Limitar los compromisos de los ERTE

CEOE pide que las empresas puedan hacer test para evitar la pérdida de otros 50.000M

La patronal considera que si las medidas de contención y distanciamiento, aplicadas en la primera fase de la crisis, se prolongasen a la segunda mitad del año, el PIB caería cuatro puntos adicionales

Foto: El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. (EFE)
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. (EFE)

La CEOE pide que se permita hacer test de detección del coronavirus a sus empleados para la vuelta al trabajo en este proceso de desescalada pautado por el Gobierno hacia lo que llaman la nueva normalidad, prevista para finales de junio.

En un informe de propuestas para la recuperación de la crisis del covid-19, la patronal señala que su pronóstico, elaborado en colaboración con Deloitte y Esade, es que "se supere la pandemia en el tercer trimestre del año y se recupera la normalidad en términos de movilidad en la segunda mitad del mismo año". Esto provocará, siempre según el escenario central de la patronal, una caída del PIB del 8%, un dato mejor que el retroceso del 9,2% que previó el Gobierno en su Programa de Estabilidad 2020-2021 presentado el pasado viernes.

Sin embargo, la institución presidida por Antonio Garamendi estima que "si las medidas de contención y distanciamiento, aplicadas en la primera fase de la crisis, se prolongasen a la segunda mitad del año por la posibilidad de algún rebrote, resultaría una caída de la actividad económica en España en 2020 de cuatro puntos porcentuales adicionales, llevando el retroceso hasta el 12%". Esto representaría una pérdida adicional del PIB de 49.790 millones de euros.

Con el escenario planteado, las empresas quieren establecer "medidas defensivas", que son protocolos sanitarios lo más elevados posible para que su actividad no genere rebrotes y ello provoque nuevas restricciones y confinamientos, lo que considera la CEOE que "tendría un grave impacto en la actividad económica". "Este escenario podría agravarse si no hay una acción temprana, coordinada y contundente tanto en el frente sanitario como en el económico" destaca la patronal.

Por todo lo anterior, su batería de medidas incluye en primer lugar una respuesta en el frente sanitario: "Se propone incrementar la capacidad de diagnóstico mediante test y la trazabilidad de los contagiados", señala, y añade que "se debe autorizar a las empresas privadas para que puedan hacer test a su personal según sus necesidades y definir un plan para las restricciones a la movilidad, ante la probabilidad de nuevos crecimientos en la curva de contagios, delimitado, flexible y estructurado por etapas a las que correspondan diferentes intensidades y formatos de aislamiento".

Actualmente, las empresas ya tienen planes de contingencia que contemplan la realización masiva de test a sus empleados para así poder desarrollar su actividad con las mayores garantías sanitarias, tal y como estableció la OMS. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad promulgó una orden ministerial para advertir de que cualquier ente privado que posea test debe en primer lugar notificárselo a las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas para que sean estas las que valoren qué hacer con esos test. Además, las pruebas diagnósticas deben ser realizadas por un facultativo, ha recordado en diversas ocasiones el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Firmas como BBVA, Naturgy, Iberdrola o Siemens Gamesa, entre otras, han anunciado a sus trabajadores que tienen intención de someterlos a test para la desescalada y vuelta a sus puestos. Sanidad ya advirtió de que la realización de test debe ser valorada por un experto que valide su eficacia, ya que, según su criterio, no sirven en todos los colectivos. La escasez de este tipo de pruebas llevó al Gobierno a priorizar las existentes para su personal más sensible, como los profesionales sanitarios de hospitales así como de las residencias de ancianos.

Limitar las exigencias para los ERTE

Entre las peticiones de la CEOE de este lunes, varias de las cuales ha ido repitiendo en sus diversas intervenciones desde que se desató la pandemia, destaca la eliminación de algunas exigencias como el mantenimiento del 100% del empleo que iba ligado a los ERTE. La mayoría de los que se acogieron a este sistema para no pagar nóminas durante el periodo de estado de alarma estaba exenta de pagar las cuotas a la Seguridad Social por las medidas de confinamiento derivadas de la crisis sanitaria. También quieren que se alivien las potenciales sanciones por su incumplimiento.

En los ERTE por causa de fuerza mayor, se obligaba a todas las firmas a que se comprometieran a readmitir a todo el personal durante los seis meses posteriores al levantamiento de la suspensión del empleo. No obstante, la profundidad de la crisis que se avecina les ha llevado a pedir una relajación de estos condicionantes, ya que muchas empresas creen que no podrán mantener el empleo en las condiciones en que estaba antes de la pandemia.

Ahora, la CEOE pide mantener algunas de estas ayudas durante el proceso de desescalada y limitar las exigencias: "Para poder acompasar los costes con la recuperación de la actividad y la demanda, reduciendo rigideces, habría que prolongar las medidas excepcionales en materia de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada y articular otras nuevas, de manera que se permita adecuar la plantilla de las compañías a la paulatina recuperación de la actividad, limitando el alcance del compromiso del mantenimiento del empleo y los efectos de su posible incumplimiento".

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