El Gobierno pone bajo la lupa 6.000 millones de beneficios fiscales a los hidrocarburos

El Gobierno ha declarado la emergencia climática en el Consejo de Ministros celebrado este martes. Dentro del mismo, se compromete a una serie de medidas de acuerdo con unas líneas prioritarias entre las que destaca, "salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los actualmente vigentes".

Este punto, además, fue refrendado por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Al ser preguntada sobre la fiscalidad 'verde', reiteró que, "salvo cuestiones sociales justificadas", será el fin de los subsidios para estos combustibles y añadió que "se procederá a hacer un análisis y revisión de los que existen".

Esto significa que el Ejecutivo analizará y en su caso revisará los subsidios energéticos, cuya estimación se eleva a 5.924 millones de euros, según los cálculos incluidos en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), presentado en febrero de 2019, con base en datos facilitados por la Agencia Tributaria de 2017. El desglose de estos incentivos es de 2.303 millones de euros de productos de petróleo, 756 millones de gas natural y 2.866 millones de carbón.

¿A qué productos afecta?

El propio PNIEC hace un desglose de los subsidios energéticos (incluidos los combustibles fósiles). Ahí se engloban tanto las actuales exenciones al impuesto especial de hidrocarburos (IEH) como los tipos reducidos según el uso de los mismos.

Gozan en la actualidad del tipo reducido los gasóleos utilizables como carburantes en los vehículos agrícolas y para calefacción; GLP destinados a usos distintos a los de carburante; gas natural destinado a usos distintos a los de carburante, así como el gas natural destinado al uso como carburante en motores estacionarios (generadores cuyo fin no es el transporte).

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También gas natural destinado a usos con fines profesionales, siempre y cuando no se utilicen en procesos de cogeneración y generación directa o indirecta de energía eléctrica. Queroseno destinado a usos distintos de los de carburante. Biodiésel para uso como carburante y biometanol para uso como combustible.

Otros que gozan de tipo reducido son los gasóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor. Fuelóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor.

Por otro lado, hay diversas actividades que no pagan el impuesto especial de hidrocarburos. Por ejemplo, cuando se entregan para relaciones diplomáticas o consulares. A organizaciones internacionales reconocidas como tales por España. A las fuerzas armadas de cualquier Estado, distinto de España, que sea parte de la OTAN o cuando es para avituallamiento de determinados buques y aeronaves, excluidos los de navegación privada de recreo.

Revisión a largo plazo

En cualquier caso, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que la revisión de dichos subsidios será paulatina y se extenderá en el tiempo, con lo que no se trata de una medida drástica ni inminente. En este sentido, destacan que se busca adecuar la fiscalidad al compromiso de cero emisiones a que se ha comprometido España llegar en 2050.

Para ello, el Gobierno se ha comprometido en los próximos 100 días a aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En el anteproyecto de ley presentado antes de las primeras elecciones generales de 2019, ya se advertía de que "durante el último trimestre de cada año natural, el Ministerio de Hacienda realizará un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso".

Este documento añadía que "el Ministerio para la Transición Ecológica elaborará una propuesta de calendario para la revisión de las ayudas y medidas que favorezcan el uso de los productos energéticos de origen fósil, consistente con los objetivos previstos en la ley, teniendo en cuenta los informes emitidos por el Ministerio de Hacienda". Dicho "calendario de revisión será aprobado mediante acuerdo de Consejo de Ministros", concluye.

Más fiscalidad medioambiental

Al margen de lo anterior, el Gobierno incluyó en su declaración de emergencia climática "un sistema fiscal y presupuestario y un sistema financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad". No obstante, ni Teresa Ribera ni María Jesús Montero quisieron entrar en el detalle de las medidas concretas que se llevarán a cabo. 

La nueva portavoz del Gobierno confirmó que están trabajando en una nueva fiscalidad y señaló que "el apartado de la fiscalidad verde cobra especial interés". La fiscalidad actual no tenía en cuenta el cambio climático, explicó la ministra y por tanto, conjuntamente con otros ministerios, se está revisando.

Por un lado, busca imponer figuras impositivas disuasorias de comportamientos perjudiciales con el medioambiente. Y en segundo lugar, dar los incentivos fiscales para que el sistema pueda impulsar el camino hacia una economía neutra en carbono en 2050. 

En los Presupuestos fallidos elaborados por este Gobierno a finales de 2018 para 2019, se incluyó un aumento al diésel por un total de 670 millones de euros al año.