Hacienda logra desvincular la financiación autonómica del ciclo político estatal

La Comunidad de Madrid anunció en septiembre que prorrogaría los presupuestos de 2019 hasta que tuviese certidumbre sobre los recursos de la financiación autonómica que percibirá en 2020. Esta decisión se explica por el bloqueo en la actualización de las entregas a cuenta, que impedía a la región estimar qué recursos tendrá en 2019 y menos en 2020. De esta forma, el bloqueo político a nivel nacional se traducía en una auténtica parálisis en el funcionamiento de las regiones que choca con el principio de descentralización financiera de las regiones.

Al margen de los motivos de la Comunidad de Madrid (esta cuantía es solo un 4,7% de los recursos del sistema de financiación), lo que no tenía sentido es que los recursos de las comunidades autónomas se vieran bloqueados por la crisis política. Es importante señalar que las entregas a cuenta no son un capricho del gobierno de turno que decide repartir más o menos dinero entre las regiones, sino que está determinada su cuantía en la Ley que regula el sistema de financiación. En otras palabras, es un cálculo técnico, no político.

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Durante todo el año el Gobierno se había negado a actualizar las entregas a cuenta. Primero, cuando estaba en plenas funciones, porque argumentaba que no podía hacerlo al margen de los presupuestos. Y después, cuando convocó las elecciones, porque esas atribuciones se excedían a las de un ejecutivo en funciones.

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Ahora, a las puertas de un nuevo ciclo electoral, el Ministerio de Hacienda ha decidido desbloquear las entregas a cuenta amparándose en un argumento que en ningún momento había utilizado: ya no condicionará al próximo gobierno. Con ese razonamiento aprobó el viernes el real decreto-ley que actualiza las entregas a cuenta a las comunidades y los ayuntamientos.

Con esta medida ha sentado ya un precedente que logra separar el bloqueo político de la financiación autonómica. A partir de ahora, la parálisis en la formación de un gobierno no será excusa para no actualizar las entregas a cuenta, eso sí, será necesario esperar hasta el final del año para hacerlo. Pero, aunque sea con retraso, las comunidades saben que recibirán durante el ejercicio los recursos que les corresponden.

"Creo que este decreto ley significa de hecho un fortalecimiento de la autonomía política y financiera de las comunidades", explicó el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En su opinión, marca el "camino para que en el futuro no vuelvan a ser víctimas de un bloqueo político o institucional".

Este real decreto-ley cambia significativamente las reglas del juego, ya que separa la financiación autonómica de la situación del conjunto de la nación. Sin embargo, se trata de un parche que no resuelve íntegramente el problema, de ahí que la ministra vaya a proponer incorporarlo a la ley de la financiación autonómica en su próxima reforma. Lo que no está claro es si su intención es que la financiación autonómica sea automática o si prefiere que se pueda aprobar por decreto para que no sea necesario que haya un gobierno con plenas capacidades.

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Lo que está claro es que este avance sirve para apuntalar la independencia financiera de las regiones respecto del Estado y que está amparada por la ley. Y también impedirá que futuros políticos vuelvan a utilizar la financiación autonómica como arma de presión a la oposición para lograr desbloquear una investidura o unos presupuestos.

Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos meses. Después de convocar las elecciones de abril, el Ejecutivo tuvo casi dos meses para actualizar las entregas estando en plenas funciones, pero no quiso hacerlo. Fueron las semanas de los viernes sociales. Cuando se convocaron las elecciones, el argumento que utilizó Montero fue que "las actualizaciones de las entregas a cuenta no las puede hacer con un gobierno en funciones". De esta forma, presionaba a las comunidades gobernadas por el PP para que intentaran desbloquear la investidura. En apenas unas semanas el Gobierno cambió de opinión y el viernes aprobó la actualización de las entregas aunque sigue en funciones y sin presupuestos.

Los presupuestos de 2020

La ministra de Hacienda también quiso quitar argumentos a todas las comunidades que protestan por la falta de información de cara a la elaboración de las cuentas de 2020, como es el caso de Madrid. Para lograrlo, lo que hizo el viernes fue informar sobre cuál será la liquidación del sistema de financiación de 2018 que se abonará en 2020. Esa liquidación es más relevante que la actualización de las entregas a cuenta, pero las regiones desconocían cuál sería su cuantía.

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Montero anunció el viernes la liquidación exacta de cada región para que pueda elaborar sin problemas sus presupuestos de 2020. En total, percibirán 10.955 millones de euros (incluyendo Ceuta y Melilla), casi 5.000 millones más que en 2019.