Los analistas se dividen ante un Gobierno PSOE-UP: del recelo al 'no será para tanto'

En vísperas de Nochevieja, el PSOE y Unidas Podemos anunciaron una hoja de ruta plagada de medidas económicas: la derogación parcial de la reforma laboral, impuestos a las rentas altas, gravámenes a las grandes empresas, la subida del salario mínimo interprofesional… Las asociaciones económicas se llevaron las manos a la cabeza, mientras los mercados siguieron su curso con normalidad, cerrando un año de éxito. Los analistas, mientras tanto, discrepan del potencial impacto sobre la economía y los mercados.

Eso sí, los más optimistas señalan que si ven el vaso medio lleno es porque confían en que el nuevo Ejecutivo respetará ciertas líneas rojas, como las normas fiscales europeas, el compromiso con la integración de la zona euro y algunos puntos clave de la reforma laboral, como la rebaja de la indemnización por despido. Ese es precisamente el miedo de los pesimistas. Que el Gobierno de PSOE-UP acabe traspasando algunas de esas líneas, ya sea por convicción tecnocrática o por oportunismo político.

El martes, era la CEOE la que había mostrado su “honda preocupación” por el programa, tachándolo de estar “más cerca del populismo que de la ortodoxia económica” y argumentando que las medidas resultarían en un aumento de la economía sumergida y en unas menores oportunidades de acceso al mercado laboral. Una opinión que compartió la patronal de los trabajadores autónomos, la ATA, que alegó que las medidas alejaban “el emprendimiento y las inversiones empresariales”.

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Gran parte de los analistas económicos siguen guardando silencio ante el programa, también por las fechas vacacionales en que se han producido los desarrollos. De momento, los pocos que sí se han pronunciado muestran estar siguiendo de cerca las propuestas, algunos con más preocupación que otros.

“La perspectiva de un Gobierno débil y poco favorable a la libertad de empresa nos ha llevado a reducir nuestro optimismo respecto de la economía española”, explica Almudena Benedit, responsable de Gestión de Carteras de Julius Baer España. “En fechas recientes, hemos visto revisiones a la baja del PIB y el consumo privado no se ha comportado tan bien como se estimaba”, añade Benedit, matizando que “la expectativa de una subida de impuestos podría agravar esta tendencia, pero seguimos confiando en que el incremento de los salarios, la bajada del ratio de endeudamiento de las familias y la facilidad de acceso al crédito mantengan la demanda interna e inclusive rebote”. La experta considera que “el sentimiento empresarial también se ha deteriorado porque se espera una presión fiscal sobre las compañías y mayores costes regulatorios”.

A su vez, los analistas de Alantra recuerdan que las propuestas deberán ser integradas en los Presupuestos de 2020, desarrollo que los expertos ven probable con los apoyos de la propia investidura. “Este movimiento a la izquierda no casa bien con el mercado y la economía, especialmente en un contexto en el que tanto la economía global como la española se están desacelerando y la confianza se está deteriorando”, defienden los analistas. Según Alantra, este entorno presionará las previsiones del PIB de la firma, ya que “unos impuestos más altos probablemente resulten en menor crecimiento, inversión y creación de empleo”.

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En el mismo informe, la firma también resalta el recorte propuesto por parte del Gobierno a la sobrerretribución a las eléctricas, aunque considera que sería difícil de implementar: “Se necesitaría volver a regular la actividad que fue liberalizada a finales de los noventa, y esto tendría que ser hecho cambiando la ley, para lo que se necesita la aprobación del Congreso, lo cual no es fácil”. De todas formas, Alantra considera que la medida es una “mala noticia para el sector desde un punto de vista cualitativo, ya que vuelve a levantar los temores de riesgo regulatorio en un momento en que la situación parecía haberse calmado para las ‘utilities’ españolas”.

Sin embargo, no todas las opiniones son alarmistas. Roberto Scholtes Ruiz, director de Estrategia en UBS España, no ve “cambios materiales en el modelo de la economía”. “Aunque es cierto que ha habido ajustes fiscales y medidas específicas, estas propuestas no cambian de forma estructural el modelo actual de la economía o el marco regulatorio de los sectores económicos clave”, considera Scholtes Ruiz. Para el estratega, la medida que más se acercaría a una posible disrupción económica sería la de la derogación parcial de la reforma laboral. "Sin embargo, el programa no menciona el tema de las indemnizaciones por despido, punto de crucial impacto económico dentro de este ámbito", explica Scholtes Ruiz.

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“Al final, lo que los mercados quieren es compromiso con la disciplina fiscal, compromiso con la integración de la Unión Europea, condiciones razonables para las empresas y estabilidad regulatoria en los sectores clave”, argumenta el estratega. “En líneas generales, todo esto se sigue dando bajo este Gobierno, aun pese al incumplimiento del déficit fiscal”. Scholtes Ruiz considera que la implementación de las medidas en los Presupuestos de 2020 estará en línea con lo propuesto el año pasado, cuando UBS explicaba en un informe que “la subida de impuestos y gasto social incluida en el borrador de los Presupuestos está equilibrada”. Internamente, estimaban entonces las subidas de impuestos efectivas en unos 3.500 millones de euros que se utilizarían en políticas sociales.

Estas opiniones llegan en un momento en que los inversores también muestran preocupación por los temas puramente políticos. Según una encuesta de Kreab publicada justo el 30 de diciembre, la propia inestabilidad política se sitúa como el principal riesgo para las inversiones en España de cara a 2020. La encuesta, que recoge la opinión de 62 inversores nacionales e internacionales con un patrimonio agregado bajo gestión de 380.000 millones de euros, revela que el 83% de los inversores destaca la inestabilidad política como una de las mayores preocupaciones, mientras que Cataluña ocupa la segunda preocupación, un 43,33%.

Estas son precisamente dos de las incógnitas que quedarán abiertas tras la investidura. Por un lado, no está claro que Sánchez vaya a ser capaz de gobernar con los mismos apoyos que le van a hacer previsiblemente presidente. Por el otro, está por ver que la nueva estrategia para afrontar la crisis catalana vaya a dar sus frutos o acabe alimentando más la tensión, tanto en la comunidad autónoma como en el resto de España.