Para su revalorización anual

El Gobierno vincula la subida del ingreso mínimo a las pensiones no contributivas

La renta garantizada mínima de los beneficiarios será de 462 euros al mes, equivalente a la pensión mínima no contributiva en 12 pagas, y su revalorización se vincula anualmente a esta

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE)
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Después de meses de negociaciones y anuncios, el ingreso mínimo vital (IMV) ha quedado aprobado definitivamente. España cumple así con una de las principales carencias de su Estado del bienestar: las ayudas a las familias en situación de pobreza, especialmente a aquellas con hijos. El Gobierno ha decidido vincular esta prestación a la pensión no contributiva, de modo que tanto el ingreso mínimo como su revalorización anual quedan vinculadas a esta pensión, que es la que más ha subido en los últimos años.

Así figura en el borrador del real decreto-ley del Gobierno que aprueba la creación de esta renta mínima al que ha tenido acceso este periódico. Esta decisión es muy importante, ya que desvincula esta ayuda del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) al que se vinculan otras ayudas públicas, como las ayudas a la vivienda, becas o prestaciones por desempleo. Este indicador lleva una década prácticamente congelado y, por tanto, perdiendo poder adquisitivo.

Al contrario que el IPREM, las pensiones mínimas se revalorizan anualmente para proteger el poder adquisitivo de los jubilados que están en una situación más delicada. Pero no solo eso, en los últimos años se han aprobado subidas significativas de las pensiones mínimas no contributivas muy superiores a la inflación, para así proteger a los beneficiarios que no tienen más ingresos. Por ejemplo, en 2018 y 2019 la pensión no contributiva subió un 3% cada uno de los años, mientras que la inflación en estos años fue del 1,7% y el 0,7% respectivamente.

El ingreso mínimo vital queda así vinculado a la prestación que más rápido está subiendo en los últimos años y que más subirá en los próximos

Esto significa que el ingreso mínimo vital queda así vinculado a la prestación que más rápido está subiendo en los últimos años y que previsiblemente seguirá haciéndolo en los próximos. La pensión mínima no contributiva se fija anualmente en los presupuestos generales del estado, aunque también la puede modificar el Gobierno de turno por real decreto ley si no consigue aprobar sus PGE y tiene que recurrir a la prórroga automática. Esto fue justo lo que ocurrió este año, cuando el Gobierno decidió limitar la revalorización de las pensiones no contributivas al 0,9%, exactamente igual que el resto de pensiones, de modo que se quedó sin aplicar la subida del 3% incluida en la prórroga presupuestaria.

La pensión no contributiva asciende a 395,6 euros mensuales en 14 pagas, ya que los pensionistas tienen las extras de verano y navidad. El ingreso mínimo vital tendrá 12 pagas, por lo que, prorrateado, da como resultado los 461,53 euros al mes que será la renta garantizada mínima de esta ayuda.

En el caso del IMV es importante el concepto de 'renta garantizable', ya que se trata del umbral mínimo de ingresos que tendrá cada hogar sumando la prestación de la Seguridad Social y sus propios ingresos. Así, una familia que tiene una renta mensual de 200 euros tendrá un complemento con el IMV de 262 euros para llegar a la renta garantizada.

A partir de esta cuantía base se aplican unos coeficientes adicionales para los hogares con varios miembros y con hijos a cargo. Por ejemplo, un hogar con un adulto y un hijo a cargo multiplicará esta ayuda mínima por 1,52. En el caso de hogares con dos adultos y tres o más hijos menores a cargo, la ayuda se multiplica por 2,2. Esto significa que todas las prestaciones del ingreso mínimo vital están vinculadas con la ayuda base y, por extensión, con la pensión no contributiva.

500 millones para empezar

Según los cálculos de la Seguridad Social, el IMV tendrá un coste anual de 3.000 millones de euros para las arcas públicas, que se financiará directamente con los presupuestos generales del estado de cada año. Para empezar los pagos, el Gobierno realizará una transferencia a la Seguridad Social de 500 millones de euros contemplada en el real decreto aprobado el viernes.

Esta transferencia se suma a los 14.000 millones abonados por el Estado al inicio de la semana para cubrir la caída de los ingresos por cotizaciones y el aumento de los gastos derivados de las prestaciones aprobadas para combatir la crisis del coronavirus. Además, el Estado aprobó también un préstamo de 16.500 millones de euros para hacer frente al agujero de déficit que no será cubierto con transferencias. En total, casi 31.000 millones de euros en créditos y transferencias que evidencian el grave agujero del Sistema.

Estos 500 millones transferidos para financiar el ingreso mínimo vital cubren apenas un 17% de los 3.000 millones que costaría esta prestación en un año completo. Esta diferencia evidencia que el Gobierno anticipa que el IMV no funcionará a pleno rendimiento este año, como consecuencia de que no empezará a funcionar hasta junio y que muchos hogares tardarán en tramitar y percibir la ayuda.

La Seguridad Social abrirá el plazo para la presentación de solicitudes el próximo 15 de junio. Todas aquellas peticiones que reciba desde ese día hasta el 30 de septiembre se abonarán con carácter retroactivo a fecha del 1 de junio y los primeros pagos comenzarán el 15 de junio. Si la Seguridad Social agota estos 500 millones de euros antes del final del año, el RDL contempla que el Estado ampliará la transferencia en la cuantía necesaria para abonar todas las prestaciones.

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