La EPA desmonta que la subida del SMI haya aumentado la economía sumergida

¿Qué consecuencias ha tenido la subida del salario mínimo el año pasado sobre la economía sumergida? La respuesta todavía no es definitiva, pero ya se pueden sacar algunas conclusiones. La más relevante es que sus efectos han podido ser mínimos. En todo caso, irrelevantes.

Así lo revela una comparación de los datos de afiliación a la Seguridad Social y la Encuesta de Población Activa (EPA), que es el mejor instrumento, aunque hay otros complementarios, para conocer el volumen de empleo informal que se escapa de los canales oficiales.

Lo que dice la EPA, conocida este martes, es que en el cuarto trimestre de 2019 había 19,966 millones de ocupados, por encima de los 19,405 millones de afiliados en la media mensual del último trimestre. Por lo tanto, 561.000 empleados más en el caso de la encuesta que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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¿Cuál era la diferencia un año antes? Es decir, antes de que entrara en vigor el incremento del SMI en un 22,3%. La distancia, en concreto, fue de 576.980, lo que supone una cifra muy parecida que parece no haberse alterado de forma significativa por el incremento del SMI.

¿Y qué sucedió un año antes? Pues que en el último trimestre de 2017 había 18,998 millones de ocupados a la luz de la EPA, mientras que el número de afiliados al sistema público de protección social era de 18,436 millones. Había, por lo tanto, una diferencia de 562.238 empleos.

Eso quiere decir que las distancias, lejos de incrementarse, se han mantenido básicamente igual y no se han cumplido los malos augurios de muchos, que entendían que un incremento tan intenso podría favorecer que muchos empleos se sumergieran para ahorrar salarios y costes sociales.

La EPA, como se sabe, es un encuesta, realizada con la información que suministran unos 65.000 hogares, que detecta la ocupación, esté o no regularizada, ya que las respuestas están amparadas por el secreto estadístico Su metodología está estandarizada en el conjunto de la UE y es, de hecho, el indicador oficial a efectos del empleo y del paro. La afiliación, por el contrario, es un mero registro administrativo que contabiliza a los trabajadores en alta laboral, por lo tanto, mide de un forma muy precisa el volumen de empleo formal. Es, de hecho, el mejor termómetro para medir la temperatura laboral, junto a la EPA.

Coherencia

Eso hace que ambos instrumentos de medición de la ocupación sean complementarios. Entre otras cosas, porque hay colectivos que están en la EPA (por ejemplo, los funcionarios de Muface) y no están en la Seguridad Social, por ejemplo, la economía sumergida. El estudio más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre este asunto ('Conciliación ‘micro’ del empleo medido por la Encuesta de Población Activa y la afiliación a la Seguridad Social') se hizo en octubre de 2019, y entonces se llegó a la conclusión de que la coherencia entre ambas herramientas era del 92,6%.

Es decir, una consistencia muy elevada, lo que muestra la utilidad de la comparación. De hecho, si se incluyen los funcionarios adscritos a mutualidades (cuyas cifras son públicas), los ocupados que pueden cotizar a otras mutualidades de previsión social (por ejemplo, los abogados), los trabajadores que residen en España pero que trabajan en el extranjero u otros colectivos menos representativos, la coherencia entre la EPA y la afiliación alcanza nada menos que un 96%.

Queda, por lo tanto, como decía el informe del INE, un 4% de personas que presentan una incoherencia no explicada. En concreto, habría 963.700 ocupados EPA no encontrados en la Seguridad Social, y, por el contrario, 573.900 no ocupados EPA que aparecen como afiliados durante la semana de referencia en la que los funcionarios del INE hacen la encuesta. Habría, por lo tanto, una diferencia a favor de la EPA de 389.000 ocupados en situación ‘irregular’.

Estabilidad

Esta cifra es inferior a la registrada en los últimos trimestres de 2017, 2018 y 2019, pero hay que tener en cuenta que desde el segundo trimestre de 2016, año de referencia que utiliza Estadística, ha podido haber colectivos que cambien del registro de la Seguridad Social a la encuesta, o viceversa. En todo caso, los tres últimos años son de una enorme estabilidad, lo que refleja la coherencia entre ambas formas de medir el empleo.

También existe un cierta discusión sobre cómo afectaría la subida a determinados colectivos, en particular a los servicios del hogar o la agricultura, con menores salarios y, por lo tanto, más propensos a sumergir la actividad. Lo que muestra la afiliación es que el año 2019 se cerró con 396.296 empleadas del hogar (el 98% son mujeres), lo que supone un descenso del 3,4% respecto de un año antes, cuando el SMI no había subido de forma tan brusca. Por lo tanto, un comportamiento peor que el empleo, que en afiliación crece a un ritmo del 2%.

¿Es esto achacable al salario mínimo? ¿Se han sumergido muchas empleadas del hogar? Una lectura de los años anteriores muestra algunas claves. En 2018, cuando todavía no se había aprobado la subida del SMI, el empleo doméstico cayó un 2,27%, mientras que, por el contrario, el conjunto de la afiliación crecía un 3%. Es decir, seguían caminos distintos. Probablemente, porque desde que en 2012 se integró el Régimen Especial de Empleados del Hogar en el general (el de los asalariados), el sistema no ha funcionado. La reducción, por lo tanto, se ha convertido en una tendencia.

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Otro dato lo demuestra. Según la EPA, en el último trimestre de 2017 había 470.000 empleadas del hogar, pero un año después (sin subida del SMI) ya había caído el número hasta las 450.000. Ahora, según la EPA, hay 410.000, una cifra muy parecida a la que refleja la Seguridad Social (396.626). No parece haberse producido, por lo tanto, una gran inmersión laboral.

¿Y qué ha ocurrido con el empleo agrario? Pues algo parecido. En diciembre de 2018 (antes de la subida), había 818.560 trabajadores en el sistema especial agrario, por encima de los 777.800 de un año después, lo que coincide con una ralentización del empleo.

Ahora bien, si la comparación se hace en media anual, que es más representativa, el resultado es muy distinto: 765.600 contra 756.700, por lo tanto, una diferencia poco relevante. Si la comparación se hace en términos EPA, el resultado es similar. Se ha pasado de 825.600 ocupados (incluyendo agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) a 793.900. Por lo tanto, un cifras muy parecidas a lo que refleja la afiliación a la Seguridad Social. La realidad se impone.