Rebelión a bordo de las energéticas contra el nuevo "impuestazo" de la Generalitat

Este miércoles, la Generalitat llevará al Parlament los Presupuestos para el 2020 que van aparejados con una ley de acompañamiento que prevé un nuevo "impuestazo" a la generación y transporte de energía eléctrica y telefonía. El sector ya ha puesto el grito en el cielo y está movilizado para frenar una iniciativa que la Generalitat está dispuesta a sacar adelante porque le va a reportar más de 500 millones.

La medida se limita a calcar una ley de la Junta de Extremadura que lleva diez años en vigor y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Con este panorama, las espadas están en alto y la prioridad del sector es influir en la tramitación de las cuentas públicas para frenar este palo fiscal.

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Marcos Lamelas. Barcelona

Fuentes del sector de la energía destacan la división a la hora de definir una estrategia, más allá del diseño de oposición frontal que está diseñando Virginia Guinda, desde la Comisión de Energía de la patronal Fomento del Trabajo. El nuevo impuesto grava la propiedad de activos de generación, transporte y distribución de energía. Se aplica tanto sobre las instalaciones que producen electricidad como las infraestructuras que la distribuyen, por lo que el grueso del Ibex 35 —Endesa, Iberdrola, Naturgy y REE— se ven impactadas, además de toda la industria que utiliza la cogeneración y que ahora ve comprometida no solo la rentabilidad de sus instalaciones sino el grueso de su actividad. Por la rama de telefonía, Telefónica y Cellnex son las grandes perjudicadas.

Endesa se ve muy impactada porque se libra a las renovables —biomasa, eólica y solar— pero no a la hidráulica y todos los saltos de aguas de Endesa en Cataluña se verán sujetos al nuevo tributo. Una de las estrategias que los consultores están poniendo sobre la mesa es cambiar la calificación de los embalses en toda España y considerarlos renovables en las cuentas de 2019, ya que no emiten CO₂. Sin embargo, está en discusión tanto el realismo como la efectividad de esta medida.

En el caso de las tres nucleares catalanas, el impuesto tiene un impacto sobre Ascó y Vandellòs de 120 millones. Estas instalaciones ya son deficitarias y fuentes del sector energético apuntan a que podría afectar al protocolo establecido para el calendario de cierre de estas instalaciones. Pero esta cuestión todavía se encuentra en estudio por las partes afectadas.

Cogeneradores a la fuga

Los cogeneradores han optado por otra vía. Han encontrado una aliada dentro del Govern, la 'consellera' de Empresa, Àngels Chacón. Y lo que están intentando, según explican fuentes del sector, es que todas sus instalaciones sean incluidas en el artículo 112 de la ley del "Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente" de tal manera que queden exentos.

La crisis política catalana ha convertido a Quim Torra en el mejor 'lobbysta' de las eléctricas: si hay elecciones el sector se ahorra más de 500 millones

La otra alternativa que plantea los cogeneradores es que se establezca un período transitorio de 25 años para este tipo de activos, durante el cual el tributo no fuese efectivo. Esta es una vía al que alguna gran multinacional también quiere abonarse haciendo paquete con la cogeneración.

Por su parte fuentes de la patronal energética AELEC —la antigua Unesa— consultadas sobre el nuevo panorama que se dibuja en Cataluña para sus empresas se han limitado a recordar que las inversiones en el sector son muy importantes, además se trata de un sector regulador, y por lo tanto precisan de un marco legal y fiscal estable en el tiempo.

Crisis política

Pero el mejor 'lobby' para las energéticas es la crisis política. Sin que ellos hagan nada el proyecto de ley podría decaer si al final Quim Torra opta por convocar elecciones, una posibilidad que no se descarta. Eso implicaría que los Presupuestos no llegarían a aprobarse en el Parlament ante la convocatoria electoral. Torra convoca elecciones y las eléctricas se ahorran 500 millones. Tal que así.

De hecho, como ha valorado de puertas adentro algún directivo de compañías energéticas, lo que está haciendo el vicepresidente Pere Aragonès con esta ley de acompañamientos de los Presupuestos es utilizar el sector eléctrico como puerta de atrás para que la Generalitat alcance unos recursos que le niega un sistema de financiación autonómica que lleva cinco años caducado. Como en una llave de judo ha utilizado el "café para todos" pero al revés y consigue una mejora de los fondos por la vía de un impuesto a las eléctricas. Tributo que no pagarán ellas sino que se trasladará al cliente final. Igual que en su día hicieron con Extremadura. El problema radica en las propias dinámicas históricas del "café para todos". Después de Cataluña vendrán más. Y en unos años el déficit de tarifa parecerá una broma. Así que el sector energético español cruza los dedos y espera que Torra avance elecciones.