El Gobierno baja el IVA del libro electrónico y la prensa digital del 21% al 4%

El Consejo de Ministros de este martes, día 21 de abril, ha aprobado una medida que el Ministerio de Hacienda llevaba días trabajando: la bajada del IVA a los libros electrónicos y la prensa digital. Así lo ha anunciado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha desgranado todas las medidas adoptadas. En el caso del IVA de los libros y la prensa en formato electrónico, pasarán del tipo general del 21% por el cual tributan actualmente al tipo superreducido del 4%, una fuerte bajada que supondrá un importante descenso del precio de venta al consumidor.

Con este movimiento, los formatos digitales de libros, revistas y periódicos pasarán a tener el mismo IVA que los formatos de papel. Se trata de una medida con la que el Gobierno intenta fomentar el consumo de estos productos y, así, ayudar a las empresas de estos sectores, que están obligados a mantener su actividad por ser considerados de carácter esencial.

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En las últimas semanas, las empresas editoriales han sufrido un fuerte deterioro de sus cuentas como consecuencia de la caída de la demanda y del hundimiento de la publicidad. El Gobierno ya aprobó un paquete de ayudas de 15 millones de euros a las televisiones privadas para contribuir a financiar los costes de la crisis del coronavirus, y esta es una medida adicional dedicada a las empresas editoriales. Además, se trata de una demanda tradicional del sector, que pedía competir en igualdad de condiciones frente a los formatos de papel.

El Gobierno ha incorporado esta medida al 'decreto ómnibus' que ha aprobado en el Consejo de Ministros y que incluye una gran batería de medidas económicas que complementa a las adoptadas durante las últimas semanas. El real decreto-ley incluye más de una treintena de medidas de "carácter horizontal" orientadas a garantizar la liquidez de las empresas, mejorar la flexibilidad de los impuestos para facilitar el pago, aumentar la protección social a colectivos desprotegidos, prorrogar el teletrabajo y ampliar los ERTE de fuerza mayor a las empresas de sectores esenciales.

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Tal y como adelantó este periódico, el Gobierno ha optado por prorrogar durante dos meses el teletrabajo tras el levantamiento del estado de alarma. Eso significa que las empresas estarán obligadas a mantener el trabajo a través de medios telemáticos hasta más allá del inicio del verano. La fecha concreta dependerá del momento en el que se levante el estado de alarma, actualmente prorrogado hasta mediados de mayo.

En cuanto a la ampliación de los ERTE, el Gobierno permitirá a empresas de sectores esenciales acogerse a estos expedientes temporales si están sufriendo un importante descenso del volumen de negocio. Sin embargo, este ajuste solo podrá aplicarse a trabajadores que no formen parte de las actividades esenciales y que no genere problemas para el matenimiento de las tareas declaradas obligatorias por el Gobierno.

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En materia fiscal, además de la bajada del IVA a libros y prensa electrónica, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas para alinear el pago de impuestos en el sector empresarial y profesional a los resultados reales. El hundimiento de los negocios tendrá un gran impacto sobre las bases imponibles, lo que supone un problema para las empresas que realizan los pagos fraccionados en función de los beneficios pasados. En este sentido, las empresas y autónomos que tributen por módulos, podrán pasar al sistema de estimación directa de forma excepcional y tributar así por los resultados reales.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado a los agentes sociales el próximo jueves. El objetivo del Gobierno es que los sindicatos y las empresas tengan un papel "fundamental" en el diseño de las futuras medidas para la reconstrucción del país tras la pandemia, lo que ha llamado los nuevos Pactos de La Moncloa. Este será el primer encuentro del presidente con la CEOE tras el choque de la semana pasada que provocó que los empresarios se levantaran de la mesa de diálogo por la negativa del Gobierno a negociar las medidas adoptadas.