La base mínima de cotización subirá a 1.108 euros y afectará principalmente a las pymes

El Gobierno consiguió cerrar el miércoles la negociación abierta sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2020 con un incremento del 5,56%, hasta 950 euros al mes en 14 pagas. Esta alza empujará a su vez la base mínima de cotización a la Seguridad Social del Régimen General, que siempre se ha prorrateado a 12 mensualidades del SMI. El Ministerio de Seguridad Social confirma que también respetará este equilibrio en 2020, de modo que la base mínima subirá este año a 1.108 euros.

Esto supone un aumento de 58 euros al mes en las bases de cotización, cuantía sobre la que posteriormente hay que aplicar el porcentaje correspondiente de la cuota a la Seguridad Social. Con esta medida, se garantiza que la aportación a la Seguridad Social se realiza en línea con el nuevo salario mínimo y así mejoran también los ingresos del sistema. Aunque el Gobierno todavía no tiene elaborado un cálculo de la recaudación que logrará con esta medida, superará claramente los 180 millones de euros.

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En 2019, la subida de la base mínima, que fue de 164 euros, se estimó en 600 millones de euros de recaudación adicional (todavía no hay cifras concretas de cierre del ejercicio). Si se traslada en la misma proporción a 2020, los ingresos aumentarían en 181 millones de euros. Pero si se tiene en cuenta que el número de trabajadores afectados este año será superior (más de dos millones de asalariados, según la estimación preliminar del ministerio), porque el SMI es cada vez más alto, entonces es previsible que la recaudación adicional se sitúe por encima de los 200 millones de euros.

Lo que todavía está pendiente de negociación es qué ocurre con la base máxima del Régimen General, que tiene mayor capacidad recaudatoria. Esta discusión no se abordó en la reunión del miércoles, pero es que tampoco era el marco para hacerlo, ya que esta cuestión ya no depende del Ministerio de Trabajo, sino del nuevo Ministerio de Seguridad Social. También se han quedado pendientes las negociaciones sobre la subida de las bases y cuotas a los trabajadores autónomos. En su caso, esta discusión se enmarcará dentro del diálogo para mejorar la protección de este colectivo y avanzar hacia la cotización por ingresos.

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La subida de la base mínima de cotización y del salario mínimo afectará principalmente a las pymes, en especial las de menor tamaño, y a los autónomos con asalariados. Es este sector de la actividad privada el que concentra la pobreza laboral, ya que sus bajos niveles de productividad y rentabilidad provocan que sus empleos sean también precarios. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el 58% de los asalariados que al final de año no alcanzan un salario de 750 euros al mes trabaja en empresas de menos de 10 empleados.

El presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, Gerardo Cuerva, lamentó la subida del salario mínimo tras alcanzar el acuerdo. “Para las pymes no es un buen acuerdo, pero es menos malo que subir el SMI hasta 1.000 euros”, señaló Cuerva. “Le pido al ministerio que tenga en cuenta a la empresa, no entiendo velar por los trabajadores si no se vela también por la empresa”. En términos similares se pronunció Lorenzo Amor, presidente de ATA. En su opinión, esta subida es “el daño menos malo que se podía encontrar” para los autónomos, pero esta subida “no les gusta”.

Para las pymes no es un buen acuerdo, pero es menos malo que subir el salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros

Por el contrario, los sindicatos defendieron la importancia de la subida para atajar la pobreza laboral en España y para mejorar la productividad. “No prevemos destrucción de empleo por esta medida, al contrario, ayudará a elevar la demanda de los hogares y a crear empleo”, señaló Unai Sordo, secretario general de CCOO. La existencia de un SMI alto evita la tentación de muchas empresas de mantener actividades de bajísimo valor añadido que no generan rentabilidad y que lo que hacen es extender la precariedad.

“Si bajáramos el salario mínimo a 100 euros, mucha gente se plantearía no comprar una lavadora y contratar a un trabajador para que lo hiciera”, señaló Pepe Álvarez, secretario general de UGT. En su opinión, las subidas del SMI estimulan también la inversión de las empresas para cubrir con tecnología las actividades menos rentables, y así mejorar la productividad del país.

Si bajáramos el salario mínimo a 100 euros, mucha gente se plantearía no comprar una lavadora y contratar a un trabajador

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que todos los informes del ministerio apuntan a que la subida del salario mínimo interprofesional de 2019 no afectó a la creación de empleo y que tampoco lo hará el incremento de 2020.

La reforma laboral

Una vez solucionada la subida del SMI de 2020, la mesa tripartita tendrá que empezar a negociar la contrarreforma laboral. Díaz se reafirmó en su intención de derogar la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este “desmonte” se hará en dos fases, pero irá “muy rápido”.

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La primera fase consistirá en la derogación de los aspectos que figuran en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. Esto es, se recuperará la ultraactividad de los convenios vencidos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. También se modificará el artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido objetivo por absentismo laboral justificado. Este último punto comenzará a negociarse en los próximos días, con el objetivo de que esté listo lo antes posible para evitar más despidos por esta norma.

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En la segunda fase, se tratarán “los elementos más complejos”, como son “la causalidad de la contratación, las modificaciones sustanciales de los convenios, los despidos...”, explicó la ministra. “Estos aspectos requieren un tempo diferente, pero también les digo que vamos a correr”, zanjó.

Díaz aseguró que las negociaciones siempre tendrán en cuenta el diálogo social y que el objetivo de su ministerio es que la derogación de la reforma laboral se haga con consenso. Eso sí, no dio poder de veto a ninguna de las partes, ni sindicatos ni patronal. “El enorme reto consiste en tener un estatuto del trabajo que dé respuesta a las nuevas necesidades del mercado laboral”, explicó.