La falta de Gobierno deja a 13 millones de españoles con sus ingresos congelados

Sin Gobierno no habrá mejoras en pensiones, remuneración de funcionarios y en el salario mínimo interprofesional (SMI). Con este mensaje ha despedido el Ejecutivo el año 2019, en un último Consejo de Ministros tras el que la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha lanzado estos mensajes para presionar a ERC con el fin de tener pronto un acuerdo de investidura.

La congelación de la nómina para 13 millones de españoles se produce en plena desaceleración económica. El frenazo del consumo ha provocado una revisión generalizada a la baja de las proyecciones de crecimiento. La incertidumbre sobre los ingresos de millones de familias es un golpe adicional para las decisiones de ahorro y consumo. Los hogares ya están aumentando su posición en depósitos sin rentabilidad mientras frenan el gasto.

El Ejecutivo ha decidido optar por la vía más fácil desde el punto de vista técnico con un decreto ley de urgencia para suspender el artículo 58 de la Ley de la Seguridad Social, que arroja una fórmula para calcular la revalorización de las pensiones en función de la salud financiera del sistema con un mínimo del 0,25%, que de facto es el que se aplica siempre ante el déficit creciente y la evolución demográfica.

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La idea de Moncloa pasa así por congelar las pensiones hasta aprobar una ley que actualice las pensiones un 0,9% con carácter retroactivo para el conjunto del año, que supondrá un coste estimado de 1.404 millones adicionales. El Gobierno ya incluyó esta previsión de subida en el plan presupuestario para 2020 enviado a Bruselas, pero no ha tenido respuesta de la Abogacía del Estado sobre si puede acometer medidas que afecten a la estabilidad presupuestaria del próximo Gobierno.

Así, 9.784.262 pensionistas, según los datos de noviembre de la Seguridad Social, empezarán 2020 sin subida en las pensiones. La pensión media es de 995 euros, con lo que un 0,9% implica un alza de 9 euros al mes. Los pensionistas se juegan, por lo tanto, 125 euros de media —por 14 pagas— el próximo año con la formación de un Ejecutivo.

Los pensionistas perderán, de media, casi 170 euros de poder adquisitivo en el conjunto del próximo año en caso de que no se forme Gobierno

Aunque la subida comprometida es del 0,9%, el IPC esperado para 2020 por parte del Banco de España es del 1,2%. De hecho, el supervisor ha asumido en su previsión de déficit que la revalorización de las pensiones acabará siendo acorde a la inflación —algo que podría ocurrir con una ley adicional o un ajuste en el año siguiente—. Si esta proyección de crecimiento de los precios se cumple, los pensionistas perderán, de media, casi 170 euros de poder adquisitivo en el conjunto del próximo año en caso de que no se forme Ejecutivo.

Otro colectivo que está a la espera que haya Gobierno es el de los funcionarios y empleados públicos, formado por 3,23 millones según la última Encuesta de Población Activa (EPA). El Gobierno tiene prevista una subida del 2,3% —un 2% fijo y un 0,3% con fondos adicionales ligados a la productividad—, lo que supone un gasto extra para las arcas públicas de 3.264 millones.

Sin revisión del salario mínimo

El SMI es otra variable que el Gobierno en funciones supedita a dejar de estar en esta situación. Se incumple así el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al Gobierno a fijar anualmente —se suele hacer en el último Consejo de Ministros del ejercicio— el salario mínimo tras consulta con sindicatos y patronales, atendiendo al IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.

Cuando el Gobierno aprobó en 2018 la subida del 22% hasta los 900 euros, filtró una estimación de que 533.000 asalariados se verían beneficiados. El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elevó el colectivo afectado hasta los 1,2 millones.

Todos estos trabajadores mantendrán nóminas de 900 euros —por jornada ordinaria de trabajo— en el inicio de 2020, aunque el Ejecutivo de Sánchez y Podemos tienen previsto negociar un alza tras la investidura. De fondo, como recordó este viernes Celaá, está la meta de llegar a un SMI que alcance a lo largo de la próxima legislatura el 60% del salario medio de la economía española, lo que supondría una nómina de al menos 1.166 euros —respecto al baremo actual— para los trabajadores a tiempo completo.

La suma de estos colectivos supera los 13 millones de personas, en torno a un tercio de los residentes mayores de edad. Esta situación supone un hándicap para la economía ante la citada desaceleración económica. El Banco de España ya recortó el crecimiento esperado del 2,4% al 2%, en un ‘tijeretazo’ similar al que han hecho otras instituciones, y que se explica en gran parte porque redujo la proyección de incremento del consumo desde el 1,8% hasta el 1%.

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Dentro de la demanda interna, la variable más importante es el consumo privado, que supone en torno al 60% del PIB. Pero ni la represión financiera del Banco Central Europeo (BCE), que castiga con rentabilidades nulas o negativas al ahorro más conservador para que el dinero fluya en inversiones o consumo y genere crecimiento, ni el crecimiento a ritmos del 4% de la renta bruta disponible de las familias, está evitando el frenazo del consumo. Y las dudas de los hogares sobre sus ingresos futuros no ayudan.