En ventas del sector agrícola

El Gobierno pone en riesgo 1.800 millones de exportaciones a EEUU por la tasa Google

EEUU tomó represalias contra Francia por este mismo impuesto y Macron congeló la recaudación hasta diciembre. Ahora, España quiere seguir sus pasos para que las tecnológicas tributen

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
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El campo español tiene un nuevo frente de incertidumbre. Esta vez no es el cambio climático, ni la subida del salario mínimo, ni nuevas exigencias regulatorias. Ni siquiera las barricadas de agricultores franceses cortando el paso a los productos nacionales. Esta vez, es un impuesto digital quien pone al sector ante un nuevo abismo. El Gobierno aprobará este martes el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales (el mal llamado tasa Google), que es el intento que han ideado los países europeos para que las grandes multinacionales tecnológicas paguen impuestos.

Esto no tiene ninguna relación aparente con el campo, pero en este mundo de las represalias comerciales, cualquiera puede sufrir los efectos colaterales. Las famosas GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) son la joya de la corona estadounidense y el presidente del país, Donald Trump, ha demostrado que hará lo que sea necesario para protegerlas. Esto significa que si finalmente España pone en marcha el impuesto de forma unilateral, es más que probable que sufra represalias. ¿Y qué sector hay en España que genere importantes beneficios de la exportación, que atraviese graves problemas de supervivencia y que compita con la producción local estadounidense? No hay duda: solo el agroalimentario.

Francia intentó poner en marcha su impuesto sobre determinados servicios digitales a finales de 2019, y a principios de 2020 llegó a un acuerdo con EEUU para retrasar hasta final de año el cobro del tributo. Trump amenazó a su homólogo, Emmanuel Macron, con aranceles del 100% a un total de 2.400 millones de euros en exportaciones francesas. El Elíseo reaccionó posponiendo los pagos del impuesto hasta final de año. No está suprimido, pero de momento no se están realizando liquidaciones trimestrales correspondientes a los pagos a cuenta. Esta cesión de Francia congeló los aranceles de EEUU, pero nada indica que no se vayan a reactivar cuando comience la recaudación de la tasa Google.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará el anteproyecto de la ley que introduce este impuesto en el Consejo de Ministros de este martes para que comience su tramitación en el Parlamento. Nada parece indicar que esta vez no vaya a salir aprobado si se tiene en cuenta la aritmética del Congreso. Sin embargo, tampoco comenzará a recaudar de forma inmediata. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anunció el lunes que el impuesto no se liquidará trimestralmente como figuraba en el texto inicial, sino que se retrasará el cobro hasta diciembre. Se dará tiempo así a las negociaciones en la OCDE para crear un impuesto digital, y se verá qué ocurre con Trump en la reelección.

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Lo que está claro es que el impuesto comenzará a devengarse una vez entre en vigor. Si EEUU toma represalias contra España, el campo tiene altas probabilidades de ser el perjudicado. Ya lo ha sido con los aranceles en respuesta a las ayudas a Airbus y tiene todas las papeletas para repetir.

Las exportaciones de alimentos y bebidas de España a EEUU superan los 1.800 millones de euros anuales, esto es, un 4% del total de las exportaciones del sector, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Esta cuantía es casi el doble de la previsión de recaudación del tributo, que difícilmente superará los 900 millones de euros anuales, según los cálculos más generosos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El aceite es el sector más expuesto. En total, las exportaciones a Estados Unidos superan los 420 millones de euros anuales, casi la mitad de la recaudación prevista para el impuesto. EEUU compra nada menos que el 11% del aceite que exporta España, lo que lo convierte en un comprador prioritario. El sector de la aceituna ya ha sufrido el envite de los aranceles de Trump, por lo que un nuevo golpe podría ser definitivo.

Las exportaciones de bebidas también están muy expuestas al mercado estadounidense, principalmente por el vino. Cada año, se facturan más de 330 millones de euros en ventas a EEUU, un 8% del total de las exportaciones del sector. Los envíos de frutas, verduras y legumbres a EEUU alcanzan los 440 millones de euros anuales, pero en su caso el impacto porcentual es inferior, del 2,5%. El principal mercado para este sector sigue siendo la Unión Europea.

Además de productos agroalimentarios, EEUU importa muchos bienes de equipo y semimanufacturas españolas. En total, las ventas de maquinaria superan los 3.500 millones, casi el doble que el sector primario. En cuanto a las semimanufacturas, superan los 3.300 millones de euros, pero en este caso los aranceles son menos probables. Se trata de materias primas procesadas, como acero, gasolinas o productos químicos, que en muchos casos son insumos para sus cadenas de producción, por lo que bloquear su entrada encarecería los costes y podría paralizar procesos.

EEUU defiende que sus multinacionales tecnológicas ya pagan impuestos, pero lo hacen donde tienen su producción, no donde venden. La producción no es otra que el desarrollo de los algoritmos y otros activos inmateriales que se generan en EEUU. Trump defiende que ese es el valor añadido de sus empresas, que se genera en EEUU y que paga los impuestos correspondientes en el país. Igual que el sector exportador de un país contribuye donde produce. De ahí que considere el impuesto discriminatorio y aleatorio, y que se centra básicamente en las grandes multinacionales estadounidenses.

El impuesto financiero

El Gobierno también aprobará en este Consejo de Ministros el proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras (mal llamado tasa Tobin) para grabar operaciones de mercado. El objetivo del Ministerio de Hacienda es que ambos tributos se tramiten lo antes posible para que su recaudación pueda permitir un mayor gasto cuando salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2020. Si su aprobación se retrasa mucho más, el potencial de recaudación será menor y limitará, todavía más, el margen de acción del Ejecutivo.

También se aprobará este martes la nueva ley de lucha contra el fraude, con la que el Gobierno pretende luchar contra los pagos en efectivo o el fraude en los autónomos y las empresas, entre otras medidas.

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Este paquete de medidas ya acompañó al proyecto de Presupuestos de 2019, pero decayó con la convocatoria de elecciones. En ese momento, el Gobierno estimó que la recaudación de las tres figuras generaría casi 3.000 millones de euros anuales para las arcas públicas. Sin embargo, la AIReF limitó el optimismo y estimó entre 1.300 y 2.400 millones los ingresos.

El Ejecutivo también aprobará el martes la derogación del artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores que recoge el despido por absentismo justificado. A partir de esta semana, las empresas no podrán despedir de forma procedente a trabajadores que hayan acumulado ausencias médicas justificadas. Una medida con la que se pretende proteger a los trabajadores afectados por enfermedad, especialmente en el caso de los pacientes crónicos.

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