La Junta de Andalucía estudia recurrir al Constitucional la gestión del ingreso mínimo

El ingreso mínimo vital (IMV) ha quedado aprobado hoy en el Boletín Oficial del Estado, pero todavía es muy pronto para cantar victoria. El lío de las competencias autonómicas y la cesión de la gestión al País Vasco y Navarra ha despertado el recelo en el resto de comunidades autónomas, que protestan por un evidente trato de favor a los dos territorios forales. El más contundente hasta ahora ha sido la Junta de Andalucía que está elaborando un informe para recurrir esta prestación ante el Tribunal Constitucional.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de Andalucía, Juan Marín, durante un desayuno organizado por Europa Press. La Consejería de Empleo de la Junta lleva dos días elaborando un informe que valore la probabilidad de que el Estado esté asumiendo una competencia autonómica y, por tanto, de que el caso pueda prosperar. "Si tenemos que recurrirla, lo haremos", ha señalado Marín, "no sabemos hasta qué punto entra en competencia con las competencias que tenemos las comunidades autónomas, pero yo creo que sí".

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno vincula la subida del ingreso mínimo a las pensiones no contributivas

Javier G. Jorrín

Las comunidades autónomas tienen autoridad para reclamar ante el Tribunal Constitucional cualquier injerencia en las competencias autonómicas, de hecho, no sería la primera vez que ocurre. Por ejemplo, el País Vasco recurrió la ayuda del programa de activación para el empleo, creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2014. El Ejecutivo vasco también reclamó por invasión de competencias y finalmente ganó en los tribunales en el año 2018.

El problema es que las competencias de las políticas activas de empleo están transferidas a las CCAA y el Estado puede asumir las políticas de prestación social. El ingreso mínimo vital se ha construido precisamente como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, pero el objetivo de la misma no es solo ayudar a las familias más precarias, sino también incentivar el empleo. De hecho, la ayuda está vinculada a la búsqueda activa de empleo.

Queremos que se nos permita hacer exactamente lo mismo que al País Vasco y Navarra

Esta vertiente de la medida puede chocar con las competencias autonómicas. Es lo que está estudiando actualmente la Junta de Andalucía y que podría recurrir en los próximos días ante el Tribunal Constitucional. Si finalmente opta por llevar la ayuda al TC, no significará que la prestación esté en riesgo, pero sí su gestión. Si el fallo definitivo diese la razón a la Junta de Andalucía, el Estado tendría que ceder la gesión de esta ayuda a todas las comunidades autónomas, no solo al País Vasco y Navarra, de modo que fuesen ellas quienes ejecutasen esta competencia, aunque sea la Seguiridad Social quien lo pague. Aunque se interponga el recurso ante el Tribunal Constitucional, la prestación comenzará a funciona este mes de junio hasta conocer la senencia definitiva.

TE PUEDE INTERESAR

¿Es una buena idea el ingreso mínimo vital? Esto dicen los estudios hechos hasta ahora

Javier G. Jorrín

La Junta de Andalucía lograría así tener el mismo nivel de competencia que las dos comunidades forales que han logrado un trato diferenciado por parte de la Seguridad Social. "Queremos el mismo trato que los vascos o los navarros: queremos hacer lo mismo y que se nos ofrezca el mismo trato". La posición de Andalucía es compartida por otras seis comunidades autónomas, que han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mismo trato que a País Vasco y Navarra. Son Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Cantabria.

El Gobierno ha incluido en el Real Decreto-ley 20/2020 por el que crea el IMV, la posibilidad de estudiar fórmulas de gestión autonómicas a partir del año 2021. "El Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital", señala el BOE. Una medida que puede llegar muy tarde si finalmente las comunidades optan por un recurso anticipado.