Gutiérrez (Más País): "En 5 años, el 30% de la población puede tener jornadas de 4 días"

Íñigo Errejón no solo supo aprovechar el hueco político creado por Manuela Carmena en Madrid, también ha sabido localizar y ocupar el puesto de un 'partido verde' en España como el que ya existía en otros países europeos. Su 'cerebro económico' es Eduardo Gutiérrez, diputado de la Asamblea de Madrid y principal ideólogo detrás del programa económico de Más País. La piedra sobre la cual asienta su discurso político es la necesidad de reconducir la política económica hacia la transición ecológica, que permitiría lograr mejoras de productividad al tiempo que se avanza hacia un país más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como social.

Pregunta. Los últimos datos económicos muestran que la desaceleración se está trasladando también al empleo. ¿Hasta qué punto empiezan a ser preocupantes?

Respuesta. Los últimos datos son preocupantes, pero no son indicadores de que vayamos a entrar en una recesión. Hay muchas causas que aumentan la incertidumbre, como el Brexit y la guerra comercial. Algunas de las medidas que nosotros proponemos son precisamente qué hacer frente a esta ralentización. Hay que sostener la demanda interna, el consumo y la inversión. Creemos que hay que hacer un salto en las inversiones públicas con el ‘Green New Deal’ con aportaciones públicas y privadas, del orden de los 25.000 millones de promedio anual para la próxima década. Es necesario dar paso a políticas fiscales de gasto, el propio Mario Draghi [expresidente del BCE] lo ha señalado.

TE PUEDE INTERESAR

Íñigo Errejón: "No hay alternativa al desbloqueo si no es en el sentido progresista"

Iván Gil Vídeo: Ernesto Torrico Fotos: Jorge Álvaro Manzano

P. Y también el FMI.

R. Sí, el FMI precisamente abordó su último Monitor Fiscal sobre la fiscalidad verde y la necesidad de poner sobre la mesa un nuevo salto de la capitalización de las economías occidentales. En el caso de España, además, la inversión pública está desplomada. Hace falta más inversión pública, no solo para mantener la demanda, sino para hacer saltos cualitativos en los modelos de valor añadido.

Hace falta más inversión pública, no solo para mantener la demanda, sino para hacer saltos cualitativos en el valor añadido

P. El FMI no solo recomendaba el impuesto al carbono, sino que también analizaba posibles escenarios para redistribuir esos recursos sobre la sociedad.

R. El FMI llegaba a plantear que el 40% de la recaudación tendría que estar destinada a compensar a aquellos sectores que, por su ubicación en la cadena empresarial o económica, no estén en condiciones de repercutir esos costes o porque tengan unos márgenes muy estrechos. Tenemos que reconducir los ingresos hacia esos grupos, si no puede ocurrir un movimiento como el de los chalecos amarillos de Francia.

P. Una de las propuestas de la fiscalidad verde que más preocupa es precisamente la de subir los impuestos al diésel.

R. Nosotros planteamos equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de las gasolinas y en un horizonte progresivo y muy transparente.

Nosotros planteamos equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de las gasolinas y en un horizonte progresivo y muy transparente

P. Pero las clases más populares van a tener muy difícil poder adaptarse a este nuevo horizonte porque no tengan recursos para invertir.

R. Precisamente para eso proponemos un banco público de transición ecológica que financie esa inversión. Y esa financiación no será solo con deuda, también con subvenciones y ayudas para los grupos sociales más afectados y con menos capacidad de traslación y de reorganización interna.

P. ¿Se han planteado la opción de penalizar fiscalmente a los vehículos más contaminantes?

R. No hemos diseñado desincentivos para flotas muy contaminantes, lo que planteamos es la transición con ‘vaselina financiera’ y subvención. Pero sí que llevamos en el programa un impuesto a las grandes instalaciones contaminantes.

P. ¿Sería nivel industrial?

R. Sí, a la gran industria contaminante. Lo que está claro es que la transición tiene que estar acompañada con ayudas financieras correctamente diseñadas. Esto significa también desactivar la demonización de la deuda pública. La deuda, si es para aumentar el capital y lograr ganancias de productividad, en este caso biofísica, entonces será positiva.

La deuda, si es para aumentar el capital y lograr ganancias de productividad, en este caso biofísica, entonces será positiva

P. Una de las cosas que ha comentado es que la deuda pública no es un problema si se utiliza de forma correcta. ¿Hasta qué nivel es sostenible seguir elevando la deuda?

R. No hay un nivel óptimo ni línea roja, porque eso es una decisión política.

P. Pero tienes que financiarlo, y eso depende de que los mercados te compren la deuda. No es solo una decisión política.

R. Claro, pero si haces un análisis sobre la financiación verde, te encuentras que desde 2014 tiene un ritmo de crecimiento muy alto. Parece que pueden garantizar la financiación.

P. En efecto hay una gran demanda de bonos verdes, pero también hay que seguir refinanciando el resto de la deuda y vas a los mercados con un perfil más endeudado. ¿Con un 100% de deuda sobre PIB queda algo de margen?

R. Yo creo que sí. ¿Por qué el 110% no es sostenible frente al 100% actual?

TE PUEDE INTERESAR

De Quinto: "Hay que bajar las cotizaciones sociales a las empresas en línea con Europa"

Javier G. Jorrín Fotos: Jorge Álvaro Manzano

P. O el 60% que pide la Comisión Europea.

R. Eso es. ¿Quién dice cuál es el nivel adecuado? Además, esta ratio depende de la estimación de las tasas estructurales de crecimiento no aceleradoras de la inflación (Nairu) y estas cifras tienen un grado de subjetividad en la estimación. Si el crecimiento que no acelera la inflación es superior, entonces los umbrales de deuda cambian. Está bien tener una referencia de que la ratio de deuda sobre el PIB no puede crecer vertiginosamente, pero situarlo en el 60% o en el 110% puede estar lleno de interpretaciones.

P. Otra de las propuestas que ha ocupado muchos titulares es la de reducir la jornada laboral a cuatro días. ¿En qué plazos podría cumplirse?

R. Esa propuesta es un mensaje, como política que se pueda concretar legislativamente en un periodo corto es difícil. Lo que hemos querido es lanzar un mensaje a las expectativas de las empresas y los trabajadores de que no tenemos que estar tan obsesionados con las subidas salariales, sino que tendríamos que pensar en reducir la jornada para tener más tiempo disponible. Hay sectores en los que se puede hacer y en otros en los que es más difícil porque no tengan margen de maniobra. Lo que queremos es que en un margen de 4-5 años un 30% de la población pueda tener una jornada de cuatro días o de 30 horas semanales.

P. ¿Pero se haría a través de legislación o se tendría que canalizar a través de la negociación colectiva?

R. Todo a través de la negociación colectiva, pero también podemos estimularlo con alguna modificación normativa. La negociación colectiva también puede incorporar cláusulas de descuelgue para darle flexibilidad. También tiene que estar acompañada de un refuerzo de la inspección laboral.

P. Pasemos al tema de pensiones. Por una parte tenemos a los jubilados ocupando las calles para que se suban los impuestos y las pensiones; por otra a los jóvenes que ya están en una situación precaria como para asumir más impuestos. ¿Cómo se puede responder a las dos reivindicaciones?

R. Lo que ocurre es que el punto desde el que se miran las cosas determina las respuestas. Ese enfrentamiento yo no lo veo; el problema es que los jóvenes sufren una gran precariedad. Para corregir eso hay que forzar a los empresarios a que realicen una continua gestión del talento y un replanteamiento de cómo mejorar la producción. El sector privado es como el agua, va por el agujero más fácil. Si el camino más fácil es precarizar el empleo porque lo permite la legislación, lo va a seguir haciendo.

Si el camino más fácil para el empresario es precarizar el empleo porque lo permite la legislación, lo va a seguir haciendo

P. Eso significa que el sector empresarial es quien debe hacer este esfuerzo.

R. El sector empresarial está muy relajado, hay espacio como para mejorar las condiciones de trabajo de la población y las condiciones empresariales en las que se usa la fuerza de trabajo y la cualificación. Además, eso va a devenir en una mejora del valor añadido.

P. El sistema de pensiones tiene actualmente un déficit del 1,5% del PIB y, según el Banco de España, aumentará en unas décadas hasta el 3,5%. ¿Para cerrar esta brecha habría que elevar el peso del gasto en el PIB o hacerle hueco con recortes?

R. Hay que elevar los ingresos públicos. Lo primero que hay que hacer es analizar qué parte del gasto de la Seguridad Social se destina a otras partidas que no es el pago de pensiones.

P. Pero, en cualquier caso, sería gasto público, lo pague la Seguridad Social o Hacienda.

R. Sí, claro. En términos de gasto, hay que aumentarlo. Pero aquí hay una cuestión importante: si lo paga la Seguridad Social entonces lo paga el factor trabajo, si lo paga Hacienda, entonces aportarían todas las fuentes de renta. Primero hay que aclarar cuentas. Segundo, destopar las cotizaciones. Tercero, mejorar las carreras de cotización de los trabajadores. Y, por último, caminar hacia el nivel de ingresos públicos de la Unión Europea, que hay unos cinco puntos del PIB de diferencia. Si subes dos puntos en unos cuatro o cinco años, significa que tienes 25.000 millones más. Lo que no podemos hacer es reducir el gasto en pensiones.

TE PUEDE INTERESAR

Los jubilados han elevado un 20% su gasto en la crisis y son ya la cohorte que más consume

Javier G. Jorrín

P. ¿Más País propone eliminar las deducciones a aportaciones a planes de pensiones privados?

R. Sí. Nosotros queremos que los planes de empresa tengan estímulos fiscales mejores que cualquier otro instrumento financiero de ahorro, pero en los planes privados, hay que eliminar la desgravación.

Hay que eliminar la desgravación a los planes de pensiones privados

P. ¿Cómo frenamos la escalada de precios del alquiler en las grandes ciudades?

R. Aquí planteamos una batería de intervenciones. Hay que incrementar el parque público de vivienda y abrir la puerta a la cesión de suelo para la promoción privada de vivienda en alquiler de rentas asequibles.

P. También está la opción de los pisos de la Sareb. ¿Se lo han planteado?

R. Sí, claro. El problema es que la distribución de sus propiedades no es homogénea, sino que está concentrada en algunos lugares. Pero queremos dinamizar esos activos, no solo que la empresa espere a que lleguen ofertas de los fondos de inversión. Hay que poner un plan político para que la Sareb no se preocupe por su cuenta de resultados, sino por los objetivos sociales marcados.

P. Pero la Sareb ahora es una empresa privada con capital público.

R. Nosotros queremos que pase a ser una empresa pública para que ponga su vivienda en alquiler asequible. Eso puede liberar renta disponible para la población.

Queremos que la Sareb pase a ser una empresa pública para que ponga su vivienda en alquiler asequible

P. ¿Y qué hacemos hasta que llegue el momento de que el Estado tenga un gran parque público de alquiler?

R. Somos partidarios de regular la cuantía y la subida de los alquileres.

P. ¿Cómo se puede hacer eso?

R. Con ordenanzas fiscales. Por ejemplo, puedes subir la fiscalidad a las viviendas con unos alquileres más altos. Otra opción es imputar una renta estimada en el IRPF o el impuesto sobre sociedades a los propietarios de vivendas en alquiler sobre el valor catastral de su parque inmobiliario. El instrumental se puede buscar, lo que es importante es tener la vocación política y si una medida no funciona, buscaremos otra para lograrlo.

P. ¿Tienen previsto subir el IRPF a las rentas del capital?

R. Sí. A partir de 60.000 euros pasarían de 23% al 27%. De 150.000 a 600.000 euros pasan al 30% y para más de 600.000 suben al 33%. Aún así tendrían un gravamen por debajo de las rentas del trabajo. Si haces una simulación previa, sin deducciones, salen unos 3.200 millones más de recaudación afectando solo al 7% de los declarantes del IRPF, en torno a 1.400.000 personas.

P. En el último año el 30% de los empleos se ha creado en Madrid y el 20% en Cataluña, lo que condena a muchas regiones al despoblamiento. Este es uno de los grandes retos de España, ¿qué soluciones se pueden aplicar?

R. Nosotros tenemos varias propuestas. Una es diseñar transferencias públicas por actividades muy concretas que tienen valor agregado, por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con la protección forestal. Estas actividades generan un retorno para el conjunto de la población en forma de ‘bienestares’, pero que tienen poca contabilidad económica. El sector público tiene que encargar de sostenerlos con transferencias y también con la inversión pública en infraestructuras.

Habría que descentralizar el Estado desde el punto de vista físico y llevarlo fuera de las grandes ciudades

P. Una de las opciones que ha adoptado tradicionalmente la Unión Europea es descentralizar los organismos e instituciones situándolos en otras regiones. ¿POdría copiar España esta solución? Por ejemplo, ¿por qué no un Ministerio de Economía en Oviedo, o una división del Banco de España en Badajoz?

R. Probablemente sí que habría que descentralizar administrativamente el Estado desde el punto de vista físico y llevarlo fuera de las grandes ciudades. Tiene sentido, pero no lo hemos incorporado al programa.