El auge de Vox da la estocada definitiva al Pacto de Toledo

El Pacto de Toledo es una de las grandes instituciones del país que ha quedado en ruinas después de las batallas partidistas de las los últimos años. La última vez que se revisaron sus recomendaciones fue en 2011. Desde entonces ha sido imposible reconstruir el consenso. Al inicio de 2019 el acuerdo estuvo muy cerca, pero los intereses electoralistas de Unidas Podemos tumbaron todo el trabajo hecho. Ahora, la subida de Vox supone la sentencia de muerte para el Pacto de Toledo.

Por primera vez hay una formación con peso en el parlamento que quiere desmontar el modelo actual. Vox quiere reformular el sistema de reparto actual por el cual los trabajadores pagan las pensiones de los jubilados. Su voluntad es transformar el sistema y pasarlo a uno mixto al tiempo que recorta las cotizaciones e incentiva el ahorro privado. Eso significa que la formación se sitúa en el extremo opuesto a las propuestas que manejan el resto de partidos políticos y que van encaminadas a fortalecer los recursos de la Seguridad Social para que pueda seguir pagando las pensiones con su revalorización correspondiente. De ahí la imposibilidad de esperar un gran acuerdo por unanimidad en la próxima legislatura.

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Vox quiere crear un sistema mixto que sería una mezcla de capitalización y de reparto, como figura en su programa económico. En concreto, la propuesta es que aquellos trabajadores que así lo deseen, pueden acogerse a un sistema de capitalización por el cual, la mayor parte de sus aportaciones a la Seguridad Social se guardarían en un fondo público de pensiones. Esto es, se capitalizarían. El resultado es que estos trabajadores dejarían de cotizar para abonar las pensiones de los ya jubilados y se guardarían en un fondo individual hasta que se jubilen.

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Pero la formación también quiere mantener el sistema de reparto actual de forma voluntaria. Esta fórmula beneficia a las clases bajas, ya que el sistema genera una cierta redistribución de rentas por la existencia de pensiones máximas y mínimas. Esto significa que este sistema de reparto sería atractivo para las rentas bajas pero no para las altas, que optarían por pasar al sistema de capitalización. De ahí que el sistema mixto suponga una Seguridad Social ‘a dos velocidades’ para ricos y pobres.

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El sistema de reparto tendría además dos grandes amenazas. La primera es que perdería los recursos aportados por las rentas altas, lo que imposibilitaría la labor redistributiva. La segunda es que su financiación estaría en serio riesgo porque caerían sus recursos pero no aumentaría su financiación. Durante los años de transición, la Seguridad Social tendría que seguir abonando las pensiones actuales pero no podría utilizar los ingresos de todos aquellos que se pasen al sistema de capitalización.

De esta forma, el déficit actual de 18.000 millones se dispararía y la Seguridad Social necesitaría financiación externa para abonar las pensiones. Las necesidades de liquidez aumentarían de forma paralela a sus ahorros, pero no podría utilizar esa hucha hasta dentro de varias décadas. Esto generaría un desequilibrio de flujo de caja que obligaría a un rescate por parte del Ministerio de Hacienda.

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Pero Vox va mucho más lejos en la división entre rentas para las pensiones. La formación quiere bajar las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supondría otro recorte más de recursos para las maltrechas arcas públicas. Su objetivo es fomentar los planes de pensiones privados, para lo cual quiere elevar los beneficios fiscales para estos productos. Actualmente las desgravaciones en el IRPF se limitan a las aportaciones de hasta 8.000 euros anuales y Vox quiere elevarlo hasta una horquilla entre 20.000 y 47.500 euros.

Esta subida en las desgravaciones supone una ayuda directa a las rentas altas, porque no hay muchas familias que puedan permitirse aportar más de 20.000 euros al año a su plan de pensiones privado. De esta forma se produciría un trasvase de rentas desde la Seguridad Social hacia los fondos de pensiones privados, reduciendo la capacidad redistributiva del Estado y dificultando la financiación de las pensiones públicas. A cambio, Vox propone recortar las nuevas pensiones a través de una ampliación de los años utilizados para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral.

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En su programa electoral, Vox asegura que puede recortar 24.236 millones de euros en gasto político y emplear estos fondos para garantizar el pago de las pensiones. Sin embargo, el déficit actual del sistema es de 18.000 millones y aumentará en los próximos años como consecuencia del envejecimiento poblacional. Además, este agujero aumentaría con la rebaja de cotizaciones propuesta (no está concretada), lo que pondría al sistema nuevamente contra las cuerdas.

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Esta posición de Vox es inédita en el Pacto de Toledo y rompe radicalmente con la voluntad del resto de formaciones políticas. Ningún partido en España pone en duda el actual sistema de reparto y tampoco la necesidad de elevar los recursos de la Seguridad Social para garantizar pensiones dignas.

La reforma integral de Vox está tan lejos de las posiciones defendidas hasta ahora en el Pacto de Toledo que imposibilita cualquier acuerdo. Si hasta la pasada legislatura ya era difícil recuperar un gran pacto de estado en torno a las pensiones, el auge de la extrema derecha lo imposibilita directamente. Eso, o renuncia a sus promesas electorales.

Adiós a los históricos

Al inicio de 2019 los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo alcanzaron un principio de acuerdo que se frustró por el adelanto electoral. Ese borrador iba a ser el punto de partida para las negociaciones a partir de mayo, pero el fracaso en la formación de Gobierno derivó en una repetición electoral.

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Ahora es imposible adivinar si este Congreso será capaz de elegir a un presidente del Gobierno y mantenerlo en el cargo durante una legislatura. Lo que sí está claro es que el Pacto de Toledo ha quedado diezmado tras la doble convocatoria electoral. Algunos de los diputados que remaron a favor del acuerdo se han quedado sin escaño, lo que obligará a un cambio de caras en la Comisión.

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Es el caso, por ejemplo, de Sergio del Campo. El portavoz de Ciudadanos en el Pacto de Toledo ha sufrido en sus carnes la debacle de la formación y ha perdido su escaño por Tarragona. Tampoco ha conseguido escaño el portavoz de Compromís, Ignasi Candela, que fue uno de los impulsores del principio de acuerdo logrado en febrero. Otro de los históricos que ya no tiene escaño es Gerardo Camps, diputado del Partido Popular y exsecretario de Estado de Seguridad Social.

Tampoco volverá a sentarse en el Pacto de Toledo Carles Campuzano, uno de los nombres de CiU con mayor trayectoria en el Congreso y que fue laminado por el auge del independentismo. Quienes sí repiten son las portavoces del PSOE, Mercé Perea, y de Unidas Podemos, Yolanda Díaz.