En sus nuevos Presupuestos

La Generalitat plantea un varapalo fiscal de hasta 500 millones a energéticas y telecos

Este nuevo impuesto lo ha pactado la vicepresidencia de ERC, con Pere Aragonès al frente, con los comunes de Ada Colau, y lo han copiado de la fiscalidad de la Junta de Extremadura

Foto: Imagen: EC.
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La Generalitat prepara un varapalo fiscal de más de 500 millones para los sectores de energía y telecomunicaciones. A los productores de energía los gravará por su impacto medioambiental, pese a que incluye los saltos de agua, que no emiten CO2 ni residuos.

Fuentes del sector energético temen que las eléctricas lo traspasen al recibo de los consumidores, ya que también afectará a los distribuidores de electricidad. La industria catalana ya ha puesto el grito en el cielo, porque impacta de lleno en todas las planta de cogeneración. Pero también se verán perjudicadas las de ciclo combinado de Naturgy, las centrales nucleares de Vandellòs y Ascó —propiedad de Endesa e Iberdrola—, toda la red de distribución de Endesa y REE, las torres de Cellnex y las instalaciones de Telefónica, entre otros.

Se prevé que este nuevo impuesto sirva para ingresar en la Generalitat 145 millones de euros anuales, según fuentes de la Conselleria de Economía. Pero la cifra podría ser muy superior, según apuntan fuentes del sector, tal y como está planteado el nuevo "impuesto sobre les instalaciones que inciden en el medio ambiente" y que grava "la infraestructura de almacenamiento, transformación y transporte de energía eléctrica", según explica la propia Generalitat, y también el transporte de telefonía y telemática. Solo las tres nucleares catalanas deberían pagar al año 120 millones.

Este nuevo impuesto lo ha pactado la vicepresidencia de ERC, con Pere Aragonès al frente, con los comunes de Ada Colau, que darán apoyo a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2020. Este año, los ingresos sí que podrían rondar los 160 millones de euros, según la Generalitat, ya que entrará en vigor a partir del fin de su tramitación parlamentaria, alrededor de mayo. Para blindarse legalmente, la Generalitat ha copiado literalmente la Ley de Instalaciones de Medio Ambiente de Extremadura, que el año pasado recibió el aval del Tribunal Constitucional tras años de juicios con las eléctricas.

En su rama energética, el impuesto deja fuera las plantas fotovoltaicas, los parques eólicos y las plantas de biomasa. Sí incluye las centrales hidroeléctricas, si bien no se explica cuál es el criterio medioambiental para ello.

Peré Aragonès y Quim Torra, en una reunión del Ejecutivo catalán. (EFE)
Peré Aragonès y Quim Torra, en una reunión del Ejecutivo catalán. (EFE)

La base imponible para todos los activos sujetos al nuevo impuesto será la producción bruta media de los tres últimos años expresada en kilovatios/hora. A esta base se le aplicará una cuota tributaria según el sector. Para seguir el ejemplo de la hidráulica, la cuota será de 0,001 euros para las centrales de menos de 10 MW. Pero los grandes saltos de agua y la energía nuclear asumirán cinco veces más, 0,005 euros, y lo mismo para los ciclos combinados o la cogeneración.

La tasa de Extremadura pesaba sobre la central nuclear de Almaraz, y al final fue avalada por el Tribunal Constitucional, después de una década de lucha legal con las empresas eléctricas. Cada año, Extremadura ingresaba por este impuesto 83 millones de euros, según datos de la Junta. Pero el PIB catalán es 11 veces el extremeño. Por lo tanto, los ingresos serán muy superiores a lo anunciado por la Generalitat y rondarán los 500 millones anuales, que luego las eléctricas pedirán al Gobierno que los compense trasladándolos a todos los consumidores.

Baja y alta tensión

Así, se grava la red de transporte eléctrico, la inferior a 400 KW, a la que se carga con 700 euros por cada “kilómetro de longitud o palo de línea”, según recoge la ley de acompañamiento. Y con el mismo criterio, la red demás de 400 KW pero esta con 1.200 euros por kilómetro o torre. Estas instalaciones en Cataluña las gestionan Endesa y Red Eléctrica de España. Solo por estos conceptos, el impuesto le costaría a REE más de 4 millones, por sus redes en Cataluña de 2.187 km de 400 kv y 2.507,5 km de 220 kv respectivamente; pero todo el Ibex que vive de la tarifa recibe en este aumento de la presión fiscal por parte de la Generalitat.

Las eléctricas, en su día, recurrieron ante los tribunales contra la Junta de Extremadura, con lo que es previsible que se abra otro foco de conflicto legal por este impuesto, esta vez contra la Administración catalana, según explican fuentes del sector. Mientras pleitea, el sector podría trasladar al recibo de la luz la subida impositiva de la Generalitat, algo que se niega desde el Govern. Para ahorrarse el impuesto y reducir el número de palos y torres, Endesa y REE tendrían que construir más subestaciones, una solución cara que en el sector se descarta.

La vía para las telecos

Una vez que se abrió la vía para gravar los palos de luz, los siguientes han sido las torres de telecomunicaciones y los palos de telefonía. Se les aplica una tasa de 700 euros por kilómetro de red, palo o antena. Por esta vía recibe el sector de telecomunicaciones, en teoría, por razones medioambientales.

En Cataluña, hay diversos colectivos en contra del impuesto. Los cogeneradores, toda la industria, el Colegio de Ingenieros de Cataluña y la patronal Fomento del Trabajo están movilizados para intentar que se cambie la ley de acompañamiento en su trámite parlamentario o que se suavice este nuevo 'impuestazo' para minimizar sus efectos. Sin embargo, todas las fuentes consultadas aseguran que sale adelante, por el apoyo de los comunes y el convencimiento de ERC. En el Govern, solo la 'consellera' Àngels Chacón, de Empresa i Coneixement, se opone, según explican fuentes cercanas a la Generalitat. Chacón quiere que las hidroeléctricas y la cogeneración queden exentas, y en este sentido se espera poder aplicar cambios.

Pero Damià Calvet, por ejemplo, apoya la iniciativa alegando que fomentará el ahorro energético, una manera implícita de reconocer que si entra en vigor, la electricidad será más cara para los catalanes y para el resto de los españoles.

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