El deterioro del PIB deja al nuevo Gobierno sin margen para políticas anticíclicas

Los vientos de cola que han empujado a la economía española durante los últimos años (tipos de interés ultrabajos, petróleo más barato o reducción de la factura del desempleo) no solo han amainado sino que, prácticamente, han desaparecido.

El resultado es que la economía necesita una tracción interna alternativa para seguir creciendo, pero los motores están rotos. O, al menos, seriamente averiados.

La deuda pública no baja de los alrededores del 100% del PIB, el déficit estructural (el que no tiene en cuenta el ciclo) sigue en el entorno del 3% y las reformas económicas (liberalizaciones) para ensanchar el potencial de crecimiento de la economía (que hoy se situaría en el entorno del 1,5%) difícilmente pueden llegar en el corto plazo en un contexto de inestabilidad política.

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Parece improbable, de hecho, que alguna fuerza alcance o, incluso, se acerque a la mayoría absoluta. Al margen de que el impacto de las medidas sobre la economía real, salvo las rebajas fiscales, que tienen coste en términos de recaudación, tardan varios trimestres en llegar a la renta disponible de los hogares. Y, por lo tanto, no son efectivas para acelerar la economía de forma inmediata.

El propio real decreto de disolución de las Cortes fija en el próximo 3 de diciembre la constitución de las nuevas Cámaras, y aunque los partidos pueden comenzar a negociar del próximo Gobierno desde el día siguiente del 10-N, la realidad es que la sesión de investidura, en el mejor de los casos, no se celebraría antes de la segunda semana de diciembre. Y a partir de ahí se tendrían que formar los nuevos equipos, ya muy cerca de las navidades. El techo de gasto (paso previo a la tramitación presupuestaria) no será aprobado antes de enero, y a partir de ahí dos o tres meses para sacar adelante, si hay mayoría suficiente, los Presupuestos Generales del Estado 2020.

Este es el escenario con el que tendrá que lidiar el próximo Gobierno, sin tener en cuenta que el contexto internacional castiga con mayor intensidad, precisamente, a uno de los componentes más dinámicos que han favorecido la recuperación en los últimos años, el sector exterior. Y hay que tener en cuenta que las ventas al extranjero, que representan un 35% del PIB, incluyendo bienes y servicios, están seriamente amenazadas por las guerras comerciales y el Brexit. Hasta el llamado presupuesto del euro, es decir, la financiación adicional anticíclica a países con problemas financieros sin necesidad de ser rescatados, lo que siempre es humillante, tendrá que esperar, como se está viendo en Luxemburgo, donde los ministros de Economía buscan un acuerdo.

Empleo público y privado

Los márgenes para hacer política económica contracíclica, por lo tanto, son algo más que estrechos, teniendo en cuenta, además, que factores como los salarios, que este año han tirado de la demanda nacional, tienden a ralentizarse, tanto en el sector privado —aunque en menor cuantía, por la firma de convenios plurianuales— como en el público.

En concreto, el incremento salarial en las administraciones públicas ha empujado el consumo a lo largo de 2019, pero ese impulso tiende a suavizarse, paradójicamente, porque si el PIB crece menos de lo previsto, la revisión salarial de los empleados públicos se resiente, toda vez que una parte significativa de su actualización está ligada, precisamente, a la marcha de la economía. Es decir, el sueldo de los funcionarios es procíclico, hacia arriba o hacia abajo. Y ahora se han invertido las tornas.

Otro factor que empujó el PIB a lo largo de 2019 fue el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), un 22,3%, pero esa subida, si la hay, será necesariamente menor el año próximo. Incluso si se subiera a 1.000 euros mensuales (900 ahora), aunque el PSOE no lo ha cuantificado en su programa electoral, el incremento sería la mitad que el registrado en 2019.

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La revalorización de las pensiones, igualmente, será menos expansiva que en 2019 en coherencia con el descenso del IPC, justo lo contrario de lo que ha sucedido en este ejercicio, en que las pensiones han subido el doble que la inflación prevista, lo que ha favorecido la renta disponible de los hogares (casi nueve millones de pensionistas).

Demanda embalsada

El ritmo de creación de puestos de trabajo, que es la variable fundamental del crecimiento económico (habida cuenta de que la productividad acumula ya varios trimestres consecutivos en negativo), tampoco ayudará. Al contrario. El empleo, medido por la afiliación a la Seguridad Social, avanzó un 0,4% en el tercer trimestre, y con una tendencia claramente descendente. En todo caso, muy inferior al 0,6% de anteriores trimestres. Y menos puestos de trabajo significan, básicamente, menor aumento de los ingresos de las familias, que tienen en el empleo su principal fuente de renta.

Tampoco la llamada 'demanda embalsada', es decir, el consumo pospuesto durante la crisis por parte de las familias, podrá tirar del carro, toda vez que a medida que la recuperación se fue consolidando, los hogares fueron renovando sus existencias.

Tan solo los estabilizadores automáticos, aquellos gastos vinculados al ciclo, como el desempleo, podrán impulsar la demanda, pero el sector público vuelve a tener restricciones, habida cuenta de la evolución del déficit público. La Unión Europea, como se sabe, ha iniciado un debate sobre la flexibilización de las reglas fiscales, pero su conclusión tardará meses en llegar. Entre otras cosas, y una vez casi agotados los efectos expansivos del Plan Juncker, que ha supuesto unas inversiones de 9.600 millones de euros en España, porque la propia Comisión Europea no se constituirá hasta el 1 de noviembre.

Los estabilizadores automáticos, en todo caso, ya están produciendo ese efecto expansivo, pero con una cara amarga. El número de beneficiarios de prestaciones contributivas está creciendo a un ritmo anual del 7,5%, mientras que el gasto lo hace al 8,7%. Por lo tanto, el gasto público ya está contribuyendo, a través de los estabilizadores automáticos, a equilibrar el ciclo económico.

El único viento de cola que todavía subsiste, aunque perdiendo fuerza, ya que los bancos centrales apenas pueden bajar más los tipos de interés, es el relacionado con el coste de financiación de la deuda, que se sigue reduciendo, aunque de una forma cada vez menos relevante. El coste medio de las emisiones que hace el Tesoro se sitúa actualmente en el 0,37%, a años luz de las tasas superiores al 4% que se pagaban al comienzo de la última crisis. Incluso muy por debajo del 0,6% que se registraba hace un par de año, lo que concede al Estado cierto margen de maniobra para hacer políticas anticíclicas. Pero poco más.