El Gobierno compensa al campo la subida del SMI con una bonificación en las cuotas

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) fue la espita que prendió la mecha del descontento en el campo y el Gobierno ha decidido apagarla. En apenas dos años, subió en 214 euros, una subida de casi el 30%, lo que llevó a las asociaciones de agricultores a reclamar una compensación a través de una rebaja en las cuotas a la Seguridad Social por sus trabajadores. Finalmente, lo han conseguido.

El real decreto-ley aprobado por el Gobierno el martes recoge una serie de bonificaciones en las cuotas del Régimen Agrario (integrado en el general) por contingencias comunes a cargo del empleador. O lo que es lo mismo, lo que tiene que pagar un agricultor por contratar empleados. Eso sí, esta bonificación se aplicará solo a la conversión de contratos temporales en indefinidos (incluyendo fijos discontinuos), una medida con la que el Gobierno pretende luchar contra la precariedad en el campo.

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La principal rebaja en las cuotas se aplicará a través del establecimiento de una tarifa plana en la cotización por contingencias comunes para todos los jornaleros y asalariados del campo cuyo salario no supere los 1.800 euros al mes en 12 pagas, esto es, casi la totalidad del campo. Para ellos, el Gobierno establece una cuota fija de 94,63 euros al mes en el caso de los hombres y de 63,09 euros al mes para las mujeres. Una medida que se reproduce en el resto de las ayudas y que tiene como objetivo estimular el empleo de la mujer en el campo.

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Esta tarifa plana supone un ahorro en la cuota empresarial que va desde unos 55 euros en el caso de los asalariados hombres que cobren el SMI hasta algo más de 160 euros en el caso de mujeres asalariadas con un salario mensual de 1.799 euros. Esta medida supondría una ayuda que, al menos, será equivalente al aumento del coste que ha supuesto la subida del salario mínimo de 2020, que fue de 58 euros (medidos también en 12 pagas). En el mejor de los casos, esta bonificación compensará una buena parte de la subida del SMI de 2019, cuando se incrementó en 191 euros.

El Gobierno ha establecido además otra bonificación para los asalariados incluidos en el grupo 1 de cotización (personal de alta dirección, ingenieros, licenciados) cuyo salario no supere los 1.800 euros al mes en 12 pagas. Para ellos, la bonificación que se aplicará sobre la cuota empresarial será de una rebaja de 53,33 euros al mes para los hombres y de 40 euros para las mujeres.

Estas ayudas se instrumentan en forma de bonificaciones, esto es, las financiará directamente el Ministerio de Trabajo con cargo a su presupuesto. Eso significa que no supondrán una merma de ingresos a la Seguridad Social, porque se compensará la caída de los ingresos con una transferencia desde los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el Gobierno cumple también con una exigencia de los sindicatos, que reclamaban que esta política de ayudas no se pagara con la maltrecha caja de la Seguridad Social.

Estas ayudas se instrumentan en forma de bonificaciones, esto es, las financiará directamente el Ministerio de Trabajo con cargo a su presupuesto

La bonificación tendrá una duración de dos años, pero los agricultores estarán obligados a mantener el contrato de esos trabajadores durante tres años, salvo en el caso de despido procedente o renuncia del trabajador. En el caso de que el empleador prescinda del trabajador antes de tiempo, estará obligado a devolver las ayudas al Ministerio de Trabajo, esto es, tendrá que pagar la cuota completa.

Además, la bonificación solo se aplicará a los contratos que supongan la conversión de un temporal en un indefinido, incluyendo la figura del fijo discontinuo. De esta forma, el Ejecutivo ha querido que esta ayuda sea también un incentivo a la estabilización del empleo. La ayuda estará en vigor para todas las conversiones que se realicen antes de fin de año.

Impacto inmediato

De toda la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para calmar al campo, esta será una de las que tengan impacto inmediato. Y supondrá un importante alivio en los costes laborales que soportan actualmente los agricultores. Bastará con que conviertan en indefinidos sus contratos temporales (en la mayoría de los casos, en fraude de ley) a partir del día 27 de febrero. Eso significa que ya verán rebajado su pago a la Seguridad Social de marzo.

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Esta ayuda acompaña la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para mejorar el sistema de formación de precios en el campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, explicó el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que su objetivo es mejorar la asignación de recursos en los diferentes tramos de la cadena de valor.

Para lograrlo, el ministerio obligará a que los contratos de los agricultores con la industria intermedia o los distribuidores cubra los costes de producción. De esta forma, el encarecimiento de los insumos o los costes intermedios se trasladará al precio del productor.

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Además, el Gobierno pondrá fin a la venta a pérdidas, que limita al último eslabón de la cadena (la distribución) y en ningún caso se podrá trasladar esta rebaja a los pasos previos de la cadena. En otras palabras: si los supermercados quieren vender por debajo del coste de producción, tienen que ser ellos quienes asuman las pérdidas.

El ministerio también endurecerá las sanciones a las empresas que no realicen contratos por escrito con los agricultores que contengan los costes de producción y el precio de venta. En esos casos, las sanciones serán faltas graves o muy graves y además serán publicitadas, lo que supondrá un coste reputacional para la empresa intermediaria o la distribuidora.