pone en marcha una gran revisión

Disciplina fiscal en obras: Bruselas abre un debate sobre su supervisión

La Comisión Europea ha iniciado este miércoles un debate para revisar las normas de disciplina fiscal, admitiendo algunos errores del pasado

Foto: Edificio de la Comisión Europea (Efe)
Edificio de la Comisión Europea (Efe)

Bruselas es una ciudad disciplinada. Y también lo son las instituciones europeas. Hay una serie de normas, unos documentos y directrices, que hay que seguir al pie de la letra. Y los técnicos, funcionarios y diplomáticos lo hacen, incluso ante situaciones de enorme presión. Muchos creen que ese proceso, a veces rozando lo irreflexivo, llevó a errores de calado durante la gestión de la crisis.

Ahora, parte de los equipos técnicos que llevaron las riendas en aquella época con mano de hierro parecen empezar a asumir cambios que ya se produjeron antes a un nivel político.

Por eso la Comisión Europea ha abierto este miércoles un debate para la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las normas de disciplina fiscal que tienen como objetivo lograr que los Estados miembros cumplen con las metas marcadas por el Tratado de Maastricht: que los países no acumulen un déficit presupuestario superior al 3% y que el nivel de deuda pública no se vaya más allá del 60% del producto interior bruto (PIB).

Los técnicos y las fuentes comunitarias se muestran más o menos satisfechos con cómo ha funcionado el Pacto hasta ahora, pero sí creen que ha llegado el momento de andamiarlo y hacer cambios. “Las políticas económicas en Europa deben abordar los problemas que afrontamos hoy, que claramente no son los mismos que hace una década”, ha asegurado Paolo Gentiloni, comisario de Economía.

Gentiloni intenta explicar ante qué ecuación se encuentra hoy la Comisión Europea: “La estabilidad sigue siendo un objetivo clave, pero también hay una necesidad de apoyar el crecimiento y, en particular, movilizar inversiones requeridas para luchar contra el cambio climático”, ha señalado.

Las fuentes comunitarias subrayan dos campos fundamentales de esta reforma que serán objeto de debate: la posibilidad cambios en los mecanismos de sanciones para los países que no cumplen las normas, y la búsqueda de una mayor flexibilidad y espacio para el caso concreto de las inversiones verdes.

La estabilidad sigue siendo un objetivo clave, pero también hay una necesidad de apoyar el crecimiento

Una fuente comunitaria señala que, hasta ahora, y como se ha demostrado con el caso español o el italiano, las multas por incumplir los objetivos del pacto son demasiado importantes. El tamaño potencial es “muy, muy grande”, “son tan grandes que se han vuelto muy difícil o imposible de imponer políticamente”, asegura. Actualmente la sanción por el incumplimiento es del 0,2% del PIB anual.

El último caso fue el pulso entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea. Los presupuestos aprobados por Roma ponían a Bruselas entre la espada y la pared: era muy difícil hacer la vista gorda, pero ir al choque y asumir que había que imponer a Italia una multa de 3.500 millones de euros tampoco era un paso sencillo.

El Ejecutivo comunitario teme que esa incapacidad para imponer multas lleve a un vaciamiento de las normas: no hay necesidad de cumplir o de siquiera acercarse a ello porque Bruselas no va a poder imponer una multa tan grande.

La otra gran pata de la futura reforma es el espacio que se da a los Estados miembros para que realicen inversiones y que no contabilicen en el déficit del país. Ese espacio es hoy del 0,5% del PIB, pero fuentes comunitarias admiten que ese espacio es “muy restrictivo” y a una serie de inversiones muy concretas.

Abren la puerta a que las inversiones verdes puedan entrar en ese espacio, y que incluso el margen pueda llegar a ampliarse más allá del actual 0,5%, aunque admiten las fuentes comunitarias que no es un debate sencillo, que la definición de inversiones ecológicas no es común. Esto ya lo demostró la conflictiva negociación sobre la taxonomía para etiquetas las inversiones sostenibles.

Errores del pasado

Fuentes comunitarias admiten que no ha habido ajustes fiscales contracíclicos. Que el objetivo era que se aumentara la recaudación en los buenos tiempos, reduciéndola en los malos para alentar el consumo. Y que la ecuación ha salido completamente a la inversa: hoy hay una política fiscal procíclica.

También admiten errores en lo que se refiere a la deuda pública: está hoy muy por debajo de los niveles de 2009, y lo cierto es que la Comisión Europea, con las normas que hay hoy sobre la mesa, no alienta demasiado a la inversión por parte del Estado.

Las fuentes comunitarias admiten que las distintas reformas que se adoptaron, una en 2011 (el llamado ‘six-pack’) y en 2013 (el ‘two-pack’) no han logrado dirigir la inversión pública a donde era necesario. La admisión de estas realidades, que no es completamente nueva, permite ver cuáles pueden ser los caminos que puede seguir el debate.

Economía
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