Colisión a la vista en Economía: las políticas en las que Iglesias y Calviño van a chocar

Que la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sido complicada es una evidencia. Bastan los últimos seis meses y las acusaciones de insomnio para probar hasta qué punto se han enfrentado. Y aunque la batalla de sillones sea la lectura más simple, la realidad es que existen profundas diferencias ideológicas entre los dos líderes que han dificultado sus negociaciones y complicarán las del futuro Gobierno. Aunque en los temas sociales las dos formaciones comparten casi todas las propuestas, en el plano económico existen grandes brechas con las que tendrán que sostener el futuro Ejecutivo.

La promoción de Nadia Calviño a vicepresidenta económica es el mejor ejemplo de la distancia ideológica entre los dos líderes. Ella representa la ortodoxia económica y la prudencia fiscal, justo lo contrario que Iglesias, cuyo programa busca una auténtica revolución del sector público para convertirlo en el canalizador de la inversión y la redistribución. Calviño será el contrapeso a Iglesias en el futuro Consejo de Ministros que están negociando las dos formaciones.

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En una de sus últimas entrevistas antes de las elecciones, concedida a la Cadena SER, Iglesias aseguraba que “el modelo de Calviño como vicepresidenta solo es viable con una coalición blanda con el PP. En un acuerdo con nosotros creo que tendría protagonismo otra gente que se sitúa más a la izquierda”. La distancia de Calviño con Podemos es tal que ni siquiera ha participado en las pasadas negociaciones entre las dos formaciones y no tiene contacto con la cúpula económica de Podemos.

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A partir de hoy tendrán que negociar y llegar a acuerdos, pero no será fácil. Los dos programas tienen grandes diferencias en el aspecto económico. Una de las más importantes es la reforma laboral. Sánchez ha afirmado en muchas ocasiones que quiere derogarla, pero también ha defendido mantenerla con algunos retoques. Quien seguro que no ha pedido derogarla es Calviño, pero para Iglesias es una prioridad la derogación total, y no solo la reforma de Mariano Rajoy, sino también la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010.

Sánchez ha intentado cambiar el foco del debate con la propuesta de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad económica del siglo XXI. Sin embargo, Iglesias cuenta con el respaldo de los sindicatos, que ven con buenos ojos la elaboración de un nuevo Estatuto, pero que antes piden la derogación de la normativa actual. “No vamos a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores sin derogar antes las reformas laborales”, exclamó el mismo martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apenas unas horas antes de que se conociera el preacuerdo de Sánchez e Iglesias.

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Otro de los puntos de fricción entre las dos formaciones es la famosa ‘mochila austriaca’ que ha defendido Calviño en España. Podemos la utilizó durante la campaña para acusar al PSOE de proponer el despido gratuito para las empresas. Sin embargo, la mochila austriaca no tiene nada que ver con el despido gratuito y se puede elaborar de modo que aumente la protección a los trabajadores financiada por las empresas.

Podemos ya ha demonizado esta fórmula y será difícil que vaya a aceptarla para la próxima legislatura. Sin embargo, para Calviño era una de las medidas fundamentales de la Agenda del Cambio, que es el programa que se ha marcado el Gobierno para la próxima década.

Toca subir los impuestos

Para elevar el gasto público y la inversión hay que aumentar también los ingresos. Iglesias y Sánchez tienen que acordar una futura subida de impuestos y tampoco este punto será sencillo, ya que Unidas Podemos propone una reforma fiscal en profundidad para empezar a cerrar la brecha de recaudación que tiene España respecto Europa y que supera los cinco puntos del PIB (más de 60.000 millones de euros).

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En el acuerdo para los Presupuestos de 2019 las dos formaciones pactaron una subida de impuestos de poco menos de 5.000 millones de euros, una cuantía insuficiente que apenas corregiría la brecha con Europa. Además, el Gobierno de Sánchez se desmarcó en los últimos meses de la subida del IRPF acordada con Iglesias, que consistía en un aumento de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de más de 300.000 euros y también cuatro puntos más para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros.

Esta subida del IRPF apenas elevaría la recaudación en 320 millones de euros, apenas el 0,025% del PIB. Para lograr un avance significativo que aumente la recaudación y la progresividad del sistema tributario será necesaria una reforma fiscal más ambiciosa que baje también el umbral de tributación para aumentar la base imponible. Pero para el PSOE no tocar a las clases medias es una línea roja.

Unidas Podemos quiere que haya grandes empresas públicas con gestión política en dos sectores estratégicos: banca y energía

La existencia de empresas públicas con las que hacer política también será objeto de discusión entre las dos formaciones. Unidas Podemos quiere que haya grandes empresas públicas con gestión política en dos sectores estratégicos: banca y energía. Esta empresa se encargaría de realizar financiación e inversiones de acuerdo a criterios políticos, por ejemplo, para apoyar la transición ecológica o construir un parque de vivienda pública. Estos planteamientos se alejan completamente de la aproximación que hacen los socialistas que, de hecho, mantienen la intención de privatizar Bankia cuando sea posible. Y, en cualquier caso, mantener su gestión independiente.

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La escalada de precios del alquiler tendrá que ser una de las medidas prioritarias para el próximo Ejecutivo y este ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Iglesias y Sánchez en el pasado. El presidente llegó a decir, en una entrevista en Onda Cero, que “Iglesias me ha propuesto intervenir los precios del alquiler y eso no es realizable”. La formación morada seguirá reclamando una intervención para limitar la subida de precios a la que Sánchez se resiste.

Pero si hay un punto en el que las dos formaciones están distantes, ese es el de la renta básica. El establecimiento de una transferencia garantizada a todas las personas de renta baja supondría un gran aumento del gasto público que también obligaría a una fuerte subida de impuestos. El programa de Podemos contempla su ‘ingreso básico garantizado’, que supone una renta básica para 10 millones de personas que oscilaría entre 600 euros y 1.200 euros al mes en función del número de miembros del hogar. Esta propuesta está en las antípodas del ‘ingreso mínimo vital’ que propone el PSOE y que se limita a una ayuda a las clases más bajas sin ingresos y con menores a cargo.