La propuesta de 750.000M de Bruselas ante el Covid prevé 140.000M para España

Con tres semanas de retraso respecto a la primera fecha prevista, la Comisión Europea presenta este miércoles su propuesta para crear un Fondo de Recuperación ante el covid-19 de 750.000 millones, según ha anunciado el comisario de Economía Paolo Gentiloni.

Se distribuirán en 500.000 millones de euros en forma de transferencias, con otros 250.000 millones para créditos, según ha adelantado la agencia DPA y ha podido confirmar El Confidencial. Sería el mayor paquete de estímulo fiscal de la historia de la Unión Europea, que ahora tendrá que enfrentarse a la fuerte oposición de un grupo de países nórdicos.

Sería el mayor paquete de estímulo fiscal de la historia de la UE, que ahora tendrá que enfrentarse a la oposición de un grupo de países nórdicos

España sería la segunda máxima beneficiaria, obteniendo en total más de 140.000 millones, según ha adelantado EFE. De ellos más de 77.300 llegarían en forma de transferencias, y algo más de 63.000 millones en forma de créditos. Italia sería el único país que obtendría más fondos, con 81.000 millones en forma de transferencias. El resto de países europeos obtendrían mucho menos dinero. Los datos se harán públicos este jueves.

El grueso del programa, que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea ha calificado como “Nueva Generación UE”, comenzará en 2021 y tiene fecha de finalización prevista para el 31 de diciembre de 2024. “Ningún Estado miembro debería tener que elegir entre responder a la crisis o invertir en su gente”, ha asegurado Von der Leyen en su discurso ante la Eurocámara.

El plan del Ejecutivo comunitario llega una semana después de que Francia y Alemania, que trabajaron de manera coordinada con Bruselas, presentaran su propia propuesta de medio billón de euros puros en forma de transferencia, con una estructura igual a la que hoy ha anunciado la Comisión: la institución emitirá deuda conjunta, que luego tendrá que ser reembolsada, bien con contribuciones por parte de los Estados miembros (aunque siguiendo criterios que no pondrían sobre los hombros de los más afectados el grueso del reembolso), o bien con un aumento de los recursos propios de la Unión Europea. Bruselas considera que estos bonos se empezarían a devolver a partir de 2027 y nunca después de 2058.

Los nórdicos, cuyo núcleo duro son los llamados ‘frugales’, Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia, ya mostraron su oposición al plan franco-alemán, y ahora también se mostrarán contrarios a la propuesta realizada por la Comisión Europea, ya que piden que el fondo se estructure en forma de préstamos, y no de transferencias.

De hecho, el ministro sueco de Asuntos Europeos, Hans Dahlgren, ya ha dicho en la radio nacional que cree que "no es razonable que la UE se endeude para desembolsar cantidades de dinero tan grandes como éstas de las que estamos tratando". Dahlgren, que ha participado en una reunión telemática con sus colegas comunitarios, defendió que en vez de emitir deuda, todas las ayudas deberían tener la forma de préstamos a largo plazo e interés bajo. "No hay nada equivocado en pedir que este préstamo sea devuelto en su totalidad", ha afirmado el político.

La buena noticia para Von der Leyen, el eje franco-alemán y los sureños es que parece que las cosas comienzan a moverse en el frente de los ‘frugales’, con Dinamarca y Suecia dando señales de querer tener posiciones constructivas. En Austria Los Verdes, que sostienen al Gobierno del conservador Sebastian Kurz, buscan aumentar la presión sobre el canciller para que flexibilice la posición de Viena.

"Las posiciones están muy separadas y este es un tema de unanimidad, por lo que las negociaciones tomarán tiempo. Es difícil imaginar que esta propuesta sea el final de esas negociaciones ", ha señalado una fuente diplomática holandesa, en un lenguaje que ha sido menos duro de lo que algunas capitales esperaban.

El Gobierno español lo ha recibido de manera positiva. “Es una base para la negociación”, han señalado desde el Ejecutivo español, pidiendo que Charles Michel, presidente del Consejo, a que convoque una reunión de líderes para comenzar las negociaciones “en las próximas semanas”. “Debemos alcanzar pronto un acuerdo para acceder a recursos que nos permitan reactivar la economía y superar la crisis”, ha señalado Pedro Sánchez en la red social Twitter. En la misma línea han aplaudido la propuesta de la Comisión Europea sus homólogos italiano y griego.

Uno de los objetivos de Bruselas, y ha sido también una de las razones por las que ha retrasado la presentación, era intentar evitar que haya un rechazo frontal y directo a la propuesta, algo que, además de tener importantes efectos económicos y sociales, dañaría de manera grave a nivel político a la presidenta de la Comisión Europea. “Estamos corriendo el riesgo de tener una recuperación asimétrica habiendo tenido un shock simétrico”, insiste una fuente comunitaria, para subrayar la importancia del plan presentado.

“Ningún Estado miembro debería tener que elegir entre responder a la crisis o invertir en su gente”

La idea del Ejecutivo comunitario es utilizar las cañerías de los presupuestos europeos, que se organizan en bloques de siete años llamados Marco Financiero Plurianual (MFP), que entran en una nueva fase a partir de 2021. El plan de Bruselas pasa por elevar el umbral de recursos propios hasta el 2% de la renta nacional bruta (RNB), actualmente en el 1,2%, para, con ese espacio de poco más de 100.000 millones, poder emitir deuda.

La propuesta, presentada este miércoles al Parlamento Europeo por la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, se organiza en tres pilares. El primero y más grande será para apoyar la recuperación de los Estados miembros, el segundo consiste en reactivar la economía y la inversión privada, que contará con un instrumento para proteger la solvencia de empresas de 31.000 millones de euros, y el último, que han bautizado como “Aprender las lecciones de la crisis”, consistirá en reforzar programas europeos ya existentes, y crear un nuevo programa de Salud, para prevención y preparación de crisis que contará con unos 9.400 millones de euros.

El primer pilar, al que se destinará la inmensa mayoría de la ayuda, contará con condicionalidad para los Estados miembros que lo soliciten, que tendrán que seguir las recomendaciones del habitualmente ignorado Semestre Europeo, que para España recomienda una mayor inversión en los jóvenes y protección de las familias, desvincular las jubilaciones del IPC o dirigir la inversión hacia la transformación digital y verde, dos de las prioridades de Von der Leyen.

En total este pilar contará con unos 560.000 millones, que serán enviados a los distintos Estados miembros cuando estos presenten planes de reformas siguiendo las recomendaciones del Semestre Europeo o sus planes de transición verde. En este pilar también se sumarán 55.000 millones nuevos de cohesión, unos 32.500 millones nuevos para el Fondo de Transición Justa, destinado a ayudar a los que salgan perdiendo por la transición ecológica, y 15.000 millones nuevos en fondos para la agricultura.

Se uniría al otro paquete ya aprobado, la triple red de seguridad de medio billón de euros para proteger empleos con créditos de la Comisión Europea, sistemas sanitarios con ayuda del fondo europeo de rescate y empresas con garantías paneuropeas del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Una propuesta que, aunque incompleta, demuestra una movilización de velocidad y tamaño sin precedentes en la historia de la Unión Europea.

Septiembre de 2020

Pero España, así como el Parlamento Europeo, han señalado que no es posible esperar a enero para poner en marcha todo el mecanismo. Por eso Bruselas propone acelerar todos los procesos y comenzar con una solución “puente” que permita que algunos elementos del Fondo estén ya en marcha a partir de septiembre.

Por un lado se adelantaría una parte del fondo, unos 5.000 millones, dedicada a la recuperación de los territorios; por otro lado se pondría en marcha un instrumento de apoyo a la solvencia, con el objetivo de ayudar a las empresas en apuros, para el que se adelantarían otros 5.000 millones; y por último un apoyo de urgencia también a la acción exterior.

El instrumento de apoyo a la solvencia de las empresas es uno de los puntos principales del Fondo, con sus 31.000 millones, después de que se haya conocido que de las ayudas de Estado autorizadas por Bruselas, casi la mitad son del Gobierno alemán. La razón es que sencillamente puede y los demás no, tiene el músculo financiero y la capacidad. Pero eso genera un riesgo enorme para el mercado interior, porque significa que empresas alemanas menos viables que alguna española o italiana sobrevivirán gracias a la asistencia del Ejecutivo germano, mientras las compañías sureñas no contarán con esa ayuda y pueden caer.

La semana pasada Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Competencia, ya alertaba sobre esa situación y anunció que el Fondo que propondría Bruselas contaría con algún mecanismo para cubrir esa necesidad de asistencia de las empresas en Estados miembros que no cuentan con el espacio fiscal del que goza Alemania. Pero eso se tendría que poner en marcha rápido, porque los efectos son devastadores y no enero de 2021 podría ser ya muy tarde.