La factura de la luz subirá en 11 CCAA por una tasa no aplicada en 2013

Los consumidores de once comunidades autónomas - Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra- verán encarecida su factura de la luz a partir de septiembre al tener que hacer frente al pago de un suplemento territorial en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica que se tendrían que haber aplicado en 2013.

Según la orden ministerial publicada en marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las distribuidoras iniciarán las regularizaciones en la primera factura que emitan a cada suministro una vez transcurridos seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta orden.

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Las cantidades correspondientes a estas regularizaciones que tendrán que ser abonadas por los consumidores se aplicadas en un solo pago incluido en la primera factura, siempre que el importe total de la regularización para dicho usuario sea inferior o igual a dos euros, sin incluir impuestos.

En caso de que el importe total de la regularización supere los dos euros, sin incluir impuestos, el mismo será fraccionado en partes iguales superiores a un euro por las empresas distribuidoras en las facturas que se emitan en el plazo máximo de doce meses a partir de la primera regularización.

Los valores de los suplementos territoriales serán aplicados en las facturaciones a cada uno de los titulares de los puntos de suministro de energía eléctrica ubicados en las citadas comunidades que contasen con contratos en vigor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Para el cálculo de las cantidades a abonar se aplicarán dichos suplementos a los consumos de energía activa y a la potencia a facturar que correspondan a los períodos de facturación definidos. La estimación de las cantidades (y en su caso el fraccionamiento) corresponderá a la empresa distribuidora a cuyas redes se encuentren conectados los puntos de suministro.

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Esta orden ministerial zanja una cuestión que empezó en 2012 cuando se estableció como obligatorio el cobro de estos suplementos territoriales a la actividad eléctrica que en un primer momento se declararon de caracter potestativa y que habrían de ser abonados por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma.