Bruselas se lava las manos con el fraude de los seguros británicos y se lo pasa a España

Nadie se atreve a meter mano a las aseguradoras británicas que 'revenden' asistencia sanitaria a los turistas a través de pólizas engañosas. Han pasado dos años desde que la patronal española de hospitales privados (ASPE) envió su primera carta a Bruselas para destapar este fraude, pero no surtió efecto. La Comisión Europea archivó el caso por falta de pruebas y lo remitió a las autoridades nacionales.

"En su denuncia no hay pruebas suficientes de la participación de autoridades públicas ni de su pasividad respecto a las supuestas infracciones del derecho de la UE por parte de las compañías de seguros", zanja la Comisión Europea en una carta a la que ha tenido acceso este periódico. En efecto, el engaño se refiere a 15 empresas británicas que, supuestamente, estarían aprovechando las coberturas de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) para ahorrarse el pago de los servicios de hospitales privados, pese a que sus clientes pagaron por una póliza privada de cara a su viaje a España.

La sanidad privada se ve obligada a derivar a los pacientes ingleses a los hospitales públicos cuando comprueba que han sido engañados por la aseguradora. En consecuencia, la Sanidad Pública atiende a los turistas pero repercute la factura a los hospitales privados -y no a Reino Unido o a las aseguradoras británicas-, o así lo declara ASPE. No obstante, la Comisión Europea pasa la patata caliente al Gobierno español, quien a su vez echa balones fuera cuando es preguntado por este tema.

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Marina Valero

"Los Estados miembros son los principales responsables de aplicar y ejecutar correctamente las normas comunitarias. Nuestra responsabilidad es monitorizar dicha ejecución y garantizar que las legislaciones o prácticas nacionales se ajustan al Derecho de la UE", aclara Bruselas en la misiva. Fuentes oficiales de la Comisión Europea reiteran a El Confidencial que este presunto fraude masivo "debe ser tratado por las autoridades nacionales competentes", en referencia a España y Reino Unido.

¿Y qué dicen las autoridades nacionales? No saben, no contestan. Para empezar, fuentes del Ministerio de Sanidad nos remiten a las 17 comunidades autónomas al ser "las que más sufren esas situaciones tan específicas", y recuerdan que el propio Reino Unido ya está al corriente del problema. Según el departamento capitaneado por María Luisa Carcedo, las competencias para investigar el engaño en España no son suyas sino de Asuntos Exteriores y/o Empleo, al ser de quien depende la Tarjeta Sanitaria Europea.

Pero fuentes del Ministerio de Trabajo matizan que la TSE pasó a manos de Sanidad hace tiempo. "Nosotros somos simples emisores de las tarjetas, con las que cualquier ciudadano europeo tiene derecho a ser atendido en los hospitales públicos de España", indican desde la cartera de Magdalena Valerio. Quizá por eso, un representante de Trabajo asistió a la reunión celebrada a el 5 de septiembre junto a Sanidad, Exteriores, Abogacía del Estado y la patronal de la sanidad privada para abordar este asunto.

Exteriores avisa a Reino Unido

El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene prevista una reunión con la embajada británica para aportar todos los detalles recabados hasta el momento. El departamento dirigido por Josep Borrell se compromete a dar "estrecho seguimiento" al caso, si bien precisa que las reclamaciones deben ir dirigidas a las autoridades de Reino Unido. "Los principales afectados son los ciudadanos británicos", argumenta tras pasar por alto los efectos en los hospitales privados españoles y la Sanidad Pública -ya de por sí colapsada-.

Los trámites para presentar una denuncia formal ante la Comisión Europea son competencia de los hospitales privados que detectaron el fraude, esclarece el Gobierno. Por ello, ASPE ya anunció el pasado martes que acudirá al departamento de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género para que proteja a los usuarios que contraten "seguros de viajes fraudulentos que cobran por un servicio que se ofrece de forma gratuita a través de la TSE".

La patronal también se ha reunido con representantes de las principales comunidades receptoras de turismo británico (Canarias, Andalucía, Murcia y Valencia) y ha elevado al caso a la FCA británica (Financial Conduct Authority), que inició una investigación en noviembre sin resultados concluyentes hasta ahora. Además, ASPE ha llegado a un acuerdo para elaborar un cuestionario de reclamación que se entregará a los turistas afectados en los hospitales privados para dejar constancia del engaño.

Las aseguradoras británicas en el foco son Travel Insurance 4 Medical, Insure For, Ok to Travel, Insure Pink, Staysure, Suretravel Citybond, Covered 2 Go, Good to Go, All Clear Traveler, Alpha Travel, ERV Medi-Care, Leisurecare Multi-traveller X5, World First Traveller y Get Going Travel Insurance, todas ellas reportadas a la FCA y dirigidas a turistas de avanzada edad que, en muchos casos, deben pagar un plus por sus patologías previas. La supuesta estafa afecta a unos 800 británicos al día, con un coste medio de intervención de unos 4.000 euros en cada caso.