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España no se conforma con 300 millones y pide a la UE más para la transición ecológica
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España no se conforma con 300 millones y pide a la UE más para la transición ecológica

Tras ser uno de los principales impulsores de las ambiciones climáticas europeas, España pide a Bruselas que su plan de transición justa aporte más dinero al país

Foto: La ministra de Exteriores, Arancha Gonzalez Laya (Efe)
La ministra de Exteriores, Arancha Gonzalez Laya (Efe)

España fue, junto a Países Bajos o Dinamarca, uno de los países en el “núcleo duro” de la Unión Europea en lo que a cambio climático se refiere. A veces lo fue para sorpresa de algunos diplomáticos y técnicos europeos que apuntaban que, a pesar del compromiso político de Madrid, España seguía estando bastante mal preparada para afrontar una transición ecológica.

La semana pasada la Comisión Europea presentó varios proyectos dentro del paquete del “Pacto Verde europeo” con el que pretende lograr que la UE sea climáticamente neutra en 2050. Por un lado un plan de inversiones sostenibles con el que pretenden provocar una “ola verde” de inversiones por valor de un billón de euros en la próxima década, y por el otro un Fondo de Transición Justa con el que se pretende ayudar a las regiones que más van a sufrir las consecuencias.

Foto: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Reuters)

España “apoya de una manera muy clara y decidida el Fondo de Transición Justa, pero estamos un poco preocupados porque lo vemos muy verde pero no muy justo por el momento”, ha explicado este lunes por la mañana Arancha González Laya, nueva ministra de Exteriores del Gobierno.

A España solo le toca el 4% de los fondos del FTJ: es decir, 306 millones de euros. El fondo es un instrumento que, si bien se ha creado con la intención de ayudar a las regiones más afectadas por una conversión del modelo económico, también se ha ideado para convencer al único país que por ahora no se ha comprometido con los objetivos climáticos de la Unión Europea y que ha dejado claro que no va a aceptar nada hasta no ver primero el dinero: Polonia.

Por eso del FTJ Varsovia se lleva algo más de un cuarto de los fondos, en total, unos 2.000 millones de euros. Es, en cualquier caso, el país al que más va a costarle la transición ecológica, el más dependiente de las llamadas “energías sucias”, y la Comisión Europea ya sabía que convencer a Polonia pasaba por una importante compensación.

placeholder Primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki en la COP24 de Katowice en 2018
Primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki en la COP24 de Katowice en 2018

El problema, más allá del equilibrio en los repartos del Fondo, es el tamaño del mismo. España es el octavo país que más recibe: por delante, además de Polonia, están Alemania (877 millones), Rumanía (757 millones), República Checa (581 millones), Bulgaria (458 millones), Francia (402 millones) e Italia (364 millones). El problema de fondo está en el propio tamaño del Fondo: en total solo 7.500 millones. Todo el mundo apunta a que es insuficiente, pero nadie quiere poner más dinero.

La Comisión Europea lo apuesta todo a una serie de multiplicadores por los cuales asegura que los 7.500 millones acabarán siendo 100.000 millones. A cada euro que se aporte del Fondo, el Estado miembro tendrá que poner también dinero desde fondos públicos y desde su “paquete” que le ha tocado de fondos europeos como el Fondo de Desarrollo Regional o el Fondo Social. De esa manera, Bruselas defiende que en realidad los 302 millones que irían a parar a España acabarían convertidos 1.394 millones, que acabarían movilizando inversiones por valor de 4.445 millones de euros, después de haber pasado por una serie de multiplicadores, más dinero del fondo de InvestEU y una línea de crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Los expertos coinciden en que es difícil estimar cuánto dinero se acabará movilizado por la falta de detalles en el plan.

González Laya ha llamado la atención sobre el reparto este lunes en Bruselas en el marco de un Consejo de Exteriores en el que los ministros van a discutir sobre “diplomacia verde”: cómo hacer que la UE imponga su agenda climática fuera de las fronteras europeas. Pero España está preocupada ahora por cómo va a aplicarse dentro de los propios límites europeos. “Esto tiene que ser objeto de atención particular”, ha señalado la ministra respecto a los fondos que le corresponden a España.

Foto: Arancha González Laya, director ejecutiva del Centro Internacional de Comercio. (Reuters)

“Por ahora no lo vemos muy bien”, ha señalado González Laya a su entrada en el Consejo. “Queremos que sea una transición verde pero también que sea una transición justa, y es en este elemento de justicia donde España tiene dudas sobre la propuesta que ha puesto la Comisión Europea encima de la mesa y queremos asegurarnos de que será realmente justa”, ha defendido la ministra.

El Ejecutivo comunitario defiende sus cálculos, que se han basado en buscar las regiones con más emisiones, dependencia laboral de las energías sucias y la prosperidad de esas zonas geográficas. Aunque los 7.500 millones de “dinero nuevo” no convencen ni a propios ni a extraños, lo cierto es que Bruselas está haciendo equilibrismo: al mismo tiempo que se bloquea una negociación de un Marco Financiero Plurianual (MFP) en el que un grupo de Estados miembros quiere recortar el montante final, la Comisión Europea tiene difícil presentar un proyecto ambicioso.

Respecto propuesta de inversiones de la Comisión Europea, con el objetivo de movilizar un billón en inversiones sostenibles, ya va coja. El Ejecutivo comunitario admite que hay una “brecha de inversión verde” de unos 260.000 millones de euros al año: esto es, que a la inversión que ya se dedicaba hasta ahora hace falta sumarle ese dinero para poder alcanzar los objetivos climáticos.

Las propuestas de Bruselas se quedan cortas tomando ese punto como referencia. Pero es que esa brecha ya se ha quedado anticuada: cuando Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, presentó su Pacto Verde también anunció un aumento de los objetivos climáticos para 2030, pasando de la meta de recortar un 40% las emisiones respecto a los niveles de 1990 a un 50% y hacia un 55%. Es decir: la brecha de inversión verde es ya incluso más grande.

España fue, junto a Países Bajos o Dinamarca, uno de los países en el “núcleo duro” de la Unión Europea en lo que a cambio climático se refiere. A veces lo fue para sorpresa de algunos diplomáticos y técnicos europeos que apuntaban que, a pesar del compromiso político de Madrid, España seguía estando bastante mal preparada para afrontar una transición ecológica.

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