Más difícil todavía: la mayor fragmentación complica la gestión del frenazo económico

El electorado español ya se ha italianizado del todo. Ahora falta por ver si también sus políticos culminan la metamorfosis y se gesta un acuerdo, 'a priori' impensable, que permita gobernar el país y evitar las quintas elecciones en menos de cinco años. Con los últimos datos de escrutinio disponibles, hay tres cosas claras. Una, Pedro Sánchez (PSOE) es el único capaz de formar Gobierno. Dos, lo tiene más difícil incluso que en abril, cuando ya fracasó en las negociaciones para ser investido. Y tres, los desafíos económicos a los que se enfrenta España no han desaparecido.

Hace apenas dos meses, al PSOE le bastaba un acuerdo con un solo partido (Ciudadanos). Resultó imposible, tanto por el cierre en banda del candidato naranja, Albert Rivera, como por la estrategia de Sánchez de pedir un cheque en blanco a todo lo situado a su derecha (el mismo que él negó a su predecesor, Mariano Rajoy). Pero eso era el escenario pos 28-A. Ahora, en el mundo pos 10-N, el presidente en funciones debe convencer a su partido antagónico -el PP- de concederle una abstención patriótica que él fue incapaz de otorgar, o meter en la ecuación a Podemos, Compromís, Más País y negociar abstenciones en bancadas que son políticamente tóxicas para un presidente del Gobierno: el independentismo catalán y vasco. De salir un Gobierno de ahí, será uno en minoría y sufrirá lo indecible para acometer las reformas profundas que necesita el país.

Tras seis años de expansión económica ininterrumpida, el crecimiento se acerca cada vez más a tasas del 1,5%, en las que a la economía española le cuesta crear empleo; el paro sigue por encima del 14%; el déficit público, en el 2,1%, se mantiene entre los más altos de la UE; la Seguridad Social gasta 16.000 millones de euros más de los que ingresa; la deuda pública, que sube en ascensor pero baja en escalera, sigue rondando el 100% del PIB... A todo ello se une un factor clave: los vientos de cola que han venido apoyando la economía española no solo han amainado sino que algunos —como el contexto económico y geopolítico internacional— soplan en contra.

Los españoles han acudido a las urnas con tres opciones en el menú económico. La del presidente en funciones, Pedro Sánchez: una receta socialdemócrata de subida de impuestos, aumento de gasto y guiños a Podemos tutelados por una supervicepresidenta del Gobierno ortodoxa como Nadia Calviño, que ha podido curtirse estos últimos nueve meses en la labor de frenar las políticas más agresivas del flanco más izquierdo del PSOE (reforma laboral, pensiones, vivienda...). La otra opción es la de inspiración liberal, que envuelve los programas de PP, Ciudadanos y Vox, basada en rebajas fiscales. Con ninguna de ellas le acaban de salir las cuentas a Bruselas. Y la tercera es la que se lleva aplicando desde hace al menos cuatro años: cortoplacismo electoral y oportunista aprovechando el crecimiento del PIB por encima de la media. No tanto por la fragmentación parlamentaria en sí, sino por la incapacidad de los líderes políticos para gestionarla.

Solo cada uno de los 25 millones de ciudadanos que han votado hoy en España sabe lo que tenía en la cabeza cuando ha depositado su voto en las urnas. La crisis en Cataluña, los últimos datos de paro, el hartazgo por el bloqueo político, el cansancio con el bipartidismo, el miedo al auge de Vox, el temor a que Podemos tenga demasiado poder, dar una reprimenda a Albert Rivera… Lo que es seguro es que de esos votos depende la forma con la que España gestionará los próximos desafíos económicos. Estos son los principales.

Política económica

España suma ya más de cinco años consecutivos de estancamiento parlamentario que han provocado un parón absoluto en las reformas económicas. Este escenario difícilmente cambiará en los próximos años, por la fragmentación del Congreso resultante de las elecciones y por las dificultades que introduce el desafío independentista catalán.

La calma que han mostrado los mercados financieros en los últimos meses es el mejor reflejo de cómo los actores económicos solo perciben bloqueo político de España. Ya no hay temor ni esperanza a que alguna de las formaciones pueda impulsar una agenda reformista ‘pro’ o ‘anti’ mercados. Sencillamente, es complicado que haya una agenda reformista.

Mientras tanto, España sigue arrastrando graves problemas por la mala calidad del mercado laboral, la baja productividad, los elevados niveles de desigualdad, el parón de la inversión, el desequilibrio de las pensiones, la elevada deuda pública... Todos ellos son retos muy urgentes que difícilmente tendrán solución como consecuencia de la fragmentación política.

Hasta ahora, la economía española había disfrutado de los vientos de cola de las pasadas reformas y de la recuperación de la economía global, lo que permitía mantener un elevado ritmo de crecimiento a pesar del bloqueo político. Sin embargo, la situación económica es cada día más delicada y España afrontará esta coyuntura maniatada por la fragmentación política. ¿Cómo podrá responder el país a los retos que vendrán en los próximos meses si no es capaz de actuar? El país necesita grandes pactos de Estado para poner en marcha las reformas estructurales pendientes, pero la fragmentación política y la falta de voluntad de acuerdo complican cualquier avance.

Banca

Los bancos españoles llevan tiempo calentando el terreno para una nueva ronda de fusiones, pero nadie se va a mover a la espera de que haya un Gobierno estable en Moncloa. Dentro de las grandes entidades, todos quieren saber qué va a ocurrir con Bankia —incluida la propia entidad nacionalizada— antes de tomar decisiones. El grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri ya mantuvo conversaciones con Sabadell y en el mercado se especula con una posible unión con BBVA o CaixaBank. Mientras, las entidades medianas —antiguas cajas principalmente— quieren sobrevivir en solitario.

Pero los bajos tipos de interés y la desaceleración pueden forzar fusiones sobre las que el Gobierno tendría mucho que decir. De hecho, el próximo Ejecutivo podría tener la llave de lo que ocurra con Ibercaja, si no extendiera su plazo para salir a bolsa más allá de finales de 2020.

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El próximo Ejecutivo tendrá que decidir qué hacer con Bankia, la entidad nacionalizada en la que el Estado todavía controla un 62%, valorado en 3.500 millones. Como todas las entidades, Bankia ha perdido en bolsa más de un 50% de su valor en los últimos dos años, por lo que los expertos desaconsejan una venta total o parcial de la entidad.

Pero el Estado podría impulsar una fusión con otra entidad de igual tamaño o mayor, para intentar que repunte la acción del grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri. Esto funcionaría probablemente como pistoletazo de salida para el resto de movimientos corporativos. En cualquier caso, el sector financiero cruza los dedos para que el PSOE no pacte con Podemos en su camino a la Moncloa, ya que cobrarían fuerza las reclamaciones de Pablo Iglesias de nacionalizar Bankia y de crear impuestos a la banca.

Construcción

Para el sector de las infraestructuras, la formación de Gobierno es casi una imperiosa necesidad. El futuro ministro de Fomento tendrá en su mano el lanzamiento definitivo de importantes planes que estaban a punto de echar a rodar cuando la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy paró de golpe todo.

La privatización de las autopistas quebradas (radiales, AP-36, M-12, Ciralsa y Cartagena-Vera), el plan inmobiliario de Aena, el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) y, sobre todo, el pacto de Estado que desde todos los frentes se está pidiendo ante el vencimiento de los peajes y la necesidad de definir el modelo de pago de las autovías españolas.

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Todo ello, sin olvidar el papel clave que juega la Administración central a la hora de licitar obra pública y que toda la etapa de Pedro Sánchez al frente de la Moncloa se ha gobernado con los Presupuestos prorrogados del Partido Popular de hace dos años, encorsetamiento que no ha permitido elevar la potencia de fuego.

La buena noticia para el sector es que los dos últimos ministros de Fomento, el popular Íñigo de la Serna y el socialista José Luis Ábalos, se han mostrado a favor de dar soluciones y salida a todos estos puntos. La negativa, que todo nuevo Ejecutivo tiene la tentación de dejar su impronta, sobre todo, si necesita de pactos para gobernar. Y eso, en el caso de las infraestructuras, es seguir esperando a que empiece de una vez la obra gubernamental.

Inmobiliario y vivienda

El sector inmobiliario es uno de los más sensibles al resultado de los posibles pactos que, tras el 10-N, se abren para gobernar el país. La política de vivienda es una de las señas de identidad de formaciones como Podemos, guante que de una u otra manera han cogido el resto de formaciones, conscientes de los réditos que genera y del papel crítico que juega el techo en el bienestar de toda sociedad.

Sobre estos mimbres, y a pesar de ser una competencia donde comunidades y ayuntamientos tienen mucho que decir, las diferentes fuerzas han desplegado todo un abanico de promesas, aunque los principales protagonistas son los alquileres y el deseo de poner coto a su espiral alcista de precios; la política de vivienda social, y los planes de ayuda a la emancipación de los jóvenes.

En estas grandes líneas, el sector teme un Ejecutivo en el que Podemos se haga con esta competencia, como ya exigió la formación de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez para investirle presidente en las anteriores elecciones, ya que su prioridad pasa por limitar precios, multiplicar la vivienda social, penalizar las viviendas vacías y acelerar la creación de un parque público.

La forma del otro extremo del hemiciclo, Vox, en cambio, propugna medidas con gran aceptación en el sector, como la liberalización del suelo, la compatibilidad de usos o los incentivos fiscales.

Energía

El futuro ministro de Energía recogerá una cartera llena de desafíos en un escenario complicado: una obligada transición energética en un entorno de ralentización económica.

En el muy corto plazo, es decir, antes de que finalice este año, todo el sector de las energías renovables espera, con la única esperanza de un real decreto, que se clarifique la tasa de rentabilidad para aquellas plantas de generación que gozan de primas estatales y ya vivieron un fuerte recorte en 2013.

La cuestión es de importancia capital para el Estado. Esta regulación no solo afecta a los generadores y los consumidores que pagarán esta retribución en sus facturas, sino que España se juega gran parte de su credibilidad en los mercados internacionales.

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El fuerte recorte a las primas renovables, por el Gobierno de Rajoy ante un déficit del sistema eléctrico desbocado, ha acarreado un aluvión de reclamaciones de inversores internacionales. Los arbitrajes, además, están dando casi siempre la razón a los inversores frente al Reino de España. El Gobierno debe abordar esta cuestión y tratar de frenar la sangría, que por ahora no para de crecer.

También en el corto plazo queda pendiente el estatuto de los consumidores electrointensivos, que permita rebajar la factura eléctrica a la gran industria y hacerla competitiva en los mercados internacionales. Los síntomas de crisis, con constantes cierres y recortes de empleo, están ahí.

Otro de los temas centrales que deberá abordar el Gobierno es el de la fiscalidad medioambiental, uno de los temas más espinosos. España recauda unos cinco puntos por debajo de la media europea en impuestos sobre el medio ambiente, una situación por la que ha sido apercibido de manera recurrente por la Comisión Europea.

En este sentido, los Presupuestos fallidos de Pedro Sánchez recogían un aumento sobre el diésel, una de las medidas más impopulares a nivel electoral. Una subida de impuestos tan visibles en el día a día del ciudadano, y en plena desaceleración económica, amenaza con ser una cuestión extremadamente controvertida y con consecuencias imprevistas desde el punto de vista social.

Otro de los temas cruciales a nivel impositivo será el impuesto del 7% a los generadores de electricidad que se pagan en la factura. Tanto el actual Gobierno como el resto de partidos acordaron suspender este gravamen. Sin embargo, el delicado equilibrio del sistema eléctrico complica esta cuestión, ya que supone renunciar a una fuerte fuente de ingresos vía factura de la luz. Máxime, con la batería de medidas de gasto que ha ido aprobando el Ejecutivo. Además, el cierre acelerado de centrales de carbón limita la recaudación de impuestos por el CO2.

.A nivel empresarial, el Gobierno tiene que abordar la patata caliente del Castor. El Ejecutivo aún no ha decidido la forma de pago por el almacén de gas fallido que construyó ACS y que tienen pendiente de cobro Santander, CaixaBank y Bankia. El Estado tendrá que pagar más de 1.300 millones, ya que nadie ha sido capaz de responsabilizar del proyecto fallido a los constructores. Tanto el Gobierno de Rajoy como el de Sánchez han dejado este difícil asunto en manos de los tribunales y han preferido no abordarlo, dadas las implicaciones empresariales que comporta.

Con el futuro cierre nuclear encauzado, la cuestión ahora será abordar la gestión de los residuos nucleares. Todo apunta a que será necesario un almacén temporal centralizado. Una cuestión que no puede dejar pasar el Gobierno, dado el alto coste tanto económico como climático que todo esto implica.