Los hospitales privados llevarán a Bruselas el fraude de las aseguradoras británicas

La patronal de la sanidad privada española (ASPE) ha tenido su primera audiencia con el Gobierno para abordar el engaño de las aseguradoras que 'revenden' asistencia sanitaria a los turistas en nuestro país. Según este colectivo, hasta 15 empresas británicas estarían aprovechando las coberturas de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) para ahorrarse el pago de los servicios de hospitales privados, dando gato por liebre a los clientes que pagaron por una póliza de salud de cara a su viaje al extranjero.

En la práctica, la sanidad privada española se ve obligada a derivar a los turistas ingleses a la Sanidad Pública cuando comprueba que su póliza de seguros es fruto de un engaño. En consecuencia, los hospitales públicos se hacen cargo de los pacientes ingleses pero a menudo repercuten la factura a los hospitales privados españoles. Por eso, ASPE ha anunciado este martes que va a presentar una denuncia ante la Comisión Europea.

En concreto, acudirá al departamento de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género con la confianza de que la normativa comunitaria protege a los consumidores que contraten "seguros de viajes fraudulentos que cobran por un servicio que se ofrece de forma gratuita a través de la Tarjeta Sanitaria Europea". No es la primera vez que la Alianza de la Sanidad Privada Española se pone en contacto con Bruselas para advertir de lo que está sucediendo. Ya hizo lo propio con la FCA británica (Financial Conduct Authority), que ha puesto en marcha una investigación.

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No obstante, la Comisión Europea explica a este periódico que no ha recibido ninguna queja de hospitales españoles o ciudadanos británicos al respecto, algo que no concuerda con las pruebas documentales aportadas por la patronal de la sanidad privada. En cualquier caso, Bruselas deja claro que la investigación de este hipotético fraude es competencia de las autoridades nacionales (Reino Unido y España).

La paradoja es que en la reunión entre ASPE, la Abogacía del Estado y los ministerios de Asuntos Exteriores, Sanidad y Trabajo se habló de la conveniencia de elevar el caso a la Comisión Europea, algo que la sanidad privada va a hacer de manera inminente. Entre tanto, el Ministerio de Sanidad pasa la pelota a las comunidades autónomas, que a su vez exigen a los denunciantes un desglose específico de cada caso antes de ponerse a investigar. El departamento capitaneado por María Luisa Carcedo aclara que los temas relacionados con la TSE son competencia de Empleo.

La patronal, que no entiende por qué los hospitales públicos no mandan la factura a Reino Unido o a las empresas británicas que incurren en fraude, ya se ha reunido con representantes de las principales receptoras de turismo británico (Canarias, Andalucía, Murcia y Valencia).

El impacto del fraude

Las aseguradoras que supuestamente se están aprovechando de las coberturas ofrecidas por la sanidad pública son Travel Insurance 4 Medical, Insure For, Ok to Travel, Insure Pink, Staysure, Suretravel Citybond, Covered 2 Go, Good to Go, All Clear Traveler, Alpha Travel, ERV Medi-Care, Leisurecare Multi-traveller X5, World First Traveller y Get Going Travel Insurance, todas ellas reportadas a la FCA.

Su público objetivo son clientes de entre 60 y 80 años, con patologías previas por las que deben pagar un 'plus de preexistencia de enfermedades'. Las pólizas engañosas cuestan entre 30 y 120 libras -complementos aparte- y han dejado víctimas como Martin Blake, un británico de 72 años que pasaba sus vacaciones en Lanzarote y murió por un ataque al corazón. Como desveló el diario británico 'The Times', la familia de Blake llegó a desembolsar 22.000 libras para traerlo de vuelta a casa en un avión ambulancia ante la inacción de la aseguradora, pero llegó tarde.

ASPE cifra el impacto del fraude masivo en 100 millones de euros para la sanidad privada y un importe desconocido para la pública, que ya de por sí está colapsada. Según sus cálculos, las prácticas abusivas afectan hasta a cuatro pacientes al día en cada uno de los 200 hospitales privados, con especial incidencia en las zonas más turísticas. El coste medio de intervención asciende a 4.000 euros por cada caso.