DUDAS ENTRE SUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

El optimismo demográfico pone en riesgo de crisis a las pensiones (y a los jubilados)

El Banco de España insiste en el desafío financiero que hay en pensiones. La solución pasa por recortar gasto, elevar ingresos o esperar un cambio en la tendencia demográfica

Foto: Foto: Corbis.
Foto: Corbis.

"Podemos equivocarnos y que la realidad sea mejor de lo esperado, pero también podemos equivocarnos y que sea aún peor". La cita es de Pablo Hernández de Cos, actual gobernador del Banco de España (BdE), cuando era jefe del servicio de estudios. Y lo dijo en una jornada celebrada en el Congreso, después de varios meses en los que hubo un aluvión de informes que advertían de que en el futuro, o se disparará el gasto en pensiones, o se desplomará el poder adquisitivo de los jubilados.

El BdE ha seguido en la misma línea de advertencias, ahora ya con Óscar Arce como director general de economía y estadística. Esta semana publicó una presentación en la que calcula que, en ausencia de recortes, el gasto en pensiones públicas se disparará desde el 10,8% del PIB en 2018 hasta el 13% en 2030, el 14% en 2035 y el 16% en 2050.

Con esta premisa, la Seguridad Social necesitará ingresos extra. El déficit del sistema ya se situó en el promedio del 1,5% del PIB en los últimos años. La otra alternativa es aplicar las reformas de 2011 y 2013, especialmente la segunda, con el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Esta ecuación sirve para que la actualización de las pensiones dependa de la salud financiera del sistema en vez de la inflación, con un mínimo del 0,25%.

La proyección, si se aplica, es que será este suelo del 0,25% la revalorización anual de las pensiones, lo que implica un recorte en términos reales si hay inflación. Así, la carga de la Seguridad Social disminuiría a futuro a costa del poder adquisitivo de los jubilados si se aplica la reforma de 2013, que aprobó el PP en mayoría absoluta.

Proyección del gasto en pensiones. (Fuente: Banco de España)
Proyección del gasto en pensiones. (Fuente: Banco de España)

En este supuesto, la tasa de sustitución, medida por la pensión media respecto al salario medio, caería desde el 57,7% de 2016 hasta el 37,7% en 2050, según cálculos de Arce. En el mismo periodo, esta ratio descendería de media en la Unión Europea desde el 43,5% hasta el 34,7%.

La tasa de sustitución o de reemplazo también se mide por el cociente entre el último salario cobrado y la pensión. En 2017, informes de la Comisión Europea, de Fedea, de bancos, de gestoras y de la patronal de fondos y planes de pensiones (Inverco), estimaron un descenso con el índice de revalorización desde entornos del 80% hasta una horquilla de entre el 45% y el 55% en tres décadas.

Aunque muchos de estos informes eran desde firmas interesadas en que crezca el ahorro privado, el cálculo actuarial simplemente consistía en una revalorización de las pensiones del 0,25% anual. Para la evolución de los salarios se usaban diferentes supuestos de crecimiento real, de productividad y de inflación.

"La viabilidad social y financiera del sistema público de pensiones requiere reformas de calado", asegura el director general de economía y estadística del BdE, que añade que "previsiblemente, puede requerir ajustes tanto por el lado de los ingresos como de los gastos". El desafío se produce por el envejecimiento demográfico con el incremento de la esperanza de vida y la futura jubilación de la generación del 'baby boom'.

La tasa de dependencia es la ratio entre la población mayor de 64 años y la población activa. En 1980 estaba por debajo del 20%, en el año 2000 alcanzó el 25%, ahora está cerca del 30% y para 2040 las proyecciones apuntan a una horquilla entre el 50% y el 60%. Estos números son los que llevan a los actuarios a dos soluciones posibles: o aumentan los ingresos de la Seguridad Social o disminuye el gasto, recortando las pensiones.

Aun así, se parte de un supuesto difícil de predecir, como es el demográfico. Es fácil intuir que la esperanza de vida continuará aumentando, pero no tanto cuál será la natalidad o la inmigración neta de las próximas décadas, ya que ello responde a cuestiones culturales y socioeconómicas de la sociedad española pero también de otros países. ¿Habrá más inmigrantes o menos que quieran venir a España? ¿Las políticas migratorias serán más o menos restrictivas?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó sus previsiones demográficas en 2017, y fue la base que usaron bancos, gestoras y organismos independientes para alertar del futuro de las pensiones públicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que preside José Luis Escrivá siempre se mantuvo al margen, criticando las proyecciones del INE. El año pasado publicó las suyas, que recogen una llegada de entre 7 y 10 millones de inmigrantes que evitará la caída de la población hasta 2050.

Así, la tasa de dependencia calculada por el INE y por Eurostat, la oficina europea de estadística, alcanzará el 60% entre 2045 y 2050. La AIReF da varios escenarios, que van desde el 50% hasta cerca del 70%. La clave, aun así, es que la llegada de inmigrantes dispara la población en edad de trabajar y reduce la presión sobre el sistema público de pensiones.

En cualquier caso, como aseveró hace dos años Hernández de Cos, las previsiones pueden fallar y ser demasiado pesimistas, como ocurrió en los años 90, o lo contrario y quedarse cortas. El riesgo del primer caso es pasarse de alarmista y provocar un sesgo hacia el ahorro de forma exagerada en los cotizantes actuales. La amenaza en el segundo caso es financiera para el Estado si prima la suficiencia, o de pobreza para muchos jubilados si es a costa del poder adquisitivo de las pensiones, que es la dirección que se estaba tomando con la reforma de 2013 hasta que se ha recuperado el IPC para revalorizar las pensiones.

Sea como fuere, desde 2017 las pensiones se están actualizando con la inflación de forma discrecional, decidida por los Gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez. El Pacto de Toledo debería haber alcanzado un acuerdo de reforma, pero todavía no ha sido así, y tendrá que esperar ante las cuartas elecciones generales en cuatro años.

El BdE pide que la reforma tenga en cuenta las preferencias sociales sobre el grado de suficiencia (generosidad del sistema) y cuente con mecanismos automáticos que garanticen el equilibrio financiero del sistema. También aboga por información clara y detallada para planificar con suficiente anticipación el periodo de jubilación.

La Ley de reforma de 2011 incluye la obligación de informar a los contribuyentes, pero lo único que ha hecho la Seguridad Social hasta ahora es una herramienta que ofrece estimaciones de la futura pensión sin tener en cuenta la inflación esperada o los topes máximos. Es decir, a un mileurista de 40 años puede estimarle una pensión de 3.000 euros.

Economía

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
16 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios