Sánchez presiona a los soberanistas: vincula al presupuesto las ayudas a la industria

El Gobierno traslada a los grupos parlamentarios de Cataluña, País Vasco y Galicia y a sus formaciones políticas la presión para desatascar las ayudas que permitan a la gran industria electrointensiva rebajar su factura eléctrica y evitar situaciones traumáticas como ERTE y ERE y en el peor de los casos cierres y deslocalizaciones que algunos ya se estaban planteando, con el varapalo que ello supone a nivel económico y social para las zonas en las que se ubican estas empresas.

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, han trasladado este lunes a las patronales (AEGE, Unesid, Feique, etc.) y sindicatos afectados su intención de elevar los fondos para aliviar los costes de las grandes empresas electrointensivas, concentradas en estas tres comunidades autónomas, y que se sienten agraviadas por el mayor coste con respecto a su competencia en Francia y Alemania. Sin embargo, advierten de que esperan el apoyo de los grupos parlamentarios ya que dichos fondos deberán ir en los Presupuestos Generales del Estado que, según explican, se están negociando en estos momentos.

Los responsables de ambos ministerios señalan que su idea es aumentar la actual dotación de 172 millones de euros para compensar los costes de CO2 y sumar a ello una partida de 90 millones para compensar el 85% de los cargos de la factura de la luz (ayudas a las renovables y a las extrapeninsulares) que pagan estas empresas. A ello sumarán un fondo para garantizar contratos bilaterales a precio más barato a través de Cesce.

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Pero advierten de que todo esto solo será posible con unos nuevos presupuestos. De esa forma trasladan la presión a través de la industria situada en sus territorios a los grupos parlamentarios y partidos políticos de estas regiones (ERC, JxCAT, CUP, PNV, Bildu o el BNG). Un movimiento que se produce, además, en un año en el que estas tres comunidades autónomas tendrán que pasar por las urnas en elecciones autonómicas.

Fuentes de Industria y Transición Ecológica han detallado además el impacto que tendrán estas ayudas en estos territorios, que pretenden activar a través de un nuevo estatuto de los consumidores electrointensivos cuya tramitación está en fase final y estiman estará listo en las próximas semanas.

Así, los responsables gubernamentales destacan que de las 600 empresas que calculan podrán acogerse a este estatuto de los consumidores electrointensivos, 153 compañías están en Cataluña, lo que representa el 25% del total. Otras 44 se beneficiarán en el País Vasco y 31 en Galicia. Y más allá del número de empresas, muchas de estas compañías más grandes y que más consumen en España están en estos territorios.

Firmas como Alcoa o Ferroatlántica están en Galicia. ArcelorMittal cuenta con una planta en País Vasco. Celsa y Ercros se encuentran en Cataluña. Estas compañías son, junto con Acerinox (Cádiz), Asturiana de Zinc (Asturias) y la planta de Arcelor en Avilés (Asturias), las firmas que más electricidad consumen de España.

A las anteriores compañías se pueden sumar las situadas en Cantabria, que también pueden contribuir a decantar el voto de cara a los Presupuestos Generales del Estado del diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

Muchas de estas empresas habían señalado en los últimos meses que se estaban planteando la implementación de ERTE y ERE después de comprobar que la subasta de interrumpibilidad, un sistema de ayudas del que se aprovechaban estas empresas vía factura de la luz, se ha reducido en un 98% en el último año: de más de 500 millones en 2017 a solo 10 en 2020. Además, las actuales ayudas se repartirán entre 600 empresas cuando la interrumpibilidad se la repartían entre menos de 200. Y de ahí, las siete mayores consumidoras de luz eran las principales beneficiarias.

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De hecho, patronal y sindicatos han ido de la mano en esta cuestión y han mostrado su malestar por la situación. De ahí las movilizaciones frente al Ministerio de Industria este mismo mes de enero. Con la inminente aprobación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, del que Industria y Transición Ecológica señalan es el único posible para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Gobierno traslada la presión de la industria a los grupos regionalistas e independentistas de los principales territorios afectados.

Todo un arma de negociación de cara a los Presupuestos para el que Sánchez necesita recabar apoyos en estos grupos, con la dificultad que esto implica como ya se demostró en su reciente investidura. Más de 262 millones de euros, aún sin estimación pública por parte del Gobierno al no estar configurados los Presupuestos, dependientes de Hacienda, que también servirán al PSOE para hacer campaña en las autonómicas de 2020 de las tres comunidades autónomas con más pulsiones independentistas.