Bruselas autoriza al Gobierno a prestar hasta 800.000 euros por empresa

La Unión Europea vuelve a mover ficha para atacar al coronavirus desde el frente financiero. Bruselas acaba de aprobar un documento marco, en la misma línea que el establecido en 2008 durante la Gran Recesión, por el que, por un lado, flexibiliza la legislación sobre política de avales públicos y, por otro, rebaja su coste para adecuarlos a la nueva situación.

Ahora bien, aclarando que “dado el tamaño limitado del presupuesto de la UE, la respuesta principal procederá de los presupuestos nacionales de los Estados miembros”. Es decir, el coste de las ayudas correrá a cargo de cada país.

El documento, en concreto, y entre las medidas aprobadas, también habilita a los gobiernos a realizar subvenciones directas a las empresas, otorgar anticipos u ofrecer ventajas fiscales selectivas hasta un importe de 800.000 euros con el fin de atender a sus necesidades de liquidez. Ese importe es bruto, es decir, antes de cualquier retención de impuestos. El marco, como precisa, estará vigente hasta los últimos días de 2020.

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Bruselas añade que este tipo de ayudas pueden concederse, incluso, a empresas que no estaban en dificultades el 31 de diciembre de 2019, pero que, sin embargo, comenzaron a tener problemas a raíz de la extensión del coronavirus. La excepción que se pone es que la ayuda concedida a las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de los productos agrícolas esté condicionada a que no se transmitan parcial o totalmente al mercado.

En el mismo sentido, Bruselas autoriza a los Estados a ofrecer todo tipo de garantías para préstamos concedidos por bancos a empresas, algo que es especialmente relevante en el contexto actual. Y para ello, como sostiene Ángel Bergés, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), se introduce un nuevo esquema de reparto de riesgo entre el Estado avalista y los intermediarios financieros, los bancos u otras instituciones financieras, que son el vehículo a través de los que se conceden esos avales.

Garantías públicas

Hasta la fecha, las garantías públicas se podían definir (sin ser consideradas ayudas de Estado) hasta un límite máximo del 80% y siempre en condiciones en que tanto el avalista como la entidad financiera asumen su parte proporcional desde la primera pérdida. Ese límite del 80% se eleva, en el nuevo marco temporal, hasta el 90%.

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Como asegura Bergés, eso supone que en un préstamo de 100.000 euros con una garantía del Estado del 90%, en caso de impago, la entidad financiera asumiría un quebranto de 10.000 euros, mientas que el Estado compensaría 90.000 euros. Bruselas, de esta forma, intenta incentivar la concesión de créditos y que no se rompa la transmisión de la política monetaria que formula el BCE, y que es el gran peligro en situaciones de extrema inestabilidad y con un previsible aumento de la morosidad empresarial.

Es por eso por lo que en el documento de la UE se aprueban con carácter general los préstamos públicos bonificados a las empresas mediante tipos de interés más reducidos que los de mercado. El argumento que se da es que estos préstamos pueden ayudar a las empresas a cubrir necesidades inmediatas de capital circulante e inversión.

Falseamiento de la competencia

Ahora bien, los propios funcionarios de Bruselas recuerdan que estas ayudas directas se conceden a los clientes de los bancos, no a los propios bancos, y de ahí que se ofrezcan orientaciones sobre cómo garantizar que el falseamiento de la competencia entre las entidades bancarias se reduzca al mínimo.

Con ese objetivo, se establece que los intermediarios financieros deberán estar en condiciones de demostrar que las ventajas del nuevo programa se trasladan a las empresas, ya sea en forma de mayores volúmenes de financiación, mayor apetito hacia el riesgo, menores exigencias de colateral (garantías) o tipos de interés más reducidos.

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El marco temporal, en todo caso, incluye una serie de salvaguardias. Por ejemplo, vincula las bonificaciones a los préstamos o garantías a las empresas a la escala de su actividad económica, tomando como referencia sus costes salariales, su volumen de negocios o sus necesidades de liquidez, y el uso del apoyo público como capital circulante o de inversión. En consecuencia, dice Bruselas, la ayuda debe servir para que las empresas puedan capear la recesión y preparar una recuperación sostenible.

Respecto al coste de los avales, la principal novedad, según Ángel Bergés, es la referida a su coste. En el marco de ayudas de Estado, hasta la fecha, se establecía que los avales debían tener un precio de mercado. La garantía no podía ser gratuita y debía justificarse cuál era ese precio de mercado, y si no se podía calcular este debía ser de casi 400 pb (un 4%), la cual se debía modular según riesgo de tomador.

Con el nuevo marco, los precios de la prima por la garantía se reducen notablemente. Se modulan según la duración del préstamo subyacente en el aval y el tamaño de la empresa (distinguiendo entre pymes y grandes empresas), permitiendo una combinación ponderada de los mismos.