Hacienda cierra la puerta al aplazamiento de impuestos como pedían autónomos y pymes

Durante las últimas semanas, la Agencia Tributaria había avisado a los contribuyentes de que el Ministerio de Hacienda estaba ultimando una modificación normativa para ampliar los plazos para presentar las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos. Sin embargo, este escenario no será posible, ya que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no está estudiando ampliar los plazos. La ministra considera que ya ha aprobado un importante aplazamiento en el pago de impuestos que afecta a autónomos y pymes, de modo que son "el colectivo en el que el Gobierno ha puesto interés para dar estabilidad". Por el momento, no hay más opciones sobre la mesa.

Los periodistas han preguntado a la ministra Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, si piensa responder a las demandas de autónomos y pymes, que piden un gran aplazamiento en el pago de impuestos, pero su única respuesta ha sido explicar que ya se ha concedido un aplazamiento, por valor de 30.000 euros y un plazo máximo de seis meses, con tres meses de carencia de intereses. También ha señalado que pondrá anuncios en las páginas web de los ministerios para informar de las medidas ya adoptadas. Por último, ha recordado que las líneas de liquidez puestas en marcha servirán para que la parte más frágil del tejido productivo, autónomos y pymes, tenga acceso al crédito para pagar sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.

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De esta forma, se esfuma la esperanza de este colectivo de lograr un aplazamiento generalizado que evitara todos los trámites. El problema para ellos no es solo de liquidez, también es logístico, ya que con muchas empresas y negocios cerrados, recopilar toda la información y realizar los trámites correspondientes con la Agencia Tributaria se vuelven tareas mucho más complicadas. Y más si tienen que centrar sus esfuerzos en solicitar y negociar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar pérdidas mayores.

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La ministra tampoco ha contemplado la bonificación automática en las cuotas a la Seguridad Social que reclamaban algunos autónomos, ya que el cese de actividad podría generar algunos problemas y obligar a muchos de ellos a abonar el pago para posteriormente reclamar la devolución. La asociación de autónomos UPTA también había reclamado al Gobierno que rebajara hasta el 50% las pérdidas exigidas a un autónomo para permitir que se acoja al cese de actividad. Montero ha remarcado que el nivel fijado por el Ejecutivo es del 75%, y quien no sufra tal pérdida, no podrá solicitar el cese de actividad ni cobrar una prestación. Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha sido uno de los primeros en mostrar su malestar por esta decisión, a través de Twitter:

Las asociaciones de asesores fiscales también habían reclamado al Ministerio de Hacienda una moratoria en el pago de impuestos y en la presentación de declaraciones, ya que temen que muchos contribuyentes no lleguen a tiempo como consecuencia de las medidas derivadas del estado de alarma. Ni Hacienda ni la Agencia Tributaria han respondido por privado a las cartas remitidas por estas asociaciones y tampoco han respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Señal clara de que esta opción no está encima de la mesa.

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Los últimos días de marzo y las primeras semanas de abril son especialmente intensos en el calendario tributario, ya que se junta el cierre de mes y de trimestre y el inicio de la campaña de la renta. Este año, además, se producirá con el estado de alarma, que el Gobierno quiere ampliar hasta el 11 de abril. Eso significa que los autónomos y empresas tendrán que abonar el IVA cobrado, el IRPF retenido y el impuesto sobre sociedades en las próximas semanas.