PREVALENCIA DE LOS CONVENIOS AUTONÓMICOS

El PNV plantea al Gobierno un marco propio de relaciones laborales

Una vieja reivindicación del PNV se abre paso: la creación de un marco propio de relaciones laborales. Se busca que los convenios autonómicos tengan prevalencia sobre los estatales

Foto: Pedro Sánchez, elegido presidente del Gobierno, recibe la felicitación del portavoz del PNV, Aitor Esteban. (EFE)
Pedro Sánchez, elegido presidente del Gobierno, recibe la felicitación del portavoz del PNV, Aitor Esteban. (EFE)
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El nuevo Gobierno ha echado a andar, y con él algunas de las viejas reivindicaciones del PNV, uno de sus socios fundamentales. En concreto, la creación de un ‘marco propio de relaciones laborales’, como lo denominó en su último programa electoral, que pasaría por dar prevalencia a los convenios sectoriales autonómicos frente a los de carácter estatal.

El cambio legal no aparece formalmente entre los 12 puntos del acuerdo firmado recientemente entre el PSOE y los nacionalistas vascos, pero fuentes conocedoras de lo que ha sido la tradición del PNV en materia laboral dan por hecho que este será un asunto central en la reforma del Estatuto de los Trabajadores que prepara el Gobierno.

El punto central de la discusión se sitúa en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, el que legisla sobre la concurrencia de distintos convenios colectivos en función de su ámbito de aplicación, y que establece la prioridad del convenio de empresa en determinadas materias fundamentales (salario, horario o clasificación profesional) frente a los sectoriales, ya sean autonómicos o estatales.

El Estatuto de los Trabajadores deja muy claro, salvo que haya acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal, que se considerarán “materias no negociables” en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.

Es decir, todo aquello que impide que el País Vasco, u otra comunidad autónoma que lo reclamara, tenga un marco propio de relaciones laborales.

El PNV argumenta que, en un Estado descentralizado, y en su caso con un régimen fiscal propio y con amplias competencias en otras materias, “las recetas no pueden ser de carácter general, sino adaptadas a la realidad y características de cada ámbito geográfico y sectorial, que es lo que las convierte en eficaces”.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban. (EFE / Juan Carlos Hidalgo)
El portavoz del PNV, Aitor Esteban. (EFE / Juan Carlos Hidalgo)

Tanto las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) como los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) han rechazado históricamente esta reivindicación porque perdería fuerza la negociación colectiva de carácter estatal. En la práctica, esto supone que el convenio estatal es el que determina las cuestiones que se pueden negociar en los distintos niveles, toda vez que es el que ostenta el máximo poder cuando no se impone el convenio de empresa, que tras la reforma laboral de 2012 es el que tiene mayor jerarquía.

Prioridad aplicativa

El artículo 84.2 del Estatuto establece, en concreto, que “la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa (…) tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico” en las materias esenciales de la negociación colectiva.

Es decir, que es el convenio estatal, y no el autonómico, el que determina qué se puede negociar y qué no. Esta ‘centralización’ de la negociación colectiva, como la han denominado muchos especialistas, ya se incluyó en la reforma laboral de 2011 que aprobó el último Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Como se sabe, el PNV es un socio clave para que el Gobierno pueda sacar adelante lo que ha denominado de forma pomposa el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Entre otras cosas, porque en el acuerdo suscrito entre el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, y el presidente Sánchez se deja meridianamente claro que cualquier proyecto o iniciativa legal del Gobierno debe ser trasladado “con antelación suficiente” al grupo parlamentario del PNV en el Congreso, lo que en la práctica le da un cierto poder de veto. Es más, se dice que el Ejecutivo se compromete a “llegar a un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia”.

Los últimos datos de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos muestran que, en 2019, de los 3.431 convenios firmados, la cuarta parte (856) fue de ámbito superior al de empresa. En el caso de los de nivel autonómico, la subida salarial pactada fue del 2,1%, ligeramente por debajo del 2,3% cerrado en el conjunto de la negociación colectiva.

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