Planas siembra desconcierto en industria y distribución por el índice de precios mínimos

Es la parte menos clara del real decreto ley que este martes anunció el ministro de Agricultura, Luis Planas, y que hoy se ha publicado en el BOE. La creación de un índice de referencia de precios, por el cual se pretende evitar que se transaccionen productos por debajo del coste de producción, ha causado perplejidad a grandes fabricantes y cadenas de distribución por la falta de desarrollo de esta medida.

Aunque el espíritu de la medida presentada por Planas pretende resolver una de las reclamaciones más importantes de agricultores y ganaderos, es decir, la venta por debajo del coste de producción, la falta de desarrollo de esta medida ha desconcertado al resto de actores de la cadena alimentaria, ya que resulta de difícil encaje en términos de competencia que el Gobierno pueda intervenir en los precios y por los efectos colaterales que pueda tener esta decisión.

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Europa Press

Como explican desde grandes compañías transformadoras, clientes necesarios del sector primario, la existencia de un índice de referencia puede provocar un efecto perverso no contemplado. “Si ese indicador es fruto de una media, habrá productores menos eficientes que tendrán precios producción por encima, de manera que los más eficientes van a resultar beneficiados por esa referencia de precios, en detrimento de los menos eficientes”.

Aunque las cadenas de gran distribución no suelen tener contacto directo con los productores, tampoco tienen claro cómo puede afectar esta medida, la menos clara de toda la batería presentada por el ministro de Agricultura. No en vano, “pese a que pueda fijarse una referencia de precios mínimos y tenga que añadirse más transparencia en las relaciones contractuales, lo que no podrá obligarse nunca es a quién comprar como proveedor”.

Aunque las cadenas de gran distribución no suelen tener contacto directo con los productores, tampoco tienen claro cómo puede afectar

Desde la patronal FIAB, por ejemplo, consideran que “todas las medidas que ayuden a regular de manera justa las relaciones comerciales entre la cadena agroalimentaria son bienvenidas, como la mejora de la legislación de venta a pérdida, la publicación periódica de las resoluciones sancionadoras”. Lo que no está tan claro es lo referido al artículo 9 del nuevo real decreto ley, referido a la regulación del coste efectivo de producción.

Antes de avivar el conflicto existente, el resto de partes implicadas en la cadena esperan una convocatoria del ministro Planas para explicar y desarrollar este punto, convertido en el más espinoso, tanto por su complejidad jurídica a la hora de implementarlo como por las posibles consecuencias en la cadena, tanto por el factor coste como por la distorsión que pueda generar entre el mismo sector primario.