España impugna todas las oposiciones europeas que discriminan el español

El Gobierno español tiene una política de protección de la lengua nacional en las instituciones europeas que lleva a impugnar todas las convocatorias europeas de empleo que discriminan al español. Analiza caso a caso y, cuando nota que se arrincona el castellano, pulsa los botones necesarios para evitar la normalización. Tal y como aparece reflejado en los recursos presentados ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el último el 9 de agosto, el objetivo del Gobierno es que todas esas convocatorias queden anuladas.

Ya en marzo pasado, el TJUE le dio la razón al anular una convocatoria de selección de personal publicada en 2016 para el Parlamento Europeo en la que se solicitaba el conocimiento profundo de una lengua de las 24 oficiales en la UE, y un conocimiento suficiente de una segunda lengua, inglés, francés o alemán. España reclamó que, en este caso, la inclusión del alemán era selectivo y arrinconaba al español. La corte de Luxemburgo validó la tesis del Ejecutivo.

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Caso a caso, España estudia en qué ocasiones se produce una discriminación hacia el español. No siempre se impugna, incluso cuando hay una lengua como el alemán o el italiano pero no está el español, porque, como señala el TJUE, hay ocasiones en las que están objetiva y razonablemente justificadas por necesidades concretas de las personas seleccionadas.

El 9 de agosto, España presentó un recurso contra una convocatoria con fecha límite el 9 de julio sobre derecho de competencia, financiero, de la Unión Económica y Monetaria, normas financieras aplicables al presupuesto de la UE, y protección de las monedas de euro contra la falsificación. Las lenguas en las que la Comisión pide un conocimiento satisfactorio, además de la lengua materna, son el alemán, el francés, el inglés o el italiano. "Si bien el conocimiento de otras lenguas puede constituir una ventaja, los servicios de la Comisión en cuestión emplean un número limitado de lenguas para el trabajo analítico, la comunicación interna y la redacción de decisiones, informes y otros documentos", reza la convocatoria. La reclamación española señala que "la elección del inglés, del francés, del alemán y del italiano constituye una elección arbitraria que da lugar a una discriminación por razón de lengua".

Un pulso histórico

El camino de este pulso ha sido largo. En 2005 la Comisión Europea trata de presentar un sistema trilingüe de "lenguas de procedimiento", limitadas al francés, el inglés y el alemán, sin una base jurídica real. El Gobierno español, junto con otros Ejecutivos, reacciona de forma agresiva y Bruselas da marcha atrás, añadiendo como lenguas de trabajo el español, el neerlandés, el polaco y el italiano. Pero incluso así, Bruselas mantiene las llamadas "lenguas de procedimiento" de forma informal como prioritarias en cuanto a recursos (como, por ejemplo, el número de traductores).

Es ahí cuando el Gobierno español decide poner en marcha un programa de defensa del español en las instituciones europeas, que es la base de que ahora el Ejecutivo impugne las convocatorias que discriminan al español.

Poco después llegó una reducción del 33% de traductores españoles en la Comisión Europea, dejando en 67 el número de castellanohablantes. La situación era extraña: por ejemplo, tras el recorte, quedaban 60 malteses, siete personas de diferencia para dos lenguas con dimensiones radicalmente distintas. El Partido Popular propuso entonces, en diciembre de 2005, una "Proposición no de Ley relativa a la defensa y el reconocimiento del Español en la Unión Europea", pero no tuvo más recorrido.

Pero la defensa no se limita a los procesos de selección. Si hay una reunión ministerial en la que hay traducción en italiano pero no en español, la representación permanente de España ante la UE es la encargada solicitar que se corrija la situación: según fuentes diplomáticas nunca hay problemas y la reunión se readapta para no esquinar al castellano.

Roma y Madrid defienden que la competitividad y la innovación no pueden basarse en la discriminación lingüística

El historial es largo. En 2010, mientras España ostentaba la presidencia rotatoria de la UE, se debate la posibilidad de que, con una sola petición ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), esta se vea reconocida en toda la UE, sin necesidad de realizarla en cada uno de los países de la Unión. Como la OEP se encontraba en Múnich, hay un intento de que estos procedimientos se realicen en unas de las tres lenguas de procedimiento. España e Italia se niegan.

Roma y Madrid defienden que la competitividad y la innovación no pueden basarse en la discriminación lingüística. Pero entonces, en 2009 (el año anterior), el 41,2% de las patentes fueron otorgadas a firmas alemanas, el 14,6% a franceses, y solo el 1,26% a españolas. España bloqueó y el resto de países siguieron adelante sin el Gobierno, que reclamó a la justicia europea. La sentencia fue dura contra el Ejecutivo: se había autoexcluido con una actitud inflexible y bloqueadora. El caso de la OEP es una de las pocas ocasiones en las que España ha perdido un pulso real con las instituciones europeas.

La representación permanente ante la UE continúa alerta, con el último ejemplo en la reclamación del 9 de agosto, pero con muchos otros momentos, menos a la vista, en los que la REPER está atenta a cualquier detalle, evitando que el español vaya perdiendo, palmo a palmo, espacio en los pasillos de Europa.