Guerra de cifras entre Gobierno e industria por el coste de su factura de electricidad

El Gobierno y la industria electrointensiva están ofreciendo en los últimos días cifras diferentes respecto al coste eléctrico con el que carga el sector. La cuestión no es baladí, ya que se trata de uno de los factores más importantes para su competitividad internacional, y que representa su mayor gasto, incluso por encima del laboral, con alrededor del 40% del coste de producción.

En los últimos días, las patronales sectoriales han puesto el grito en el cielo dada la fuerte caída de la bonificación que hasta ahora estas grandes empresas venían recibiendo de la factura de la luz a través de la subasta de interrumpibilidad.

Desde 2017, las cantidades adjudicadas prácticamente han desaparecido. En ese ejercicio cobraron en total 525 millones de euros, en 2018 se llevaron 316 millones y en 2019, 196 millones. Pero la mayor caída se producirá en 2020, donde no llegarán a percibir ni 10 millones de euros, dado los resultados que registró la subasta convocada por Red Eléctrica la pasada semana.

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Esta situación ha motivado quejas tanto de las principales patronales de la gran industria (AEGE y Unesid) como los sindicatos (CCOO Industria y Fica-UGT). En una carta conjunta enviada el 12 de diciembre a las ministras de Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera), los responsables sectoriales, Fernando Soto (AEGE), Agustín Martín, (CCOO Industria), Pedro Luis Hojas (Fica-UGT) y Andrés Barceló (Unesid), advierten a las dirigentes gubernamentales de que la industria soporta una brecha entre 20 y 25 euros por MWh respecto a la competencia francesa o alemana, y alertan: "Con este diferencial España no puede ser un destino preferente para atraer la inversión empresarial ni podrá mantener la industria electrointensiva existente".

En un comunicado posterior, AEGE subrayaba que "en 2019, el precio del mercado eléctrico en España se ha reducido unos 9 €/MWh con respecto a 2018, debido principalmente al menor precio del gas natural en el segundo semestre, situación que también se ha trasladado a los mercados francés y alemán, que siguen presentando unos precios de 9 a 11 €/MWh más bajos que el de España. El otro componente del precio final (costes del sistema, cargos e impuestos) mantiene el diferencial de 10-15 €/MWh. Por tanto, la diferencia de precios finales con nuestros principales competidores europeos de 20-25 €/MWh se mantiene inalterable".

La patronal de la industria electrointensiva daba estos datos el pasado viernes, después de que Teresa Ribera pusiera un mensaje en la red social Twitter en el que advertía que los precios mayoristas de la luz iban a ser lo más bajos de Europa. De ahí que, la industria, advirtiera el mayor coste una vez incluidos cargos, impuestos y costes del sistema. De hecho, las grandes patronales consumidoras aplaudieron a la CNMC cuando presentó sus recortes a las redes de gas y electricidad, ya que ello implica un alivio también en sus costes energéticos.

La cosa no quedó ahí. Este mismo viernes, las ministras respondieron con una carta a la misiva que anteriormente les envió el sector industrial. En la misma, Teresa Ribera y Reyes Maroto no pierden ocasión de volver a referirse a los precios de la luz y su comparativa con el resto de Europa. Según explican en la carta gubernamental, a la que ha tenido acceso El Confidencial, "en España, el precio medio del suministro eléctrico para la industria en la actualidad es de 65,68 euros por megavatio hora, aunque considerando las distintas medidas de acompañamiento y compensaciones (196 millones de interrumpibilidad y 172 millones por compensación de CO2), el precio final efectivo resulta en 57,13 euros/MWh".

En esta línea, el Gobierno lanza un mensaje directo a los pesos pesados del sector: Alcoa, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc, Acerinox y Celsa. "Si se restringe el análisis a los cinco mayores consumidores industriales (que representan un 5% de la demanda anual española), su precio medio efectivo será de 47,67 euros/MWh una vez descontadas las ayudas y compensaciones por interrumpibilidad y costes indirectos de CO2", destaca el Gobierno.

Además, las ministras ponen de manifiesto la mejora de precio interanual: "La tendencia actual de precios cada vez más bajos en el mercado nacional de la electricidad ha llevado a que la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos durante el presente año 2019 sea un 11% inferior a la factura del pasado año 2018".

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Por otro lado, no rehúyen la comparativa con los países vecinos, en una nueva forma de plantar cara al mensaje de la industria: "El mercado mayorista nacional de electricidad cada vez registra precios más parejos con los observados en otros mercados de nuestro entorno, gracias, principalmente, a la reciente puesta en marcha de una nueva potencia de generación renovable, que ha llevado a que durante los dos últimos meses de 2019 se hayan registrado precios medios inferiores a los de Francia, en 3,7 €/MWh durante noviembre y en 2,2 €/MWh durante diciembre, mientras que tradicionalmente la diferencia de precios entre Francia y España ha sido de 10 €/MWh a favor de Francia".

A pesar de esta mejora coyuntural de los últimos meses expuesta por el Gobierno, el Ejecutivo es consciente de la diferencia, incluidos peajes e impuestos, que señala la industria. En ese sentido, el Gobierno advierte que tiene en avanzado estado de tramitación un Estatuto de Consumidores Electrointensivos a la espera de formación de Gobierno estable. Para ello, pedirá a Bruselas elevar el techo de ayudas que van en los PGE y asegura que implementará medidas como dar garantías de Estado en las compras de energía (PPA) para abaratar el precio.

Pero no es suficiente para el sector. Los sindicatos (UGT, CCOO y USO) han convocado una huelga para el próximo 22 de enero en Madrid para urgir solución a los elevados costes energéticos que según señalan ponen en peligro no solo a la industria electrointensiva sino también a muchos puestos de trabajo. La guerra sigue en pie.

Llueve sobre mojado

No es la primera vez que se produce una guerra de declaraciones públicas entre la ministra para la Transición Ecológica y la industria. Concretamente, la dirigente afeó a Alcoa los cierres que anunció de sus fábricas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia).

Tras advertir que paraba la actividad y despediría a sus casi 700 trabajadores, Ribera señaló que "Alcoa cierra las plantas donde no hizo inversiones" y añadió que "es una de las empresas beneficiarias y que se lleva una buena parte de las subastas de interrumpibilidad".

Entonces se hizo público que Alcoa se había llevado cerca de 1.000 millones en los últimos años con la subasta que bonifica el recibo de luz de la gran industria.