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Bruselas avisa del gasto en pensiones y pide solidaridad de los jubilados con los jóvenes
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Bruselas avisa del gasto en pensiones y pide solidaridad de los jubilados con los jóvenes

La Comisión Europea advierte de que España ya centra buena parte de su gasto social en los mayores y que la derogación de la última reforma disparará el gasto en pensiones

Foto: El movimiento de pensionistas de Bizkaia, en una movilización del pasado 10 de febrero en Bilbao.
El movimiento de pensionistas de Bizkaia, en una movilización del pasado 10 de febrero en Bilbao.
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Repartir los costes de una gran crisis económica como la actual es una de las decisiones más complicadas que puede tener un Gobierno: qué colectivos proteger y cuáles dejar a la intemperie. En España, tras la gran recesión posburbuja inmobiliaria, se decidió sacrificar a los jóvenes —el paro entre menores de 25 años llegó al 56,5%— y blindar a los pensionistas —cuyas prestaciones apenas perdieron poder adquisitivo durante la crisis—. Ahora, mientras la segunda gran crisis económica en poco más de una década está empezando a cebarse otra vez con los más jóvenes, Bruselas ha advertido del incremento del gasto público en pensiones y ha pedido al Gobierno que equilibre la balanza en favor de las nuevas generaciones.

“El gasto en protección social sigue estando altamente orientado hacia las personas mayores, y el nivel de gasto en pensiones aumentará significativamente a mediano y largo plazo, en caso de que las desviaciones anunciadas de la reforma de pensiones de 2013 se hagan permanentes y no se tomen medidas compensatorias adecuadas”, señala el Ejecutivo comunitario en el informe de recomendaciones específicas más social que se recuerda. Y continúa: "El difícil contexto económico y social que resulta de la pandemia hace necesaria, en su lugar, una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes".

Foto: (EFE)

En el mismo informe, publicado este miércoles, se señala que la crisis afectará especialmente a los empleados a tiempo parcial, y que muchos de estos trabajos no tienen acceso a las prestaciones por desempleo. Y de nuevo, aquí salen mal parados los jóvenes, porque la Comisión Europea reconoce que los trabajadores con contratos temporales muy cortos, “que constituyen la mayoría de los cerca de un millón de nuevos desempleados”, son, muchos de ellos, jóvenes. Los problemas para integrar este sector en el mercado laboral siempre están presentes en los informes de la Comisión Europea desde la anterior crisis.

Este aviso de Bruselas llega en un momento complicado para las finanzas públicas españolas. La deuda se irá al 115% del PIB a finales de este año, según los cálculos del propio Gobierno, y, como ha advertido la propia Comisión Europea, cuando lo peor de la crisis haya quedado atrás, tocará hacer un esfuerzo de consolidación fiscal estructural. Y este solo puede hacerse con subidas de impuestos, con recortes de gastos o con una mezcla de las dos cosas. De nuevo, habrá que elegir sobre quién cargar el peso.

En estos momentos, España destina más de 145.000 millones al año a las pensiones, lo que supone cuatro de cada 10 euros de gasto público

En estos momentos, España destina más de 145.000 millones de euros al año a las pensiones, lo que supone cuatro de cada 10 euros del gasto público. Cuando el Gobierno se enfrente a la decisión de qué partidas cortar y cuáles mantener, las pensiones saldrán necesariamente en el debate. Hace dos días, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que los planes del Gobierno pasan por "garantizar el poder adquisitivo" de las pensiones y acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

Al final de la pasada legislatura, en medio de protestas periódicas de pensionistas, todos los partidos, incluso aquellos que aprobaron las últimas reformas, se posicionaron a favor de vincular las pensiones al índice de precios al consumo, sin concretar cómo se financiaría ese gasto extra. Esta filosofía desmonta 'de facto' la figura del índice de revalorización de las pensiones, que no solo tenía en cuenta los precios sino también los ingresos y gastos del sistema. Organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la propia Comisión Europea han alabado recurrentemente las recientes reformas de las pensiones, ya que, consideran, garantizan su sostenibilidad.

placeholder El ministro de Seguridad Social y Pensiones, José Luis Escrivá, en el Senado. (EFE)
El ministro de Seguridad Social y Pensiones, José Luis Escrivá, en el Senado. (EFE)

De hecho, ya en febrero, el Ejecutivo comunitario alertó de los efectos de vincular de forma permanente las pensiones al IPC: “A falta de medidas compensatorias adecuadas, la medida aumentaría significativamente el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional”. “Esto ocurre en un contexto en el que se espera que la futura adecuación de las pensiones sea, por término medio, superior a la de la UE, y en el que la pobreza afecta principalmente a los grupos de menor edad, incluidos los niños”, subrayaba el informe.

En su último informe sobre la adecuación de las pensiones, publicado en 2018, la Comisión Europea mostraba que las pensiones españolas se encuentran entre las más generosas de Europa, si se tiene en cuenta la última nómina cobrada y la primera pensión recibida. "España tiene una de las tasas agregadas de reemplazo más altas de Europa", asegura el informe. Y advierte de que si bien las últimas reformas se encaminan a que esa ratio se irá reduciendo, "las proyecciones indican que la tasa de reemplazo española seguirá estando entra las más elevadas de la UE".

En este sentido, la Comisión señala en su informe que el ingreso medio de los mayores de 65 años en España ya supera al ingreso medio de aquellos que están por debajo de esa edad y apunta, tomando datos de 2016, que el riesgo de pobreza o exclusión social de los españoles en edad de trabajar duplica el de los mayores de 65 años.

Repartir los costes de una gran crisis económica como la actual es una de las decisiones más complicadas que puede tener un Gobierno: qué colectivos proteger y cuáles dejar a la intemperie. En España, tras la gran recesión posburbuja inmobiliaria, se decidió sacrificar a los jóvenes —el paro entre menores de 25 años llegó al 56,5%— y blindar a los pensionistas —cuyas prestaciones apenas perdieron poder adquisitivo durante la crisis—. Ahora, mientras la segunda gran crisis económica en poco más de una década está empezando a cebarse otra vez con los más jóvenes, Bruselas ha advertido del incremento del gasto público en pensiones y ha pedido al Gobierno que equilibre la balanza en favor de las nuevas generaciones.

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