El Gobierno aprueba el 'sandbox' regulatorio y supervisor para fintech
Montero ha asegurado que creará unas condiciones seguras, un esquema jurídico ley-protocolo y se consolidará como un instrumento para abrir el camino a la transformación digital
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la transformación digital del sector financiero, que incluye la creación del 'sandbox' regulatorio y supervisor, que quedó paralizado por la disolución de las Cortes el pasado 5 de marzo y cuyo texto ha sufrido ligeras alteraciones.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha asegurado que creará unas condiciones seguras, un esquema jurídico ley-protocolo y se consolidará como un instrumento para abrir el camino a la propia transformación digital.
Montero ha comparado el 'sandbox' con un ensayo clínico en fase 4 en el sector sanitario, previo a que un producto se pueda universalizar en el mercado.
El sector no permanece al margen de los cambios tecnológicos, por lo que este anteproyecto de ley busca que las autoridades públicas puedan desarrollar mejores políticas financieras que garanticen que, en este contexto, se asegure la protección de los consumidores, la estabilidad e integridad de los mercados, o la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Asimismo, las medidas de acompañamiento al sector financiero tratarán de facilitar el proceso innovador, captando talento del exterior y facilitando el acceso de las empresas a la financiación debido al 'sello' de las autoridades públicas con el que contarán los proyectos tecnológicos seleccionados.
La parte central de este anteproyecto de ley es el 'sandbox', que funcionará como instrumento regulador y supervisor, ofreciendo información de primera mano a las autoridades sobre cómo acontece la transformación digital en el sector. Este 'laboratorio de pruebas' consta de tres fases: régimen de acceso, realización de pruebas con garantías y régimen de salidas.
En primer lugar, el Tesoro deberá sacar una resolución solicitando que los promotores presenten sus proyectos, periodo que se extenderá durante un mes. Una vez recibidos, se darán traslado de los mismos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al Banco de España o a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), que dependerá del sector o subsector al que pertenezcan.
Posteriormente, los supervisores financieros dispondrán de otro mes, ampliable por dos meses más, para realizar una evaluación previa de los proyectos. Tendrán que valorar que efectivamente se trata de innovación tecnológica, que se encuentra en un estado relativamente avanzado (deben traer su propia cartera de clientes), que mejora la eficiencia, reduce costes o genera valor añadido, entre otras cosas.
Realizada esta evaluación previa por parte de los supervisores, se reunirá la comisión de coordinación y se publicará en la web del Tesoro qué proyectos han sido preliminarmente aceptados y cuáles han sido rechazados, con su informe correspondiente explicando en su caso la denegación.
Tras este primera fase, se inicia el momento de la realización de las pruebas, para lo que será necesario que se negocie un protocolo entre el supervisor financiero de turno y el promotor del proyecto, que recogerá la duración del ensayo, el volumen máximo de operaciones o el número de consumidores al que va dirigido.
Fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press aseguran que la duración de los proyectos en el 'sandbox' no es ilimitado, pero tampoco ofrecen plazos mínimos ni máximos. No obstante, confían en que este año se podrá ver el primer proyecto, al tiempo que señalan haber recibido ya interés por parte de algunas empresas.
El cliente tendrá en todo momento un derecho de desistimiento. Aunque el promotor se deberá comprometer responsablemente y con todas las garantías, existiendo la posibilidad de que las pruebas se interrumpan.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la transformación digital del sector financiero, que incluye la creación del 'sandbox' regulatorio y supervisor, que quedó paralizado por la disolución de las Cortes el pasado 5 de marzo y cuyo texto ha sufrido ligeras alteraciones.