Es solo una propuesta, pero Bruselas ha puesto sobre la mesa un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros, medio billón de ellos en forma de transferencias, de la que España sería la segunda máxima beneficiaria, contando con 66.600 millones de euros preasignados en forma de subsidios. Pero, ¿a cambio de qué? ¿Cómo se estructuraría? ¿Cuáles son las condiciones?
Lo más importante de la propuesta es que es eso, una propuesta. Eso significa que el plan de la Comisión Europea necesita cosechar ahora la unanimidad en el Consejo Europeo, y eso no es nada fácil, con un sector de los Estados miembros, especialmente los llamados ‘frugales’, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, que consideran que la propuesta supera los límites de lo que pueden admitir.
Ahora el plan tendrá que ser negociado y sufrirá modificaciones. Los nórdicos buscarán endurecer especialmente las condiciones que se establecerán para recibir fondos, uno de los puntos más delicados para España e Italia. Por eso esta es una guía para la propuesta actual, no para el plan que saldrá finalmente adelante.
Sí. Pero no como la recordamos. No habrá ni hombres de negro ni troika, pero los Estados miembros que quieran solicitar dinero sí que tendrán que aceptar condiciones. Los Gobiernos tendrán que enviar a Bruselas un “Plan de Reforma y Resiliencia”, que tienen que diseñar los propios ejecutivos nacionales.
La idea es cambiar la lógica de las reformas. En la anterior crisis fue desde fuera y de manera agresiva como se impusieron ajustes muy dolorosos, de manera muy intrusiva. Ahora Bruselas habla abiertamente de que quiere que los Estados miembros asuman la “titularidad” de las reformas, la única manera de hacer que estas sean duraderas.
“No es un programa de ajuste con otro nombre diferente. Es una nueva herramienta que primero es voluntaria, y segundo, está basada en prioridades nacionales”, ha asegurado Paolo Gentiloni, comisario de Economía, que ha explicado que “no va sobre condicionalidad o una intrusión de Bruselas”.
¿Qué reformas?
Principalmente las que se recogen como recomendaciones en el Semestre Europeo, pero también planes para la transición ecológica y digital, que son dos de las prioridades de la actual Comisión Europea. Por poner algunos ejemplos: Bruselas insiste en cada informe en la necesidad de mejorar el sistema educativo español o la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
Una de las preocupaciones expresadas por la Comisión Europea en sus últimos informes es la vinculación de las pensiones a la evolución del IPC, lo que sería un ejemplo de reforma que el Gobierno se podría ver obligado a revisar. En este contexto, España tendría más difícil por ejemplo deshacerse de la reforma laboral.
Pero la idea de Bruselas es que la lógica de las reformas cambie, y no se busca “ajustar” o recortar, sino invertir de manera estratégica, de forma que se potencie el crecimiento y el empleo. Por eso dará especial peso a los planes para la transición ecológica y digital que presenten los Estados miembros.
¿Cómo se presentarán?
Cada año, antes del 30 de abril, los Gobiernos tendrán que enviar sus planes nacionales a Bruselas, que contará con cuatro meses para analizarlos. También podrán enviar un primer borrador con el borrador de proyecto presupuestario que las capitales tienen que comunicar a la Comisión Europea cada octubre.
En sus planes el Estado miembro en cuestión debe elegir en qué quiere invertir el dinero recibido, y cómo eso va a contribuir a “abordar eficazmente los desafíos identificados en el Semestre Europeo, ayudar al crecimiento económico, la creación de empleo, la transición ecológica y digital, mejorar la cohesión económica, social y territorial. La Comisión Europea analizará todos esos objetivos y decidirá si los costos estimados por el Gobierno nacional “son razonables, plausibles y proporcionales”
“El plan también debería establecer el costo total estimado y los hitos, objetivos y un calendario indicativo para la implementación de las reformas y de las inversiones”, señala uno de los documentos publicados por la Comisión Europea. Y ahí están las palabras clave “hitos, objetivos” y el calendario.
El plan también debería establecer el costo total estimado y los hitos, objetivos y un calendario indicativo para la implementación de las reformas y de las inversiones
La Comisión tendrá cuatro meses para responder, y el resto de Estados miembros también tendrán un papel en este procedimiento, ya que tendrán que dar la luz verde al Ejecutivo comunitario.
¿Se supervisará?
Sí, y precisamente a raíz de esos hitos y objetivos, y con el calendario en la mano. La Comisión Europea tendrá que analizar si el Estado miembro está cumpliendo con lo que comprometió en el plan que envió a Bruselas. Este proceso se hará al mismo tiempo que Bruselas va desembolsando el dinero comprometido por tramos. Cuando se vayan cumpliendo los objetivos, los tramos se irá desbloqueando.
Si el país no cumple con los objetivos, el Ejecutivo comunitario puede suspender la asistencia financiera, dando al Estado miembro un mes para presentar alegaciones, y tiene que volver al cumplimiento de los objetivos. Si no lo hace, la Comisión Europea puede cancelar el pago.
Es solo una propuesta, pero Bruselas ha puesto sobre la mesa un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros, medio billón de ellos en forma de transferencias, de la que España sería la segunda máxima beneficiaria, contando con 66.600 millones de euros preasignados en forma de subsidios. Pero, ¿a cambio de qué? ¿Cómo se estructuraría? ¿Cuáles son las condiciones?
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