UNA SOLUCIÓN LEGAL MUY POCO CONOCIDA

El Gobierno da la espalda a la ley de segunda oportunidad, salvavidas de miles de familias

Esta ley aprobada en 2015 permite exonerar la deuda a particulares y está generando mucho interés. Los expertos critican que el Gobierno no haya simplificado el procedimiento

Foto: Tiendas cerradas en una calle de Sevilla. (EFE)
Tiendas cerradas en una calle de Sevilla. (EFE)

Miles de personas han empezado a caer lentamente en un pozo financiero del que no saben si podrán salir. Medidas de apoyo como la prestación por cese de actividad, la moratoria de pagos en alquileres e hipotecas, los créditos ICO y todo el paquete de ayudas públicas para evitar la ruina inmediata de familias y autónomos puede no ser suficiente. En este clima de ansiedad, ha empezado a circular en los últimos días un último salvavidas al que aferrarse: la llamada Ley de Segunda Oportunidad, una herramienta legal aprobada en 2015 y poco conocida hasta hoy.

Su objetivo es, según reza su preámbulo, "que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer". Es decir, permite a una persona física acogerse a un concurso de acreedores para liquidar su deuda y poder empezar de cero, algo que hasta entonces solo estaba permitido a las empresas. Si el juez considera que la persona reúne los requisitos, queda exonerada.

El Gobierno no ha hecho un solo gesto por simplificar esa ley que, a día de hoy, obliga a someterse a procesos agotadores

Los expertos advierten: puede ser una herramienta clave para evitar una catástrofe social, pero no es la panacea. Hay que ir a por ella cuando realmente no queda alternativa y se debe estar dispuesto a gastar mucho tiempo y dinero. Más cuando el Gobierno no ha hecho un solo gesto por simplificar esa ley, que a día de hoy obliga a someterse a procesos agotadores que nunca se resuelven antes de dos años. Juristas y economistas critican al unísono la falta de iniciativa del Ejecutivo para facilitar ese salvavidas a las familias, en lugar de mantenerlo escondido en un rincón para que solo los más avispados, o los más pacientes, echen mano de él. Se esperaba que el real decreto publicado el 29 de abril sobre medidas en la administración de Justicia sirviera para allanar el camino, pero no ha sido así.

Un grupo de personas esperan el autobús en Ibiza. (EFE)
Un grupo de personas esperan el autobús en Ibiza. (EFE)

En el año 2019 se tramitaron solo 2.000 expedientes, aunque 2020 promete disparar exponencialmente esa cifra y hay mucha expectación social. "Cada día tenemos entre 500 y 600 peticiones de asesoramiento, incluyendo fines de semana, cuando lo normal eran 300 llamadas. Esta crisis va a disparar las solicitudes para acogerse a esta ley, hay miles de familias que viven al límite y que se enfrentan a una espiral de deudas y embargos si no son capaces de generar ingresos pronto. Antes de que la situación sea desesperada, acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es una buena opción", resume Alicia García, socia gerente de Repara tu Deuda, un despacho de abogados especializado en la tramitación de expedientes de segunda oportunidad.

"Cada día tenemos entre 500 y 600 peticiones de asesoramiento, incluyendo fines de semana", indican desde Repara tu Deuda

"Clientes de préstamos personales, de tarjetas de crédito, de préstamos rápidos de los que te dan 500 euros en 24 horas y acabas pagando tres veces más. Muchísima gente tiene varios acreedores, algunos hasta 15", explica García. "En el ámbito de los autónomos es lo mismo: uno que tenga un local pequeño alquilado, o taxistas que trabajan al 25% estos meses, son personas que tienen que mantener a sus familias y ahora mismo no llegan. Para acogerte a la ley, tus deudas no pueden superar los 5 millones de euros. Debes demostrar que con los ingresos que tienes no puedes afrontar los pagos y vivir dignamente".

Negociar una quita con los acreedores

La mecánica sobre el papel es sencilla. Una persona que se ve sobrepasada por sus deudas, sean con un banco o con Hacienda, solicita acogerse a esta ley. Declara pues que es insolvente, o que espera serlo dentro de poco tiempo. El primer paso que debe dar es negociar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. Se designa a un mediador concursal que le represente ante los bancos o la administración y se ve si es posible cancelar la deuda a través de la entrega de patrimonio, o ver si los acreedores se contentan con cobrar al menos un porcentaje de lo adeudado. Hasta un 85% de estos acuerdos termina en fracaso. Así que casi todos los casos terminan en el juzgado de primera instancia del municipio del deudor, pues así lo marca la ley.

"Esta ley llegó tarde, veníamos de una crisis financiera y cuando se aprobó la ley en 2015, los particulares estaban muy endeudados", afirma Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho. "Si llegas muy endeudado a una negociación no tienes nada que ofrecer. Y si encima llegas ante tu acreedor con más de 45 años y solo una ayuda de 400 euros tus posibilidades son casi nulas".

Cartel de cierre temporal en una tienda de barrio. (EFE)
Cartel de cierre temporal en una tienda de barrio. (EFE)

Juristas como la propia Cuena y otros profesionales esperaban que el Gobierno facilitase la negociación extrajuidicial ante el alud de peticiones que llegará, con el objetivo de no saturar los juzgados que ya están al límite y demorar hasta el infinito la solución para unas familias que no pueden esperar. Pero parece que el Ejecutivo opta por lo contrario: saltarse la negociación. El real decreto aprobado este miércoles, y que todos los afectados esperaban con mucha expectación, lo único que hace es mandar el expediente a juicio si dos mediadores concursales rechazan llevar el caso. Lo que viene siendo muy habitual debido al poco interés que estos expedientes, en los que todo son deudas sin apenas 'masa' monetaria, genera entre los abogados y economistas mediadores.

La obtención de la exoneración es un dato negativo de solvencia que dificultará al deudor su acceso al crédito en el futuro

"Lo razonable era fomentar el acuerdo extrajudicial para que al deudor le quede algo de oxígeno cuando se reactive la economía y todo vuelva a la normalidad. Mandar al cliente al concurso es lo último que se debería hacer. Es una torpeza mayúscula, van a colapsar los juzgados, cuando en dos o tres meses podrías tener listo un acuerdo con tus acreedores", explica Cuena. "Es cierto que declarado el concurso puedes obtener la exoneración, pero se trata de un proceso largo y complejo en el que el patrimonio embargable del deudor se va a liquidar y sus cuentas se van a intervenir. La obtención de la exoneración es un dato negativo de solvencia que dificultará al deudor su acceso al crédito en el futuro. Esta crisis puede ser transitoria y deben preverse mecanismos menos drásticos que permitan al deudor remontar".

El concurso de acreedores se adueña de todo el patrimonio y todo activo embargable del deudor, por eso hay que tenerlo muy claro. "En España parece que no puedes equivocarte. Mientras en los países anglosajones se aprende de los errores, aquí hay miedo a fracasar debido a las consecuencias. Esta ley introdujo una excepción interesante, aunque muy limitada, para terminar con la tradición de que las deudas de las personas físicas son perpetuas", indica Alberto Velasco, secretario técnico del REFOR, del Consejo General de Economistas. "El Gobierno ha tenido ahora una buena oportunidad para ampliar esta ley poco conocida. Podía haber simplificado el acceso a las personas vulnerables y a los autónomos y no lo ha hecho". Velasco también recomienda a quien todavía no esté al límite que antes de lanzarse a la piscina busque acuerdos de refinanciación con sus acreedores.

Una mujer pasa frente a una persiana bajada por el estado de alarma. (EFE)
Una mujer pasa frente a una persiana bajada por el estado de alarma. (EFE)

Desde Repara tu Deuda son más optimistas. Su gerente señala que ha obtenido un 100% de éxito en sentencias judiciales de exoneración de deuda y que la cantidad 'recuperada' es de 17 millones de euros. "Tenemos un 100% de casos de deuda cancelada. Si muestras tu buena fe, si pones todo tus activos a disposición del procedimiento y cumples los requisitos, tienes muchos números de tener éxito si estás bien asesorado. Tenemos 9.000 clientes en las distintas fases del procedimiento. Como es una ley que tiene cinco años de vida y el proceso suele demorarse tres años, hay muchísima gente aún en el camino".

La demanda será brutal en los próximos meses, y lo veremos cuando se levante el estado de alarma

"La demanda será brutal en los próximos meses, y lo veremos cuando se levante el estado de alarma", prosigue García. "La deuda acumulada en estos dos meses sin trabajar estará ahí y se irá haciendo más grande. Aconsejamos a las personas que al menos se asesoren, no tienen por qué acogerse a esta ley, pueden acudir al director de su sucursal bancaria de toda la vida para ver si logran una carencia o una moratoria. Pero si ven que todas las puertas se cierran, acogerse a la segunda oportunidad puede ser su única opción no morir civilmente por unas deudas que quizá nunca podrán devolver".

"Yo el consejo que le doy a la gente es que respiren, que no vayamos todos como locos al concurso porque esto se puede recuperar y no hay que tirar la toalla de manera inmediata ante una crisis que sabemos que es transitoria", subraya por su parte Cuena. "Hay que negociar con el acreedor y pedir a los abogados que tengan ánimo conciliador, que luchen por los acuerdos. No puede ser que la única solución sea ir al juzgado porque los vamos a colapsar, y además no sabes qué pasará con ese procedimiento".

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