa desviación era asumible dentro de las estimaciones iniciales de déficit. Sin embargo, ampliar todas las ayudas hasta septiembre pone al ministerio en una situación muy delicada.

A fecha de 15 de junio, todavía quedaban dos de cada tres beneficiarios del ERTE cobrando una prestación. Aunque muchos se reactivarán en los próximos días, seguirá suponiendo una gran merma de recursos para la Seguridad Social, a menos que se eliminen estas ayudas.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, saluda al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. (EFE)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, saluda al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. (EFE)

Al contrario que la Seguridad Social, las previsiones sobre el gasto en prestaciones de los ERTE que realizó el Ministerio de Trabajo sí contemplan una prolongación de las ayudas durante el verano. En concreto, el Programa de Estabilidad estima un gasto total de las ayudas de 17.600 millones de euros, en línea con la previsión de la AIReF, que contempla un gasto de 17.900 millones si los ERTE tienen una duración media de cuatro meses. De ahí que Trabajo no ponga problemas a la prórroga de los expedientes hasta el 30 de septiembre, como han pedido sindicatos y empresarios.

La negociación

La última propuesta que trasladó el Gobierno a los agentes sociales ya no contempla la eliminación de las exenciones a los ERTE de fuerza mayor totales. Estos pasarían a convertirse en ERTE por causas objetivas (ETOP), pero contarían igualmente con una exoneración para la cotización de las empresas. En cualquier caso, las empresas ya no se ahorrarían la cotización de los trabajadores que sigan en ERTE. Actualmente, las pequeñas empresas tienen el 100% exonerado, y las grandes, el 75%.

A cambio de mantener las ayudas, la Seguridad Social quiere introducir incentivos a la reincorporación de trabajadores, para que las empresas no prolonguen la vuelta del empleo. En concreto, su propuesta pasa por mejorar la exoneración de los trabajadores readmitidos y penalizar la de quienes siguen inactivos.

Pero los agentes sociales se niegan en redondo a esta solución, ya que consideran que la reincorporación de los trabajadores no dependerá de los incentivos que introduzca el Gobierno sino de la recuperación de la demanda. “Las empresas no necesitamos que nos quiten la cotización de los trabajadores que reincorporemos, porque si contamos con ellos es porque tenemos actividad como para mantenerlos”, explica una fuente de la CEOE. “Lo que necesitamos es no pagar las cuotas de aquellos trabajadores que no podemos reincorporar”, añade.

Lo que necesitamos las empresas es no pagar las cuotas de aquellos trabajadores que no podemos reincorporar

Para la Seguridad Social, perder estos ingresos hipotéticos que lograría volviendo a cargar las cuotas a las empresas puede terminar siendo una decisión muy costosa si termina provocando despidos. Además, los trabajadores que actualmente están acogidos a un ERTE tendrían derecho a una prestación contributiva de la Seguridad Social, lo que significaría que el Estado tendría que hacerse cargo también de sus cotizaciones íntegramente. Una situación que no ocurre actualmente en las empresas de más de 50 trabajadores, que asumen el 25% de las cuotas. De ahí que el diseño de los ERTE vaya a ser clave, no solo para la recuperación económica, también para las cuentas públicas.

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