Petición de Pimec

Las empresas piden al Estado que pague 14.000 millones que debe a sus proveedores

Los pagos pendientes de las diversas administraciones a los proveedores del sector público serviría para drenar liquidez en el difícil momento que se avencina para las empresas

Foto: Pedro Sánchez con representantes empresariales y sindicales. (EFE)
Pedro Sánchez con representantes empresariales y sindicales. (EFE)

La patronal Pimec que como medio extraordinario para inyectar liquidez a la economía española que se está produciendo en la economía española por culpa del coronavirus. Así, mientras se espera que el Consejo de Ministros dé luz verde a los 100.000 millones de avales públicos para las empresas se demanda que el conjunto de las administraciones paguen a sus proveedores lo que deben, una cifra que suma la cuantía de 14.000 millones. Eso supondría un inyección directa a las empresas sin coste para el erario público, solo avanzando lo que se debe.

La petición se hace a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) que recuerda que el abono de lo adeudado supondría “inyectar fondos en la economía sin coste y sin riesgo”. Según cálculos de la PMcM, “solo el pago por parte de las administraciones públicas de las facturas del mes en curso y de las facturas pendientes de pago de meses anteriores, supondría una inyección de liquidez en la economía de 14.000 millones de euros”.

En este sentido, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, declara que “ya hemos tenido un ejemplo de los beneficios e impacto que tienen medidas como el plan de pago a proveedores que propuso la PMCM y que se llevó a término, salvando multitud de puestos de trabajo y empresas”.

Los 14.000 millones de euros “que hemos calculado corresponden a los pagos corrientes de las AA.PP. más los que tienen retrasados, según la información publicada a noviembre de 2019, que no debe ser muy diferente a la actual”, explica Cañete. Esto incluiría no solo el Gobierno central sino también las CCAA, las diputaciones y los ayuntamientos.

Mientras que los avales del ICO, que por cierto todavía no se han activado aunque fueron anunciados hace diez días, implican riesgo para las arcas públicas, estos pagos no conllevarían peligro de impagos, ya que solo supone atender a los pagos pendientes dentro de los límites legales de pago fijados para las administraciones

De esta partida hay más de 7.300 millones pendientes de pago en periodo excedido a cierre de 2019, es decir, que se tenían que haber abonado en un plazo determinado que ya ha cancelado. Se trata prácticamente de la mitad de la deuda. Es decir, que en buena parte las administraciones incumplen sus propias normas para pagar a los proveedores.

Senda de la Generalitat

Esta senda en parte ya la marcado la Generalitat, que la pasada semana ha aprobado un decreto para facilitar la continuidad de la contratación pública de las administraciones catalanas, clave para mantener el empleo de las empresas proveedoras de servicios a la administración, según anunció la 'consellera' de Presidència Meritxell Budó

Así, se garantiza los salarios de los trabajadores de las empresas que suministran al sector público catalán y que se han visto afectadas por cierres durante la crisis del coronavirus, como por ejemplo pasa con los servicios de limpieza, de comedor escolar, transporte u obras públicas ya adjudicadas. Además de los salarios, la Generalitat pagará las pólizas de los seguros de empleo de estos trabajadores.

Las medidas para proteger a fondo perdido a los proveedores de la administración pública no alcanzan a toda la cadena de subcontratación

Sin embargo, Pimec advierte que las medidas de protección a los contratistas –mediante la concesión de subvenciones por las pérdidas incurridas por la cancelación temporal de dichos contratos– “no tienen su reflejo sobre los subcontratistas implicados en los mismos contratos. Estos no podrán beneficiarse de estos paquetes de ayuda, al quedar al margen de la cadena de subcontratación y que acaba en la mayoría de los casos en pymes y autónomos, la parte más débil del sistema.

Agilidad al ICO

Pimec también pide al ICO “agilidad” a la hora de facilitar los 100.000 millones de liquidez prometidos para que la actual crisis de liquidez que sacude a la economía española no derive en una crisis de solvencia, tal y como pasó en 2010.

Por ahora esta liquidez no ha llegado. El Insitut Català de Finances (ICF) sí ha empezado a dar sus 1.000 millones en avales pero la Generalitat, pese a haber sido requerida para ello, no ha facilitado cifras de las operaciones concedidas.

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