Panamá le falla a España: vuelve a la lista negra de la UE dos años después

En enero de 2018, el Gobierno español hizo gestiones y movió hilos en Bruselas para que Panamá, que acababa de entrar hacía solo dos meses en la lista negra de jurisdicciones no cooperativas, acabara saliendo de ella. A finales de enero, los ministros de Finanzas de la Unión Europea daban el paso y el país centroamericano abandonaba la lista negra.

España defendió que Panamá nunca debería haber entrado, que desde los Panama Papers el país y su Gobierno habían dado pasos hacia la transparencia fiscal y para ser más cooperativos. El Ejecutivo panameño se comprometió con la UE a una serie de reformas que no ha cumplido a tiempo y que lo llevan ahora de nuevo a la lista negra.

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Tanto diplomáticos como miembros del Gobierno panameño, sabiendo el daño que produjo el escándalo de 2016 sobre su reputación, han ido incrementando su trabajo y su campaña en Bruselas para volver a construir confianza con los socios europeos y con la opinión pública del Viejo Continente.

Hace solo un año, Panamá estaba a punto de entrar en otra lista negra de países que no cumplían con las normas de blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo. Y de nuevo, España salió en su defensa y amenazó con el bloqueo de la lista en la que también estaban otros países, como Arabia Saudí, lo que hizo que en total, y según fuentes diplomáticas, hubiera hasta 13 Estados miembros en contra de una lista que la Comisión Europea consideraba correcta.

Fuentes diplomáticas españolas defendieron entonces al país centroamericano: “Está en un proceso de aprobación de una ley contra blanqueo”

Fuentes diplomáticas españolas defendieron entonces al país centroamericano: “Está en un proceso de aprobación de una legislación contra el blanqueo”. Las fuentes españolas acusaron a la Comisión Europea de no haber sido “más rigurosa” y “transparente” en su proceso, y el Ejecutivo comunitario se defendió explicando que había seguido todos los procedimientos y había informado a las capitales. La lista acabó siendo derribada por los socios europeos.

La Comisión Europea decide incluir a los países en esta lista después de escanear tres criterios: transparencia en materia tributaria e intercambio de información, aplicación de una fiscalidad nociva y, por último, colaboración para evitar la evasión fiscal.

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No solo se incorpora Panamá, también se suman Islas Caimán, Palaos y Seychelles. Estos países se comprometieron a una serie de reformas con la Unión Europea, y al no cumplir han caído de la lista gris, en donde se encuentran países que han hecho promesas para resolver su situación, a la lista negra.

Ha habido países que sí han cumplido con compromisos que habían adquirido con Bruselas, como son Antigua y Barbuda, Armenia, las Bahamas, Belice, las Bermudas, Cabo Verde, Curazao, Islas Cook, Islas Marshall, las Islas Vírgenes Británicas, Montenegro, Nauru, Niue, San Cristóbal y Nieves y Vietnam.

Panamá, Islas Caimán, Palaos y Seychelles se suman a los que ya formaban parte de la lista negra: Samoa Americana, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu.