El coste inicial para el Estado es de 5.000M

El Gobierno ampliará el paquete de ayudas si la crisis del coronavirus se agudiza

El Ejecutivo confía en que este plan de choque sea suficiente para amortiguar el impacto económico, pero responderá a la pandemia ajustando las medidas en cada momento

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
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El principal problema de la pandemia del coronavirus es que es impredecible. En China, el número de contagiados lleva días reduciéndose y poco a poco vuelve la normalidad. Ese es el objetivo que persigue ahora España, pero nadie sabe cuándo llegará, y tampoco se pueden descartar rebrotes de la curva. Es por este motivo que el Gobierno asume que esta será una crisis cambiante que obligará a adaptar el plan de choque económico a las necesidades de cada momento. Eso significa que si es necesario movilizar más recursos públicos, así se hará, explican fuentes del Ejecutivo.

Todas las líneas de financiación actuales son susceptibles de tener una nueva inyección de recursos si fuese necesario, ya que las tres líneas que se ha marcado el Gobierno se mantendrán durante toda la crisis. La primera, minimizar la destrucción de empleo; la segunda, asegurar la liquidez en el tejido productivo, y la tercera, ayudar a las familias con menos recursos. Si los fondos habilitados en el Consejo de Ministros del martes son insuficientes, el Ejecutivo tiene más balas en la recámara para disparar.

Según fuentes del Gobierno, la estimación inicial es que el coste para el presupuesto estatal de las medidas adoptadas el martes será de apenas 5.000 millones de euros durante el primer mes. Es importante tener en cuenta que los avales no tienen coste presupuestario, ya que son activos para el Estado y solo pierde si aumenta la morosidad. Una cifra que podría quedarse corta si se tiene en cuenta la profundidad de la crisis económica que se está gestando. De ahí que el Ejecutivo esté dispuesto a poner más fondos sobre la mesa.

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No solo eso, también podrían surgir nuevas necesidades a medida que avance la crisis del coronavirus. Ya sean médicas o económicas. Por ejemplo, el Gobierno ha pospuesto una medida que anunció el ministro de Inclusión y Seguridad Social la semana pasada: una prestación para padres que tengan que dejar el trabajo para cuidar a familiares dependientes. El Ejecutivo considera que esa ayuda no es prioritaria, ya que con el teletrabajo, la mayor parte de las familias podrán compaginar el empleo con los cuidados. Sin embargo, si fuese necesaria esta medida, se retomaría en el futuro.

El Gobierno está estudiando la creación de un fondo extraordinario para financiar las medidas ya aprobadas y las que puedan venir derivadas de la crisis del coronavirus. Este fondo responde a la reflexión que introdujeron la semana pasada los sindicatos de crear un fondo extraordinario financiado con los Presupuestos Generales del Estado y que garantice que no se consumen el resto de recursos de la Seguridad Social o del Ministerio de Trabajo. Con esta medida, los sindicatos querían proteger las prestaciones ya existentes, desde los seguros por desempleo hasta las pensiones contributivas, y separarlas de las medidas excepcionales por la pandemia.

Fuentes del Gobierno confirman que esta es una opción que se está estudiando, aunque aún no hay una decisión adoptada. Por el momento, el grueso de las medidas, que son de materia laboral, se financiará con cargo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De los 117.000 millones de dinero público que movilizará el Gobierno, la principal partida con impacto presupuestario es la destinada a financiar los ajustes temporales de plantillas a través de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo).

El Gobierno pretende asumir una buena parte de la factura de la crisis asumiendo el salario de los trabajadores que no sean necesarios, bien porque se hayan tenido que cerrar los centros de producción o porque la demanda se haya desplomado. Para evitar despidos, la solución que quiere impulsar el Gobierno son los ERTE, que permiten a las empresas reducir jornadas laborales o días de trabajo con el consiguiente ahorro en los salarios.

Los trabajadores afectados pasarían a cobrar un seguro por desempleo equivalente al 70% de la base reguladora, calculada con las cotizaciones de los 180 días anteriores. También cobrarán esta prestación los trabajadores que no hayan acumulado las cotizaciones suficientes para ser beneficiarios.

Además, durante este periodo las empresas tendrán exenta la cotización por sus asalariados. Si se tiene en cuenta que ya hay más de 100.000 trabajadores afectados por ERTE, se tiene una idea del gasto que puede suponer para el Estado esta medida. Los 5.000 millones habilitados inicialmente podrían quedarse cortos muy pronto.

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