Por qué es mejor que el Estado pague directamente el salario que un ERTE

La idea de que sea el Estado -y no los empleadores- quien pague tanto los salarios de los trabajadores como los costes básicos asociados al funcionamiento de las empresas (mientras dure la crisis del coronavirus) se ha extendido.

Incluso, los gobiernos de países poco intervencionistas, como el Reino Unido, EEUU o Canadá, ya lo han planteado. Boris Johnson ha avanzado que su Gobierno pagará -vea aquí las medidas- las nóminas de los empleados. En concreto, el 80% de los costes salariales del personal contratado con un máximo de 2.500 libras al mes. Justin Trudeau, en la misma línea, ha anunciado que el Estado abonará 450 dólares durante quince semanas a todos los trabajadores en cuarentena o enfermos, también a los padres que se tengan que quedar en casa para ayudar a sus hijos.

Trump, por su parte, ha avanzado un ingreso de 1.200 euros para cada familia estadounidense con rentas anuales inferiores a 75.000 dólares, cantidad que podría crecer en función del número de hijos. Dinamarca, por su parte, ha anunciado un esquema en el que el Estado pagará el 75% del salario, los empresarios, un 25%, y los empleados trabajarán cinco días gratis. También Macron, en Francia, ha hablado de pagar el salario de los trabajadores directamente, como en Holanda, Austria o Alemania. En todos los casos, a cambio de que no haya despidos.

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Economistas influyentes como Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, dos de los mayores especialistas en desigualdad, han pedido a los políticos que lancen un mensaje claro: “El gobierno pagará a los trabajadores inactivos, pero también los costes de mantenimiento necesarios mientras las empresas estén cerradas”.

El argumento en todos los casos es el mismo, con las fábricas y las tiendas clausuradas, la recesión está asegurada. Además, muchos comercios o pequeños empresarios tendrán la tentación de echar el cierre definitivo. Máxime cuando en un porcentaje muy elevado se trata de propietarios con edades muy avanzadas -el envejecimiento es general- y preferirán olvidarse de un negocio que antes se traspasaba de padres a hijos.

La estrategia

El Gobierno español, como se sabe, ha optado por la vía de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), pero es probable que tenga que revisar esa estrategia. Entre otras cosas, porque la vía de los ERTEs, como ha advertido un informe de la consultora Freemarket, está sometida a un proceso de tramitación lento y burocrático, necesariamente menos eficaz que la ayuda directa. Es decir, los costes de transacción para las empresas son elevados, sobre todo para las microempresas, que son mayoría en el tejido productivo.

Primero, hace falta un informe relativo a la pérdida de actividad y la documentación que lo acredita, segundo, ha de comunicarse a los trabajadores y a sus representantes; tercero, disponer del informe preceptivo de la Inspección de Trabajo (5 días) y después ser ratificado por la jurisdicción laboral (5 días). En total como unos 20 días. Por mucho que se acorten los plazos, la paga de marzo está a la vuelta de la esquina.

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¿Cuánto costaría pagar las nóminas de los trabajadores afectados para que no pierdan su empleo? Obviamente, dependerá de la intensidad de la recesión y de los ajustes de plantilla, pero hay una cosa clara. Como sucedió en la anterior crisis, los trabajadores menos cualificados y con sueldos más bajos serán los más afectados, y, por lo tanto, son quienes necesitan mayor protección.

Un millón de parados

Algunos cálculos pueden dar una idea del importe para el Estado. El coste salarial bruto de un trabajador en España asciende, según la última información del INE, a 31.085 euros al año, de los que 23.003 euros corresponden al salario medio. Eso quiere decir que, por cada millón de trabajadores afectados por el virus, el Estado, que puede endeudarse gratis acudiendo al BCE, debería pagar alrededor de 31.000 millones de euros.

Ahora bien, eso sería en el conjunto del año. El coste mensual seria unos 2.580 millones de euros al mes. O lo que es lo mismo, algo más de 5.160 millones si la crisis se alarga dos meses. Esta cifra, sin embargo, tiene un sesgo al alza debido a que existe un ‘efecto composición’. La mayoría de los trabajadores más afectados tiene salarios más bajos y el coste sería menor. Conocer lo que cada trabajador gana es fácil para la Seguridad Social porque tiene acceso a la última nómina de cada trabajador.

La regulación temporal de empleo, como se sabe, tal, y como lo ha aprobado el Gobierno, supone la exoneración a las empresas del pago del 75% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, alcanzando dicha condonación el 100% de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores.

Aunque cada empresa es un mundo, hay algunas que lo sufragan al 100% durante un tiempo, como ha anunciado Inditex, en la mayoría de los casos el trabajador queda en situación de suspensión de contrato por razones de fuerza mayor. Por lo tanto, queda en situación legal de desempleo a pagar por el Estado con impuestos, pero con unos ingresos mensuales muy por debajo de su última nómina. El importe diario de la prestación por desempleo representa el 70% de la base reguladora -por lo que se ha cotizado- durante los seis primeros meses, y el 50% a partir de dicho período. La cuantía máxima de la prestación contributiva son 1.254,96 euros al mes para un trabajador con un hijo a cargo.

Cuantía media

¿Y cuánto cuesta que un millón de trabajadores, siguiendo el ejemplo, cobre la prestación del SEPE tras un expediente temporal? La cuantía media por prestación contributiva en febrero fue equivalente a 858,3 euros por beneficiario. Es decir, costaría unos 860 millones de euros. Ahora bien, esa prestación mensual media no incluye los gastos que incurre el Estado al tener que abonar la Seguridad Social del parado, alrededor de un 20% más.

En total, algo más de 1.032 millones al mes, frente a los 2.580 millones que costaría pagar a cada millón de trabajadores. Es decir, habría una diferencia de unos 1.500 millones de euros al mes. O de 3.000 millones (menos de tres décimas de PIB) si son dos millones de trabajadores los afectados. No parece mucho habida cuenta de una emergencia nacional, como la ha calificado el propio Gobierno.

Echar el cierre es una mala noticia porque liquidar una empresa que funciona tiene enormes externalidades negativas, ya que destruye las relaciones con sus clientes y con sus empleados, mientras que crearla lleva un tiempo largo de construcción hasta que por fin puede sustituir a la que desaparece. No siempre la destrucción creativa es una opción a corto plazo.

Tiendas sin clientes

Por eso, muchos gobiernos han optado porque sea el Estado quien pague una parte razonable del coste de los servicios generales que supone tener formalmente abierto un pequeño comercio (alquiler, impuestos, teléfono) que, paradójicamente, no puede vender porque los consumidores ni pueden ni deben salir de casa.

Históricamente, y a falta de que de la UE ponga un sistema propio en marcha, las bajas laborales se han cubierto con prestaciones de desempleo, pero esta crisis es distinta.

Los despidos no van a ser fruto de una mala situación económica de la empresa o de una caída de su flujo de caja, sino del hecho de que a causa de que existe una “fuerza mayor” los establecimientos que canalizan las ventas están cerrados. Por lo tanto, los tradicionales sistemas de regulación de empleo no sirven, ya que suponen, en el peor de los casos, el despido, es decir, la interrupción permanente de la relación laboral, y, en el mejor de los casos, la suspensión temporal de empleo o la reducción de jornada. Y lo temporal, ya se sabe, en un mercado competitivo, a menudo se convierte en definitivo. Sin contar las empresas que pueden aprovechar las circunstancia para hacer ajustes de plantillas.

Con una particularidad, los seguros de desempleo tienen una duración limitada. Pasado ese tiempo (en España dos años) el trabajador queda sin prestación contributiva y si reúne las condiciones, logrará la asistencial (poco más de 430 euros al mes).

Un dato pone de manifiesto la crudeza de la situación, apenas el 46% de los 2,04 millones de trabajadores en paro que cobran del SEPE percibe una prestación contributiva, el resto son asistenciales. Sin contar los trabajadores que no perciben ninguna prestación porque han agotado la suya. A grandes males, grandes remedios.