NO BAJARÁ DEL 96% DEL PIB HASTA 2030

La deuda se hace crónica y complica la negociación de Calviño en la UE

Las negociaciones de la ministra Calviño en Bruselas para suavizar la senda del déficit se complican. La UE acaba de estimar que el endeudamiento no bajará del 96% hasta 2030

Foto: La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a su llegada al Congreso. (EFE)
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a su llegada al Congreso. (EFE)
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Lo coyuntural, un fuerte incremento de la deuda pública a consecuencia de la Gran Recesión, ha acabado por convertirse en estructural. Lo dice el último estudio de la Comisión Europea sobre la sostenibilidad de la deuda pública, que concluye que España (uno de los países con niveles más elevados de la UE) no reducirá el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas hasta el año 2030.

Los técnicos de Bruselas estiman, en concreto, que ese año, según el escenario básico y a políticas constantes, se cerrará con una deuda equivalente al 95,7% del producto interior bruto (PIB). Es decir, un porcentaje muy parecido al 96,7% con el que habrá concluido el año 2019 (los datos definitivos se conocerán en las próximas semanas).

Eso significa que desde 2014, cuando se alcanzó el pico de deuda pública (un 100,7% del PIB), España habrá reducido el endeudamiento en apenas cinco puntos porcentuales, lo que supone un recorte de solo tres décimas cada año. Y ello pese a que la economía ha crecido cerca del 3% desde el inicio de la recuperación en media anual.

La reducción de la deuda, de hecho, tiene más que ver con el crecimiento de la inflación y con el descenso de las rentabilidades de las nuevas emisiones (que supone un gran ahorro para el Tesoro Público), que con una mejora de los saldos estructurales de déficit, que es lo que alimenta el endeudamiento. El Gobierno ha estimado que este año el pago de intereses será equivalente al 2,2% del PIB pese al aumento de la deuda del Estado en circulación, que en el tercer trimestre de 2019 ya superaba los 1,2 billones de euros.

La Comisión, en concreto, estima que el saldo estructural, es decir, eliminando la influencia del ciclo económico, no bajará del 2,6% durante el próximo decenio, lo que da idea de las dificultades de la economía española para reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos.

Bruselas, incluso, echa por tierra la pretensión del Gobierno, asumida en el último Plan Presupuestario, de lograr superávit primario de las cuentas públicas (sin tener en cuenta el gasto en intereses de la deuda pública) en 2019. Sus técnicos, por el contrario, estiman que hasta 2021 se registrará déficit primario. Este año, un 0,1,%, y si nada lo remedia, ya sea aumentando ingresos o reduciendo los gastos, o ambas cosas en paralelo, irá creciendo de forma sostenida hasta representar el 1,2% del PIB al final del periodo.

Reducir gastos o subir impuestos

Este deterioro está detrás del nulo avance en la política de reducción de la deuda pública, lo que explica que la Comisión Europea, y de forma ya recurrente, venga reclamando a todos los gobiernos que destinen cualquier recaudación adicional por encima de lo previsto a reducir deuda y no a gasto corriente, que es justamente lo que no se está haciendo desde la salida de la recuperación. Y eso que así lo exige la Ley de Estabilidad.

Las previsiones de la Comisión Europea contrastan con las del Gobierno, que en octubre estimó que el endeudamiento público se situaría este año ya por debajo del 95% (94,6%). Las nuevas previsiones de Bruselas son relevantes porque condicionarán las negociaciones que está teniendo la ministra Calviño con la Comisión Europea.

La vicepresidenta del Gobierno y titular de Economía, Nadia Calviño. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno y titular de Economía, Nadia Calviño. (EFE)

Las negociaciones, como se sabe, no solo se circunscriben al objetivo de déficit o de deuda, sino a la propia metodología, que es cuestionada por el Gobierno español, que considera que el pacto de estabilidad y crecimiento introduce variables difícilmente observables, como la regla de gasto, cuya definición divide a los países miembros. España, en definitiva, busca suavizar la senda de cumplimiento del déficit público.

Como se sabe, la titular de Economía ya ha reconocido que España incumplirá de nuevo la última senda de reducción del déficit pactada en su día con Bruselas. Hace tan solo tres meses y medio, el Gobierno, sin embargo, se comprometió a situar el desequilibrio fiscal en el 2%, pero el consenso de los analistas lo coloca en el entorno del 2,5%. Y a más déficit, lógicamente, menos capacidad de reducir la deuda. Calviño, como ha declarado recientemente en 'La Vanguardia', se escuda en que al tumbarse en el Congreso los Presupuestos de 2019, el Gobierno no ha podido hacer más.

Riesgo alto

Esta situación de las cuentas públicas explica que la Comisión Europea haya incluido España entre los ocho países más vulnerables y, por lo tanto, en “riesgo alto” por las consecuencias macroeconómicas que tiene la existencia de un elevado endeudamiento. Entre otras razones, y aunque hoy ese escenario parece lejano, por un hipotético incremento de los tipos de interés, lo que obligaría al Estado a destinar más recursos a financiar el servicio de la deuda.

El año pasado, los tipos de interés a corto plazo se mantuvieron en terreno negativo, y así volverá a suceder este ejercicio, mientras que la rentabilidad de la deuda pública a 10 años se prevé que se reduzca hasta el 0,3% en 2020 (una décima menos que el año pasado).

Sin olvidar el hecho de que el horizonte de crecimiento es moderado (en torno al 1,5%) durante los próximos años, lo que dificulta la estrategia de reducción de la deuda. Tampoco el horizonte de inflación es el mejor de los escenarios para una reducción de la deuda por la vía de los precios al hacerse la comparación respecto del PIB nominal.

Del total de la deuda pública española, 67,6 puntos porcentuales corresponden a la Administración central del Estado; 24,2 puntos, a las comunidades autónomas; dos, a los ayuntamientos, y 4,1 puntos, a la Seguridad Social. Ahora bien, el sistema público de protección social tiene contraídas deudas con el Estado equivalentes a 19,5 puntos de PIB que habría que descontar del balance de la Administración central.

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